Atrapado en su laberinto, el gobernador chubutene Ignacio Torres tiene por delante los dos últimos años de su mandato, que estarán caracterizados por la profundización de la crisis y el aumento de las demandas sociales y de las protestas populares por la insatisfacción, justamente, de aquellas demandas.
A la crisis pesquera, el desempleo en el sector petrolero por la imposibilidad de estabilizarlo tras la huida de YPF del golfo San Jorge, las dificultades para consolidar los proyectos de megaminería contaminante en la meseta central, se le suma ahora un quebranto económico monumental en el noroeste como consecuencia de los incendios forestales en la Cordillera.
En muchos de estos elementos anida el origen de la derrota electoral que su alianza neoliberal Despierta Chubut sufrió en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando fue relegado al tercer lugar detrás del peronismo y de los libertarios.
Personalmente Torres había encabezado la campaña electoral fallida, del mismo modo que lo hace con el gobierno que agravó desde su llegada la crisis de la pesquería, que no logró retener a YPF ni impedir el despido de entre 3600 petroleros chubutenses del golfo de San Jorge. Tampoco pudo concretar los cientos de empleos prometidos por la megaminería y amenaza con la represión a todas las organizaciones ambientales que van contra esos proyectos contaminantes.
Frente a esa masa crítica de problemas irresueltos o agravados, se advierte ahora que el incendio iniciado el 5 de enero en el acceso al balneario de Puerto Patriada, en El Hoyo, dejó al desnudo que su discurso punitivista antimapuche enarbolado en los anteriores incendios en realidad intentaban ocultar la desidia y la falta de prevención. Esto pese a contar con fondos y programas que hubieran menguado la magnitud y el daño de la tragedia.
Tiempo Argentino reveló que Torres tenía a su disposición, desde marzo de 2024, más de 600 mil dólares provenientes de organismos internacionales listos para aplicar a la prevención de incendios forestales en Epuyén y Puerto Patriada, el lugar donde estalló el infierno que ahora avanza sobre Cholila. Bloqueó los recursos propios, pero también los 600 mil dólares que debió recibir cada provincia patagónica por el mismo programa internacional bajo su responsabilidad política.
Este medio también descubrió que desde agosto de 2025 el gobernador mantiene inactivos 540 millones de pesos de los fondos nacionales de la Ley de Bosques. Estaban destinados a la protección de bosques nativosy tampoco los utilizó hasta ahora.
Torres fue firmante voluntario del llamado “Pacto de Mayo”, fundamento del proyecto oficial para derogar la Ley de Tierras y la Ley de Bosques. La primera limita la venta de tierras a extranjeros, mientras la segunda impide modificar el uso del suelo tras un incendio forestal. También, sus legisladores aprobaron el Presupuesto nacional 2026, que redujo hasta casi la extinción los fondos para el manejo del fuego, la protección a bosques nativos y el sostén de políticas ambientales.
El gobernador transita por los pasillos de un laberinto que ha construido por sí mismo y que, por sus propias acciones o inacciones, tiene cada día las paredes más altas. «
