La dictadura cívico-militar que tomó el poder hace 50 años instauró –como parte de un proceso mundial de imposición del modelo neoliberal– un conjunto de políticas públicas que tenían como fundamento una concepción del mundo individualista y competitiva; que promovían la desigualdad social, cultural, económica y política, y fomentaban la concentración económica.
En ese contexto, las políticas de reforma estructural tuvieron como pilares fundamentales la apertura de la economía, la reducción de la función económica del Estado y la reforma del sistema financiero.
La implementación de estas políticas tuvo un impacto significativo en el acceso y distribución del crédito.
Pocos días después del golpe de Estado, el 2 de abril de 1976, se le encomendó al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz la elaboración de un diagnóstico de la situación. Ese análisis concluyó con las pautas básicas de un programa de acción que incluía, en el ámbito financiero, la anulación de la ley de nacionalización de los depósitos y la elaboración de un nuevo marco legal.
El proceso de modificación del sector comenzó con la designación de una comisión integrada por un director del Banco Central (BCRA), tres oficiales de las fuerzas armadas y cuatro banqueros de actuación pública en anteriores dictaduras y con fuertes vínculos con empresas extranjeras, cuya misión era redactar un anteproyecto de «ley».
En noviembre de ese año, se conoció el texto del anteproyecto, que tenía como principales objetivos favorecer la concentración financiera y los intereses de la banca extranjera; dar mayores posibilidades a las grandes instituciones en detrimento de las regionales; y eliminar el régimen de garantía de los depósitos y la especialización financiera.
El impacto en el cooperativismo de crédito
En cuanto al cooperativismo, la norma proyectada proponía eliminar esa forma jurídica como base de la organización de servicios bancarios, reservándola exclusivamente para las sociedades anónimas. Además, prohibía a las cajas de crédito la captación de depósitos a la vista, recursos que generaban el 70% de sus fondos prestables.
De esta forma, el modelo de acceso al crédito para los sectores más desprotegidos que habían representado las Cajas, entraba en jaque a partir de un proyecto que buscaba posicionar a los grandes actores bancarios como únicos operadores financieros.
Que el esquema originalmente previsto por la dictadura no haya llegado a materializarse totalmente fue consecuencia de la rápida reacción del movimiento cooperativo de crédito, que en conjunto ocupaba el tercer lugar en el ranking de depósitos y préstamos del sistema financiero. Su lucha consiguió –en medio de un país dominado por el terror de la represión– impedir la destrucción total.
Comenzó entonces una ardua tarea de debate y confrontación contra el proyecto. A pesar de no haber sido inicialmente convocado a discutir sobre la norma que afectaba a su operatoria, el movimiento cooperativo emprendió un programa de acciones públicas para dar a conocer el conflicto y torcer la normativa restrictiva.
La primera reacción fue la presentación ante el BCRA de un anteproyecto elaborado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), que solicitaba el reconocimiento de la igualdad operativa entre los bancos comerciales y las cajas de crédito. El texto planteaba, entre otros elementos, que las entidades solidarias pudieran operar bajo forma jurídica cooperativa y que, además, pudieran obtener servicios de apoyo institucional y técnico-administrativo en condiciones de integración en un organismo superior.
Dadas las condiciones imperantes en el país, los actos públicos o las movilizaciones masivas no aparecían como opciones posibles de resistencia, por lo que los dirigentes del IMFC, además de reclamar el apoyo de las centrales cooperativas argentinas –CONINAGRO y COOPERAR– y de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), recurrieron a la publicación de solicitadas en las que se expresaba el apoyo de diversos sectores sociales al cooperativismo de crédito.
En diciembre de 1976, apareció en los principales diarios del país la primera de ellas, suscripta por alrededor de 6.500 entidades sin fines de lucro. En enero de 1977, simultáneamente con el ingreso del proyecto de «ley» a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), comenzó a publicarse una extensa solicitada firmada por 45.000 PYMES que reclamaban, a nombre propio y en el de su personal, que no se obstruyera la fuente de crédito que hacía a su propia subsistencia y desarrollo.
El impacto causado por esta solicitada que ocupó, a lo largo de una semana, 35 páginas del periódico, se completó con otra en la que cien personalidades argentinas del arte, la ciencia, el deporte y la cultura dieron a conocer públicamente su opinión sobre el cooperativismo y la necesidad de preservarlo. Simultáneamente, el Consejo Intercooperativo Argentino, órgano de enlace de las dos confederaciones nacionales, emitió un documento donde enjuiciaba severamente la anunciada reforma.
La «Ley» de Entidades financieras y la supervivencia
Finalmente, en febrero de 1977 el Poder Ejecutivo sancionó la mal llamada «Ley» 21.526 de entidades financieras, aún vigente. En la nueva norma, si bien se mantenían las restricciones a las cajas de crédito previstas en el anteproyecto, se les otorgaba la posibilidad de transformarse en bancos comerciales conservando su forma jurídica cooperativa. Para ello, se daba un plazo de un año extensible a dos para adecuar la estructura al nuevo régimen legal, mientras seguían operando de la manera habitual.
En el marco de serias dificultades económicas y operativas, consecuencia de la política financiera, las cooperativas de crédito debieron encarar el segundo momento de la lucha por su supervivencia: la adecuación de las entidades a la «ley».
Los dirigentes y asociados de las cajas de crédito quedaron frente a una disyuntiva, ya que había dos opciones: las entidades sacrificaban su autonomía y se fusionaban con otras para alcanzar los capitales exigidos, o limitaban su crecimiento manteniéndose como caja de crédito, aunque preservando su autonomía.
El IMFC y la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito consideraron que la mejor opción era la transformación de las cajas de crédito en bancos cooperativos, aunque los capitales mínimos exigidos, al no diferenciar según la naturaleza lucrativa o social de las entidades, resultaban sumamente elevados para las cooperativas.
En abril de 1978, comenzaron a operar los primeros bancos cooperativos surgidos en el marco del proceso abierto por la nueva normativa. Como resultado final del mismo, 273 cajas de crédito de las 375 existentes optaron por su transformación de clase, y dieron lugar a 77 nuevos bancos cooperativos que se sumaron a ocho preexistentes.
De las entidades que optaron por transformarse, 41 lo hicieron en forma individual y 232 se fusionaron para constituir los 36 bancos restantes. La distribución distrital de las nuevas entidades, según la ubicación de su casa central, era la siguiente: Santa Fe, 30; Buenos Aires, 14; Capital Federal, 11; Córdoba, 10; Tucumán, 4; Mendoza, 3; Entre Ríos, 2; Misiones, San Juan y Santiago del Estero, 1 cada una.
Por su parte, las 102 entidades que optaron por seguir funcionando como cajas de crédito debieron comenzar un nuevo tipo de operatoria, basada en la obtención de fondos a través de cajas de ahorro y plazos fijo para conceder préstamos a corto y mediano plazo. Esa limitación, más las crecientes exigencias del BCRA, llevó a su paulatina desaparición.
De los 85 bancos cooperativos existentes en 1979, hoy sólo subsiste el Banco Credicoop C. L., en el que sobreviven -a través de un complejo proceso de fusiones e incorporaciones- 117 cajas de crédito que en 1979 habían conformado 16 bancos cooperativos.
* Director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito
