Control de datos, el nuevo ataque de Milei contra el derecho a la información

La fecha no fue casual. Javier Milei firmó el DNU 941 el 31 de diciembre de 2025, último día hábil del año, con el Congreso en receso y la atención pública dispersa en brindis. El decreto modificó de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. Lo que antes requería debate parlamentario, ahora estaba hecho. Lo que antes era excepcional —el secreto sobre las actividades de la SIDE— ahora era la regla.

Toda actividad del sistema de inteligencia pasó a ser automáticamente «encubierta». La palabra encubierta, en ese contexto, tiene un significado preciso: cubierta de la mirada de cualquiera que no sea el propio gobierno. El nivel de opacidad con el que operan, dice el informe Alerta Spyware, es incompatible con los estándares internacionales de transparencia en democracia.

En junio de 2024, Milei había firmado el DNU 614, que ya había elevado el secreto de la SIDE a niveles sin precedentes en democracia. El 941 profundizó lo que el 614 había iniciado. Dos decretos, dieciocho meses, una dirección inequívoca. El CELS -que lleva décadas monitoreando el poder en Argentina— lo dijo sin eufemismos: el gobierno estaba poniendo «al Estado al servicio del espionaje interno». Amnistía Internacional Argentina, junto a otras 20 organizaciones, anunció que elevaría el reclamo ante la ONU y la Corte Interamericana. La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires exigió al Congreso que rechazara el decreto.

Desde la vereda de enfrente, el gobierno repitió su argumento habitual: modernización, eficiencia, lucha contra el crimen organizado. Sergio Neiffert, entonces titular de la SIDE, lo expresó con nitidez ante la Comisión Bicameral: «Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia». Era mayo de 2025, y Neiffert respondía a una pregunta muy concreta: el Plan de Inteligencia Nacional que su agencia había elaborado —170 páginas, clasificado, filtrado a la prensa antes de llegar al Congreso— identificaba a los periodistas como actores capaces de «erosionar la confianza pública». En el lenguaje de los servicios de inteligencia, erosionar la confianza pública no es un elogio.

El periodista Hugo Alconada Mon había publicado el contenido del plan en La Nación en mayo de 2025. El texto original, según fuentes consultadas por este diario, abría la puerta a tareas de espionaje sobre opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas. También trascendió una directiva secreta firmada por Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE, que ordenaba «identificar y monitorear» a «grupos sociales vulnerables» y «actores no estatales». El documento no definía, con ninguna precisión, quiénes eran esos actores.

La reacción institucional fue, para los estándares argentinos, sorprendente. En septiembre de 2025, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia —presidida por Martín Lousteau— rechazó el Plan de Inteligencia de manera unánime. Era la primera vez en la historia que eso ocurría. El organismo determinó que el documento violaba la Ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 4 prohíbe expresamente el espionaje por razones políticas, sindicales, religiosas o de cualquier otra índole ideológica. El Gobierno retiró los párrafos más comprometedores y, en marzo pasado, mandó una versión corregida al Congreso.

Pero mientras borraba palabras del plan, firmaba el DNU 941. La mano que enmendaba el documento era la misma que ampliaba las facultades de la SIDE para detener personas sin orden judicial previa y cruzar masivamente datos personales de la población. La versión enmendada del plan aún no tiene aprobación parlamentaria. El decreto, en cambio, rige.

Es en ese escenario que el informe Alerta Spyware —publicado esta semana por Via Libre, Democracia en Red, O.D.I.A, CELS y New Venture Fund— fue presentado en el encuentro “Tecnologías de vigilancia estatal, control democrático y protección del espacio cívico en América Latina”. Tiempo estuvo presente buscando certezas ante la pregunta ¿qué pasa cuando a ese Estado le sumamos spyware?

El informe define con precisión: el spyware es una amenaza de primer orden para la privacidad y los derechos humanos, con una profunda capacidad invasiva y de acceso indiscriminado a información personal y sensible que opera sin que la víctima lo note. Las personas que corren mayor riesgo son aquellas políticamente expuestas: opositores, legisladores, periodistas, activistas.

Argentina no tiene, hasta ahora, casos documentados. Tampoco tiene la regulación que impida tenerlos a futuro. Hasta marzo, nueve provincias habían incorporado normativa que habilitaría el uso de spyware. Otras quince tienen códigos procesales tan vagos que podrían habilitarlo por interpretación. El resultado, según el informe, es un mosaico de soluciones disímiles y carentes de salvaguardas estrictas, que multiplica las instancias decisorias y amenaza con generar contradicciones normativas. Cada jurisdicción avanzó sola, sin diseño federal ni salvaguardas comunes. Nadie es responsable del conjunto.

A esa fragmentación normativa se suma la institucional. Argentina tiene decenas de fuerzas de seguridad con autonomía operativa y presupuestaria. La normalización del acceso de múltiples agencias en todo el país a este tipo de herramientas aumenta exponencialmente el riesgo de su uso ilegal, y la fragmentación debilita la posibilidad de atribuir responsabilidades claras ante eventuales irregularidades.

El antecedente del reconocimiento facial en CABA ilustra el patrón. El sistema fue implementado, cuestionado judicialmente y sometido a una auditoría que todavía no pudo concluirse porque la empresa proveedora nunca entregó el código fuente ni los datasets con los que el algoritmo fue entrenado. Es un sistema contratado a caja negra, donde el gobierno nunca supo cómo funciona, bajo qué parámetros y criterio arriba a resultados. Lo usa igual.

Ese es el modelo. Comprar primero, entender después, auditar nunca. Y cuando alguien pregunta, invocar el secreto comercial de la empresa proveedora o, según el caso, la seguridad nacional. Ambos escudos funcionan y dejan al ciudadano sin respuesta. El informe Alerta Spyware concluye que Argentina aún está a tiempo de evitar el peor escenario. La frase suena razonable.

También sonaba razonable, en 2015, decir que Argentina podía evitar que sus servicios de inteligencia espiaran ilegalmente a dirigentes políticos y periodistas. Dos años después, el escándalo de las mesas judiciales mostró que el tiempo se había agotado antes de que alguien actuara. «