Las consecuencias del modelo

Según se desprende de lo informado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el período que transcurrió entre noviembre 2023 y abril 2026 cerraron más de 28.000 empresas, es decir, aproximadamente 30 empresas por día. El sector más perjudicado es el Comercio, con una pérdida de 7567 establecimientos. No es casual que muchos barrios urbanos se caractericen por un paisaje de persianas cerradas con carteles de venta o alquiler.

Por otro lado, la misma fuente sostiene que la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo 3,5%, esto significa una pérdida de ocupación para 341.396 personas, lo que implica 385 trabajadores/as por día desde el inicio de la gestión de Milei.

Al efectuar la medición por rama de actividad, tan sólo en la industria se perdieron 82.173 empleos en el periodo analizado, mientras que la merma en la construcción fue de 75.426 y de 73.862 en el sector público. En el otro extremo se encuentra el sector agropecuario, que sumó sólo 28.059 trabajadores/as, siendo incluso el que más empleo absorbió.

En este contexto, muchos trabajadores migran hacia ocupaciones informales. Según un informe del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% en el primer trimestre de 2026.

La mayor informalidad laboral descripta convive con el fenómeno del endeudamiento para consumir bienes básicos. Cuando se pide un crédito para financiar gastos corrientes para llegar a fin de mes, se suman los intereses que hay que pagar, los cuales van tomando un lugar cada vez mayor en el presupuesto de muchos hogares. Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, si bien planteó que los bancos deber “reaprender” a otorgar créditos, respecto a los tomadores señaló: “a veces, la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Es un proceso de aprendizaje”. El funcionario opinó: “tenemos que volver a aprender cuál es el límite al que nuestros ingresos nos permiten acceder”.

Hace diez años, Javier González Fraga dijo: “le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior”. En la actualidad todo arranca un escalón más abajo: está en juego el acceso a bienes esenciales, que garantizan la subsistencia. No hay que perder de vista que la raíz del problema está en la falta de empleo de calidad y en que los ingresos cada vez permiten comprar menos.

En esta economía en la que unos pocos sectores están traccionando el crecimiento, gran parte de la población queda al margen de los beneficios del mismo.

Cambiando de tema, se conoció el IPC de junio, que registró un alza del 1,9% mensual. De esta forma, acumula una suba del 16,8% durante el primer semestre del año, bien por encima del 10,1% proyectado en el Presupuesto Nacional para todo este año. Cabe resaltar que, si bien el índice muestra una tendencia a la baja, al desagregar por componentes, los precios regulados mostraron un incremento del 2,3 por ciento. Es un reflejo de la política oficial de aumento de las tarifas públicas como consecuencia de la reducción de subsidios a la energía. Un comportamiento que, en particular, se observa en la subdivisión de Vivienda, agua, electricidad y gas, que tuvo una suba del 3,3 por ciento.

Resulta evidente que el ancla inflacionaria no se encuentra justamente en los segmentos regulados, sino más bien en un consumo deprimido (en especial de alimentos) que limita una mayor alza de precios.

En estos días se conoció que Metrogas anunció la distribución de su primer pago de dividendos a accionistas después de 25 años por 100.000 millones de pesos. La directora de Administración y Finanzas de la empresa señaló: “la distribución de dividendos es consecuencia de nuestro fortalecimiento financiero. Hoy contamos con una estructura económica que nos permite generar valor para nuestros accionistas manteniendo nuestro compromiso de inversión, crecimiento y desarrollo”.

Queda claro que son los usuarios quienes contribuyen actualmente a generar una parte importante de los excedentes de las empresas por la vía del incremento tarifario.

No obstante, durante los días más fríos del invierno todos los años la Argentina sufre cortes de gas. Como los hogares tienen prioridad en el abastecimiento, aunque a altos precios, las más afectadas son las industrias, que en muchos casos se ven obligadas a paralizar su producción. Esta situación se produce, principalmente, por la falta de infraestructura para el transporte de este recurso a los distintos lugares de consumo.

Ajuste fiscal

A pesar de los recortes en el gasto, el Tesoro Nacional registró en junio un déficit primario, el tercero en 30 meses de gestión. A su vez, incumplió muy ligeramente la meta fiscal del semestre comprometida en el acuerdo con el FMI. Es importante tener en cuenta que el objetivo ya había sido rebajado por el FMI a fines de mayo. Sin este considerable alivio, el desvío habría sido significativo. En tanto, si se contemplaran los intereses de la deuda que se capitalizan y no pasan por las cuentas de resultados (de las que surge el superávit o déficit fiscal), contabilización que hasta el Fondo observa, los números fiscales entrarían en el terreno deficitario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar los datos, señaló que el ajuste del gasto permitió que se bajen impuestos desde 2024 por casi tres puntos del PBI. Es decir, algunos ganan con el modelo. Para reforzar este hecho, en la inauguración de la Exposición Rural el gobierno prometió que seguirá bajando la “presión impositiva”. Bajo la premisa de mantener los equilibrios fiscales, habrá que esperar nuevos recortes del gasto público.

En otro orden de cosas, en una muestra más de la intención de ajustar el gasto público a cualquier costo, el Presidente mencionó la posibilidad de avanzar con un mecanismo de cierre o “shutdown” del Estado, una instancia que requiere de la aprobación del Congreso. Esto ocurriría en el caso de que el Ejecutivo agote el monto permitido para gastar que se establece en el Presupuesto cada año, y tenga que esperar a que el Parlamento apruebe una extensión, o el próximo Presupuesto anual, como ocurre en Estados Unidos. La decisión del gobierno argentino está estrechamente vinculada con la idea de “destruir al Estado” (una promesa imposible de cumplir) o de reducirlo a su mínima expresión.

Sin embargo, hasta el momento en nuestro país se han venido actualizando las partidas durante un mismo ejercicio. Así se busca evitar la licuación de éstas ante cambios en los precios que excedan la inflación proyectada en el Presupuesto. Y de esa forma, mantener en funcionamiento el aparato del Estado.

No será fácil revertir las consecuencias del actual modelo. Es esencial que la población se incline por una alternativa política, a través de una propuesta programática amplia y consensuada, que bregue por un Estado que priorice el bienestar de las mayorías de la población y que no esté al servicio de los poderes económicos concentrados.