Reducir el rol de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación a la mera producción de normas y protocolos es, y lo fue siempre, una simplificación problemática. No solo porque esos lineamientos son de acceso público y circulan ampliamente, sino porque esa mirada desconoce —y subestima— la capacidad instalada en las provincias, que cuentan con equipos técnicos y trayectorias suficientes para identificar, adaptar y aplicar la mejor evidencia disponible.
Pero, además, esa reducción opera como un “como si”: como si la función del nivel nacional pudiera limitarse a enunciar recomendaciones que cualquier persona puede buscar en internet. Como si con eso alcanzara para ordenar un sistema de salud complejo, fragmentado y atravesado por profundas desigualdades.
La rectoría en salud implica, en realidad, un doble rol: técnico y político. No político-partidario, sino político en el sentido más sustantivo del término: orientar decisiones colectivas en un campo atravesado por intereses, tensiones y disputas. Ya que el sistema de salud no es un espacio neutral; es un terreno donde confluyen actores con intereses y perspectivas diferentes, con distintas capacidades de incidencia y donde se ponen en juego modelos de sociedad.
La ley del más fuerte
En ese contexto, el rol del Ministerio de Salud resulta central. No para imponer, sino para conducir: construir acuerdos, orientar voluntades, generar condiciones de coordinación y sostener una direccionalidad común en función del interés público. Sin esa capacidad de conducción, el sistema tiende a fragmentarse, y el acceso a la salud deja de depender de derechos para depender de las posibilidades de los más fuertes.
También es necesario precisar de qué hablamos cuando hablamos de salud pública. No se trata únicamente del subsistema estatal, sino de la salud de la población en su conjunto, independientemente del tipo de cobertura que tenga. La salud pública supone comprender cómo las condiciones de vida se inscriben en los cuerpos: la desigualdad, la violencia, el deterioro ambiental, los ingresos, la calidad democrática.
Desde esta perspectiva, la función de la salud pública no es esperar pasivamente las consecuencias para luego intervenir. Es anticipar, alertar y actuar sobre los procesos que están produciendo daño. Es leer en el presente los signos de lo que se está gestando y asumir la responsabilidad de intervenir a tiempo.
Impacto sobre la salud
En este marco, desde la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) manifestamos una profunda preocupación frente a una serie de procesos que impactan de manera directa en la salud de la población.
En primer lugar, las múltiples formas de violencia, tanto materiales como simbólicas, que se ejercen en distintos ámbitos. Resulta especialmente grave la situación de las personas con discapacidad y de las mayores: no solo por las condiciones en que se ven obligadas a sostener su vida cotidiana —con haberes que en muchos casos no cubren la canasta básica— sino también por las violencias a las que son sometidas cuando intentan ejercer su derecho a la protesta. En estos mismos grupos, preocupa el deterioro del ANDIS y del PAMI, instituciones claves para garantizar el acceso a la atención, en el caso del PAMI, de más de 5 millones de afiliados en todo el país.
En segundo lugar, las políticas que afectan los recursos naturales —como los intentos de avance sobre la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques— comprometen de manera directa las condiciones de vida presentes y futuras. La evidencia es contundente: los determinantes ambientales explican una proporción significativa de la carga de enfermedad, y su deterioro impacta de manera desproporcionada en las poblaciones más vulnerables.
En tercer lugar, advertimos con preocupación el empobrecimiento del debate público. La descalificación sistemática y la reducción de discusiones complejas a intercambios simplificados —al mejor estilo de paneles televisivos— no solo deterioran la calidad democrática, sino que también tienen efectos concretos sobre la salud mental de la población, en un contexto ya complejo y tensionado.
Señales de alarma
Si nos centramos específicamente en el campo sanitario, el desfinanciamiento y la amenaza continua sobre programas estratégicos constituye una señal de alarma. Esto impacta en las condiciones de trabajo de los equipos de salud, en la formación de profesionales —como ocurre con las residencias—, en la infraestructura y en la capacidad de respuesta del sistema.
A modo de ejemplo, programas como Remediar —que llegó a garantizar el acceso a medicamentos esenciales a más de 15 millones de personas a través del primer nivel de atención— son piezas fundamentales para sostener estrategias de cuidado accesibles y oportunas. Su debilitamiento tendrá consecuencias inmediatas en términos de acceso.
La situación en salud mental es especialmente crítica. Los datos disponibles en la Provincia de Buenos Aires muestran un aumento superior al 60% en las internaciones por causas de salud mental y más de un 50% en las consultas ambulatorias en los últimos años. Este crecimiento de la demanda no es un dato aislado, sino la expresión de un malestar social más amplio. Frente a este escenario, debilitar las políticas y los dispositivos existentes no solo resulta inadecuado, sino que profundiza un problema que ya es grave.
Otro aspecto preocupante es la salud sexual y reproductiva. Aun cuando existen marcos normativos que garantizan estos derechos, la subejecución o el freno en la implementación de políticas limita su cumplimiento efectivo, generando brechas concretas en el acceso que, como dijimos, se inscriben en los cuerpos, en este caso de las mujeres.
Podríamos enumerar muchos otros ejemplos. Pero lo central es comprender que no se trata de hechos aislados, sino de un conjunto de decisiones que impactan de manera directa en la vida cotidiana de las personas.
Construir políticas públicas lleva tiempo, requiere acumulación de capacidades, aprendizajes y consensos. Desarticularlas es, en cambio, mucho más rápido. El desafío —y la preocupación— radica en que gran parte de lo que hoy se debilita no se reconstruye fácilmente. Y, en algunos casos, puede no llegar a recuperarse.
