La crisis económica, los salarios congelados y la precarización laboral en la docencia porteña relegaron algunas de las demandas que durante años estuvieron presentes en la agenda de reclamos.
Una de ellas fue el rechazo contundente a la instalación del polémico sistema biométrico de asistencia docente en todas las escuelas porteñas y, finalmente, el macrismo logró imponer su postura en el inicio del ciclo lectivo 2026.
Se trata de una herramienta que exige a los maestros registrar su ingreso y egreso mediante huella digital. Según explicaron desde el Ejecutivo porteño, la medida apunta a consolidar “un sistema ágil, transparente y unificado”.
Los argumentos que rechazan el sistema de presentismo
Los gremios docentes consideran que estos dispositivos son un nuevo sistema de control y otro intento de persecución y disciplinamiento hacia los trabajadores de la educación; al mismo tiempo, que atribuyen la instalación de estos dispositivos a «un nuevo negociado» entre CABA y empresas privadas.
Esta medida se suma a la instalación de cámaras de seguridad dentro de algunas escuelas porteñas, que registran todo el movimiento de docentes, estudiantes y equipos de conducción.
En julio de 2025, la Unión de Trabajadores de la Educación advirtió que el Gobierno intentaba duplicar intempestivamente la cantidad de escuelas para la implementación del sistema de huella digital”.
Mediante un comunicado, el gremio docente mayoritario de CABA informó que el 10 de julio del año pasado “el GCBA mandó a instalar dispositivos de registro a través de huella digital, como nuevo sistema de control de asistencia de forma intempestiva y sin aviso previo en escuelas que no estaban previstas en la prueba piloto. Esta decisión sorpresiva en edificios escolares, sin ninguna información oficial, no solo es una desprolijidad, sino que además genera malestar en toda la comunidad educativa”.
En el documento, la UTE señala que el gremio “se hizo presente en las instituciones para frenar la instalación en las escuelas donde no había ningún tipo de normativa oficial que respalde la prueba piloto lanzada hace menos de un mes, aún no pudo ser evaluada por ninguna instancia por lo que nos resulta “kamikaze” la duplicación de la misma”.
Por su parte, la asociación docente ADEMYS, en septiembre pasado, denunció que el GCBA profundiza el maltrato a las condiciones laborales de la docencia”, al querer “imponer la huella dactilar para acreditar el presentismo docente, siendo esto un grave intento de persecución y disciplinamiento hacia la docencia.»
El comunicado advierte: «Este avance implica un nuevo negociado del Gobierno de PRO, que pretende concretar contrataciones millonarias de manera irregular para la adquisición de este servicio, que sólo será usada para amedrentar a la docencia. Destinan dinero para empresas amigas, mientras le ponen un cepo al salario docente que pierde día a día frente al avance del alza en los precios”.
¿Quién maneja los datos privados de docentes?
La base de datos está a cargo de la Dirección General de Planificación y Control Operativo, área dependiente de la Subsecretaría. Según la resolución N.° 25/SECRH/11, toda la información que se almacena debe estar protegida mediante un sistema de encriptación que cumpla con estándares internacionales de seguridad.
Tras un pedido de acceso a la información pública solicitado por la Fundación Éforo para su portal ElAuditor, el Ministerio de Educación porteño aseguró: “Esto busca garantizar que los datos no puedan ser alterados ni accedidos de forma indebida. Además, el sistema debe contar con una auditoría interna que registre todas las operaciones realizadas y establezca responsables directos del control de esa información”, señala el documento.
En otro apartado del documento, la subsecretaria recuerda que “el registro y la administración de datos biométricos responde a la Ley 1845 de Protección de Datos Personales. Deben estar guardados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires y hay que asegurar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa.
Es decir, las personas deben ser informadas claramente sobre el uso de sus datos biométricos, dar su consentimiento para ese uso y tener la posibilidad de acceder, corregir o solicitar la eliminación de esos datos si lo desean.
