En un nuevo intento del gobierno de volver a retomar el control de la agenda mediática, esta mañana Guillermo Francos encabezó la primera cumbre del postergadísimo Consejo de Mayo. Sin definiciones claras y un rumbo poco auspicioso, el oficialismo puso en marcha el organismo con el que buscará avanzar en reformas legislativas que deberán contar con el apoyo de los gobernadores, quienes empiezan a mostrar los dientes ante la cada vez más avasallante motosierra libertaria.
El encuentro comenzó puntual a las 9 de la mañana en el Salón de Bustos en la planta baja de la Casa Rosada. Allí, el ministro de Desregulación, Federico Struzzeneger; el gobernador Alfredo Cornejo; la senadora nacional, Carolina Losada, en representación de la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, en representación de la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en representación del empresariado tuvieron un primer encuentro para diagramar la puesta en marcha del decálogo que Javier Milei hizo firmar en la helada madrugada tucumana el 9 de julio pasado.
La cumbre, según dieron a conocer los propios participantes, tuvo como objetivo que las partes tengan un primer avistamiento de los bocetos que escribe el oficialismo para poner en marcha el Congreso. La cumbre quedó enmarcada por los tironeos que los libertarios mantienen con sus principales aliados en materia electoral. Ritondo, quien oficia como negociador entre Mauricio Macri y los Milei, ayer recibió un ultimátum por parte de los intendentes del PRO, quienes se mostraron reticentes a la posibilidad de un acuerdo en los territorios tal como plantean desde las filas violetas, donde la sumisión al oficialismo nacional es una cláusula indeclinable.
El mosaico se repite con los gobernadores, quienes comienzan a dar muestras de independencia pese a la felicidad de Conejo por ser sentado en la mesa de discusión. Extasiado, el mendocino se sentó en la mesa junto al resto del panel y por una hora y media se olvidó del reclamo que tan sólo 24 horas antes sus pares dejaron estampado a fuego en un documento que lleva la firma de todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Aquella declaración surgió luego de la cumbre que los mandatarios tuvieron en el Consejo Federal de Inversiones este lunes y que contó con la presencia del viceministro del Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Por casi dos horas, los caciques provinciales achacaron contra los enviados libertarios las trabas que el presidente impone para abrir la billetera en pos de mantener su idílico y cuestionado equilibrio fiscal. Sin más que la eterna promesa de revisión y diálogo, los gobernadores difundieron una acordada en la que adelantan la presentación de un proyecto de ley para que se distribuyan, dentro de la coparticipación, lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no usen para el destino específico de emergencias o asistencia excepcional.
El reclamo de los gobernadores, que se extiende desde hace largos meses y el gobierno decide no escuchar, se enmarca en las consecuencias del paso de la motosierra con la que Javier Milei condecoró a su gobierno. En este sentido, el texto presentado por los gobernadores advierte que la sanción de este proyecto “generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandos de la sociedad en el marco de la crisis.”
Esta no es la primera vez que los mandatarios provinciales unen fuerzas contra el recorte nacional. Desde hace meses que el grupo de whatsapp que comparten los veinticuatro caciques vive instancias de ultractividad que se intensifican con cada medida anti-provincias que toma el primer mandatario, como el cese total de obra pública. La multiplicidad de reclamos, sin embargo, no logró conmover al gobierno. No fue hasta la decisión de los aliados de dejar la pasividad que desde Casa Rosada tomaron nota de la rebelión en la granja provincial.
La primera gran alerta la recibieron semanas atrás, cuando los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) votaron en favor del aumento jubilatorio y la vuelta de la moratoria. Si bien el propio Milei anticipó que vetará la medida, tal como lo hizo con el proyecto que creaba el fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca, el vuelco de los gobernadores norteños encendió las alarmas en Casa Rosada. «Yo puedo ser dialoguista, pero diálogo en favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos, vamos a dialogar un poco más fuerte», lanzó Jaldo.
Las advertencias del gobernador esconden su enojo por la insistencia de Karina Milei y sus armadores Martín y Eduardo “Lule” Menem por desembarcar en sus territorios y competir contra las listas oficialistas. En Tucumán, en particular, Lisandro Catalán buscará competir por una banca a legislador que le permita, desde allí, construir su plataforma para lanzarse como candidato a gobernador de la provincia en 2027. La ambición de los recién llegados exasperó al ejecutivo provincial, desde donde se dejó trascender que no acatarán sin discusión los deseos de la hermanísima y sus colaboradores.
Lo mismo planteó semanas atrás Sáenz. Como dio a conocer este medio, el salteño llegó enajenado a Casa Rosada donde mantuvo una reunión acalorada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien le planteó su descontento por la decisión de competir en listas separadas y remarcó su enojo por las continuas críticas de Emilia Orozco en la gestión provincial, a quien pidió, sin éxito, controlar. Por estas horas, la diputada nacional de La Libertad Avanza fue denunciada por supuestos pedidos de aportes a los trabajadores de ANSES de la provincia, una práctica cada vez más habitual dentro de las filas libertarias. La investigación está a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, fiscal designado por el gobernador dos años atrás.
Los ejemplos abundan. Pese a no querer declarar en on the record, no son pocos los gobernadores que por lo bajo empiezan a advertir un clima de escalada de la tensión entre provincias y Nación que, de concretarse, amenaza con perjudicar los planes legislativos que el gobierno busca motorizar con la puesta en marcha del Consejo de Mayo.
Según detallaron, el encuentro se replicará una vez por mes. El próximo será el 20 de julio, también en Casa Rosada, fecha en la que todas las partes se comprometieron a tener una devolución sobre las propuestas planteadas, entre ellas la reforma laboral que puso en alerta a la CGT, que ya dejó en claro que no está dispuesta a ceder ante el vaciamiento de las cajas sindicales que el oficialismo busca poner en marcha.
La asequible puesta en escena montada alrededor de estos encuentros no logra esconder el temor del oficialismo por perder a quienes, hasta ahora, fueron sus ideales partners in crime. Si bien no hay certezas, existen especulaciones puertas adentro de Casa Rosada sobre la posibilidad de aplacar el avasallamiento contra las provincias dueñas de los votos indispensables para el Ejecutivo en el Congreso. “Hasta que no se concrete, todo es verso y ellos ya saben que no nos vamos a conformar”, dijo a Tiempo un gobernador de diálogo con Balcarce 50.
