Además, la Cámara Federal le modificó el grado de participación de instigador a autoría mediata. Se investiga si el siniestro, que terminó con siete muertos, fue para cubrir el tráfico de armas, causa en la que el ex presidente ya fue condenado.
Con el voto por mayoría de los jueces Eduardo Avalos y Graciela Montesi y en disidencia al votó del camarista Ignacio Vélez Funes, el tribunal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Menem.
Por otra parte, la Cámara en su resolución -en orden al delito de «estrago doloso agravado por muerte de personas»- modificó el grado de participación atribuido al ex mandatario que ahora se fija en términos de «autoría mediata», en lugar de «instigador».
En agosto de 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, había dictado el procesamiento de Menem y en febrero de 2014 ese procesamiento fue revocado y sobreseído en la causa. Ese fallo fue recurrido en casación por los querellantes.
La audiencia apelatoria se realizó el 14 de abril último, en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, instancia en que el abogado Omar Daer, defensor de Menem, solicitó el sobreseimiento por prescripción del plazo para el juzgamiento del ex mandatario nacional.
El letrado también había expuesto que no está probada la vinculación entre la causa por la venta de armas y las explosiones ocurridas en la fábrica militar cordobesa.
En la misma audiencia el fiscal general, Alberto Lozada, había solicitado que se confirme el procesamiento del actual senador nacional riojano, y en igual sentido se expidieron los abogados querellantes Ricardo Monner Sans, Aukha Barbero y Horacio Gustavo Viqueira.
Las explosiones ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, con el resultado de siete muertos y más de 300 heridos y, de acuerdo a los distintos fallos judiciales, lo sucedido fue una acción intencional, programada y organizada, con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos, como maniobra para encubrir el comercio ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Menem ya tiene una condena de siete años de prisión por el contrabando de armas, aunque esa sentencia se encuentra en instancia decisiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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