La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó esta semana el procesamiento de Juan Ignacio Salvador, quien entre 1976 y 1978 fue jefe de la Delegación Enlace Capital Federal de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

De esta manera, la alzada dejó firme la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien el 10 de julio pasado procesó con prisión preventiva domiciliaria al expolicía como partícipe necesario de tres desapariciones forzadas. Así, la causa, que también tiene acusado al ex jefe de delegaciones de la DIPPBA en Lanús, Juan Antonio Fumez, quedó más cerca de avanzar hacia un juicio oral. 

Como jefe de la delegación Capital, Salvado tenía la función de obtener “información de todos los temas que por sus características puedan tener repercusión en la provincia de Buenos Aires”, y también era “Enlace” para el intercambio de información entre la Bonaerense y la Inteligencia del Ejército a través del Batallón de 601, cerebro central del terrorismo de Estado.

Según pudieron probar en la instrucción, por su oficina pasaron pedidos de información que sirvieron para el secuestro y desaparición de Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnaldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador entre junio y julio de 1977.

Slutzky era médico y trabajaba en el Cuerpo Sanitario de la Municipalidad de La Plata. En enero de 1977, el Grupo de Tareas 3 del Batallón 601 solicitó a la oficina de Salvador información sobre él, a quien consideraban un objetivo a investigar para saber si realizaba actividades “vinculadas a la subversión”.  

A partir de ese pedido, la DIPPBA realizó un seguimiento de Slutzky, con datos sobre su familia, horarios y domicilio, aunque aclaraba “no haber podido constatar participación en alguna organización política ni que asistiera a reuniones de tal tenor en el municipio o fuera de él”. 

Esto no impidió que fuera secuestrado el 22 de junio de 1977 en su casa de La Plata y llevado al centro clandestino de detención “La Cacha”, donde fue visto por última vez. 

Corsiglia estudiaba arquitectura y militaba junto a su esposa, María Cristina Mura, en las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL “22 de agosto”), de la que era el responsable a nivel nacional.

El 12 de julio de 1977, el Grupo de Tareas 4 del Batallón 601, solicitó a Salvador que investigara el paradero de Corsiglia, quien en ese momento vivía clandestino en Florencio Varela. 

Unos días después, el 10 de agosto de 1977, Corsiglia fue secuestrado en su domicilio. Su esposa fue secuestrada ese mismo día en Capital Federal y ambos fueron conducidos a la ESMA, donde permanecieron cautivos durante un año.

López Comendador tenía 22 años y habían asaltado en la Unión de Estudiantes Secundarios y luego en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). A través de un memo enviado a fines de 1976, el Grupo de Tareas 1 del Batallón 601 solicitó a la DIPPBA a través de la oficina de Salvador que se realizara inteligencia sobre una serie de personas, entre ellas el joven platense, de quien aportaban todos sus datos personales y de su familia. 

El 27 de junio de 1977, Luis Ignacio fue secuestrado en la casa de sus padres y su familia no supo nunca más nada de él y permanece desaparecido. 

El fallo de los camaristas Jorge Di Lorenzo y César Álvarez consideró que “en su rol de Enlace, Salvador actuó como canal de información entre las diversas agencias de inteligencia que derivó en el secuestro, privación ilegal de la libertad, torturas y consecuente desaparición forzada, sin conocerse su destino final hasta la fecha, de Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnaldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador”.

Destacaron, además, que los casos que se imputan a Salvador “expresan el vínculo de la Delegación Enlace Capital Federal en la articulación de diferentes grupos de tareas del Batallón 601 (GT3 en el caso de Slutzky, GT4 en el caso de Corsiglia y GT1 en el caso de López Comendador) con la Dirección de la DIPPBA”. 

“Concretamente, José Ignacio Salvador aparece como un engranaje fundamental del sistema montado para identificar a personas (objetivos), secuestrarlas y desaparecerlas, actuando como canal de comunicación entre diversas agencias de inteligencia y aportando información fundamental para dicha empresa”, concluyeron.