La gestión económica de Javier Milei ha profundizado el desmantelamiento de áreas estatales sensibles, con consecuencias que volvieron a quedar expuestas de forma dramática en medio de la crisis ambiental provocado por el fuego desatado en la provincia de Chubut. Uno de los ejes más cuestionados es el drástico achicamiento presupuestario aplicado al organismo responsable de prevenir y combatir los incendios forestales, según análisis de especialistas en política económica.
Desde el Centro de Economía Política Argentina, la politóloga Julia Strada reveló que, tras un recorte del 81% en la ejecución real durante 2024, la asignación para el servicio contra incendios se mantendría un 70% por debajo de los niveles de 2023 hasta 2026. Este desfinanciamiento estructural se agrava con una sistemática subejecución de las partidas aprobadas, que apenas superó el 48% este año.
Estas cifras adquieren una dimensión alarmante ante la emergencia que vive gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas para dieciséis provincias, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, donde las condiciones son críticas para la propagación de incendios forestales recurrentes.
Fuego incontrolable en Chubut
En la Patagonia, particularmente en Chubut, las llamas han obligado a cortes intermitentes de la Ruta 40 y forzado evacuaciones preventivas, como ocurrió en la zona de La Angostura. Aunque la circulación fue restablecida, las autoridades advierten sobre la extrema precaución necesaria debido a la densa capa de humo y la presencia constante de brigadistas y equipos de emergencia.
Más de doscientos brigadistas, con apoyo aéreo y de diversas fuerzas, trabajan sin tregua en la cordillera chubutense bajo la coordinación del Comando Unificado. Sin embargo, la magnitud de los focos activos pone en evidencia la desproporción entre los esfuerzos operativos y el estrangulamiento financiero de base que sufre el sistema.
Esta crisis expone el costo humano y ambiental del plan de ajuste, que prioriza la contracción del Estado incluso en sectores donde la presencia pública es insustituible para proteger vidas y ecosistemas. La falta de recursos anticipa un escenario de vulnerabilidad creciente frente a desastres que, lejos de ser imprevisibles, son agravados por decisiones políticas de desinversión.
