El mamotreto de regresiones laborales que el gobierno llama proyecto de modernización laboral sólo parece incluir un único artículo en favor de los trabajadores. El uso del condicional no es un capricho: su redacción es tan imprecisa que ni siquiera se puede afirmar con certeza que el 11 bis sobre formación profesional es un verdadero -y muy menor- beneficio. Todo el resto es un paquete de regresiones en múltiples dimensiones: transferencia de poder a las empresas, destrucción de los derechos más elementales y el retorno de leyes precarizadoras que ya existieron en Argentina.

La iniciativa que Patricia Bullrich no pudo tratar en forma exprés en el Congreso -tuvo que postergar el debate minutos después de la marcha de la CGT, las CTAs y los movimientos sociales en Plaza de Mayo- modifica la estructura laboral por completo, por arriba y también por abajo. Un reciente documento difundido por el Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social señala la fecha del retroceso: al siglo XIX. Para los y las trabajadoras de prensa, atrasa 81 años cuando la actividad periodística estaba desnuda, sin ningún tipo de protección a la libertad de expresión y las eventuales presiones de los distintos poderes. La eliminación del Estatuto del Periodista, incluida en el capítulo de las derogaciones de la contrarreforma, es un nuevo intento de silenciamiento de un gobierno que ataca a la comunicación y al derecho básico a la información de las sociedades cada vez que puede.

“Sin ninguna duda a futuro, la derogación implica la caída de todos esos derechos que hoy tienen”, respondió el abogado Julián De Diego, espada legal del gobierno y asesor de distintos medios y grandes compañías, en una entrevista realizada por Ari Lijalad. Sin filtro ni vueltas, el oficialismo dice que va a barrer con todo mientras despliega una confusión planificada sobre el impacto inmediato del proyecto en la vida laboral.

Desde SiPreBA, la respuesta se sintetiza en una bandera que ya pasó por la redacción de Tiempo y que esta semana estará en otras del gremio: “No a la reforma laboral. Defendemos el Estatuto del Periodista”. Es la primera acción de un plan de lucha que seguirá con volanteadas en las estaciones de trenes, posicionamientos públicos a favor del trabajo, cese de tareas y movilización en las calles cuando sesione el Congreso y cada vez que sea necesario.

En el gremio, también más de 2500 periodistas firmaron un pedido para que las y los legisladores frenen la eliminación del Estatuto. Son nombres variados en medios y miradas como Baby Etchecopar, Marcelo Bonelli, Silvia Mercado, Alejandro Bercovich, Hugo Alconada Mon, Gisela Busaniche y Nacho Girón, entre muchos otros. El rechazo a la reforma laboral también agrupó a algunas cámaras empresarias que esta semana manifestaron su oposición a distintos puntos del proyecto, como el fin de la ultraactividad y la preeminencia de los convenios por empresa.

Aunque la unidad más potente y relevante es la que finalmente logre construir el movimiento obrero en las calles y en cada acción para que el costo político del gobierno sea muy alto. Para febrero, Milei puede conseguir los votos que no tuvo en diciembre. El precio, sin embargo, podría ser tan letal como lo fue la Ley Banelco para Fernando de la Rúa o la reforma previsional para Mauricio Macri.