El código de la desigualdad: cuando el urbanismo decide quién tiene derecho a envejecer

¿Cuánto influye el lugar donde vivimos al momento de ir a buscar trabajo? ¿Es lo mismo habitar una villa miseria que un barrio lujoso en la Capital Federal? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo intelectual si desde temprana edad no se accede a agua potable y aire fresco? La desigualdad territorial atraviesa todas las dimensiones de la vida, y Argentina no es la excepción. Según ONU-Hábitat, unas 2.800 millones de personas en todo el planeta viven en condiciones de vivienda inadecuada, una crisis que afecta al 37,4% de la población mundial.

El domingo 23 de mayo Juan Manuel Erazo destacaba en Tiempo Argentino el informe del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR), que sentencia que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de déficit habitacional (48%). En los barrios populares, esa cifra sube a un alarmante 96,93%. 

Esta condición estructural de la ciudad y estructurante de nuestras vidas afecta a todas las personas que viven en esa situación. Sin embargo, es aún más grave cuando se piensa en los efectos del paso del tiempo. Es una desigualdad que no es solo una cifra sobre techos y paredes: tiene una traducción biológica. Un estudio del proyecto Salud Urbana en América Latina (SALURBAL) publicado en The Lancet Planetary Health documentó, para el período 2011-2015, que en Buenos Aires -como en otras grandes ciudades latinoamericanas- la expectativa de vida varía de forma significativa y sistemática según el barrio donde se nace. La pirámide poblacional de los territorios más pobres tiene la forma de otra época: una base ancha de niños y jóvenes, una cúspide casi inexistente de adultos mayores. No porque la gente emigre, sino porque no llega.

Por ejemplo, un varón que nace en la Comuna 14 -Palermo- puede esperar vivir más de 75 años; uno que nace en la Comuna 8 -Villa Lugano, Soldati, Villa Riachuelo- llega, en promedio, a los 70. Cinco años de diferencia en la misma ciudad. Entre las mujeres la distancia se amplía: 84 años en el norte, 79 en el sur.

El mapa que condena

Dentro de la ciudad de Buenos Aires, la muerte no se distribuye de manera uniforme. Otro estudio publicado en Journal of Urban Health en 2023 (que retoma el citado trabajo de The Lancet para analizar más específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) marca que la diferencia en la expectativa de vida entre personas que viven en áreas de mayor y menor nivel socioeconómico alcanza una brecha de hasta 14,9 años, revelando un patrón geográfico que, como se verá, no es casual.

En la Capital Federal conviven, por un lado, 200 mil viviendas vacías (con una especulación que tiene fuerte incidencia en precios de alquileres y de compraventa) mientras hubo un aumento del 28% de personas viviendo en situación de calle. En algunos barrios el metro cuadrado supera los 3.000 dólares al mismo tiempo que el 40% de los hogares son inquilinos y casi 300 mil personas viven en villas. Datos que hablan de la desigualdad pero que si se hace un doble click mantienen la sintonía del impacto en los territorios. Las viviendas caras (y muchas veces deshabitadas) están en Puerto Madero, Palermo, Nuñez, Belgrano o Recoleta, mientras que, como se advirtió, las viviendas con mayor déficit habitacional están Villa Lugano, Bajo Flores, Pompeya o Barracas, por citar algunos ejemplos.

En un artículo anterior, se destacaba que la ciudad creció un 12% mientras la media nacional fue del 27%. Un distrito cada vez más caro, que expulsa a sus habitantes hacia la periferia dentro de la ciudad o hacia otras localidades donde la expectativa de vida se reduce fuertemente. 

David Harvey, un destacado geógrafo que estudia estos fenómenos, afirma que este mecanismo se denomina acumulación por desposesión. Los sectores con mayores capacidades económicas van tomando posición en territorios que antes le eran ajenos, acompañado por un marco normativo que los ampara y un Estado que, como si todo lo anterior fuera poco, frena la obra pública y desfinancia organismos que intervienen en los territorios más vulnerables, en una clara sintonía entre el ejecutivo porteño de Macri y el nacional de Milei.

El resultado es, básicamente, que aquellas personas que nacen en los barrios más pobres de la ciudad van a morir antes que aquellos que nacen y viven en las zonas más ricas.

La cadena que llega al cuerpo

La desigualdad urbana no mata de golpe sino que es un proceso de desgaste continuo. El sociólogo Robert Castel tenía un nombre para ese proceso: desafiliación. La pérdida acumulada de vínculos -con el trabajo estable, con la vivienda digna, con las instituciones- que va dejando a las personas en una vulnerabilidad creciente, sin un origen único sino con una cadena. 

El informe del CISUR permite recorrer esa cadena eslabón por eslabón, y el primer dato ya sorprende: el 78,59% de los hogares en barrios populares presenta déficit cualitativo, es decir, tienen vivienda pero requiere de mejoras. Más de 8 de cada 10 hogares acceden al agua de forma inadecuada, 7 de cada 10 no tienen cloacas. Casi la mitad -el 47,96%- acumula varias carencias al mismo tiempo: paredes que no aíslan, agua contaminada, hacinamiento. El déficit compuesto es 17 veces más frecuente en barrios populares que en el promedio nacional. 

El combo para este sector social es peligroso: trabajo precario, alquileres inalcanzables, hacinamiento, enfermedades. No son problemas separados sino que forman parte de un círculo perverso.

El entorno en que se desarrolla la vida es fundamental. Importa y mucho dónde se vive, de qué manera la población se alimenta, las condiciones de acceso a salud y educación, y cómo esos elementos influyen, a su vez, en la forma de socialización. Es decir, más allá del esfuerzo o los méritos que se hagan para vivir de la mejor manera, quienes acceden a estas cuestiones con mejores estándares de calidad, con mayor aprovechamiento del tiempo, con menores dificultades, van a vivir más tiempo y de mejor forma.

Lo que no se mide no se gobierna

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires sancionó el Código Urbanístico vigente (Ley Nº 6776/24). El gobierno lo presentó como una herramienta para reforzar la identidad barrial. Sin embargo, en la práctica sirvió para consolidar lo que Henri Lefebvre describió hace más de medio siglo: la subordinación del valor de uso -la ciudad como lugar donde se vive- al valor de cambio, la ciudad como negocio. 

El código habilita la demolición como regla y la prohíbe sólo como excepción. El suelo vale por lo que se puede construir arriba, no por las comunidades que lo habitan. Pero el problema empieza antes, en cómo se mide. El CISUR advierte que las herramientas oficiales -el Censo Nacional y la Encuesta Permanente de Hogares- tienen limitaciones estructurales para captar lo que pasa realmente en los barrios populares: cobertura incompleta, criterios que no se adaptan a la informalidad, umbrales que clasifican como adecuado lo que no lo es. El resultado es una subestimación sistemática del déficit. Y en un contexto en el que las políticas de integración sociourbana atraviesan, según el propio CISUR, un retroceso institucional y presupuestario, esa subestimación no es un error técnico. Es una decisión.

Envejecer como privilegio de clase

La pirámide poblacional de los barrios populares no necesita explicación: base ancha de niños y jóvenes, cúspide casi inexistente de adultos mayores. No porque emigren, sino porque no llegan. El déficit de agua, de cloacas, de materialidad, de servicios -acumulado durante décadas sobre los mismos territorios- no es un dato técnico. Es la biografía interrumpida de miles de personas que no llegaron a viejas.

Entonces, ¿envejecer es un privilegio de clase? En Buenos Aires, hoy, sí. Y eso no es una fatalidad ni un efecto secundario del mercado: es el resultado de una ciudad que se diseña, se legisla y se presupuesta para algunos. Una ciudad que expulsa, que invisibiliza, que demuele, que desfinancia. Una ciudad que elige.La pregunta que queda no es técnica sino política: ¿qué tipo de ciudad queremos? Una donde el código postal sea un pronóstico de muerte, o una donde el derecho a envejecer -a llegar, simplemente, a viejo- no dependa del barrio donde naciste. Esa discusión no es urbanística. Es una discusión sobre a quién le pertenece la ciudad.