El crimen a puntazos de Jeremías Monzón, de 15 años, ocurrió durante la tarde del 18 de diciembre en la ciudad de Santa Fe. Sus victimaros: dos adolescentes de 14 años, instigados en el lugar del hecho por una chica de 16. Pues bien, en medio del lógico espanto del espíritu público, el caso no demoró en convertirse en un himno al “carancheo” por quienes predican bajar la edad de imputabilidad a los menores, extendiendo las penas del Código Penal para infractores adultos hacia niños de hasta 12 o 13 años (estas dos cifras aún están en discusión).

“¡Delitos de adultos, condenas de adultos!” es la consigna libertaria del momento. De hecho, el propio Javier Milei, junto a la actual senadora Patricia Bullrich y su reemplazo en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, son los bastoneros del asunto. Una iniciativa que –de acuerdo con las encuestas callejeras de los noticieros– cuenta con una amplia adhesión del ciudadano de a pie, muy preocupado por la sensación de violencia urbana que flota en el aire, no siendo más tenues las opiniones al respecto de respetables personalidades del quehacer nacional.

Claro que eso, en parte, se debe a la profusa televisación de las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad sobre robos seguidos de homicidios en la vía pública. Y eso lleva a una ilusión óptica: si –por ejemplo– en el lapso de una hora se exhibe una y otra vez el video de un hecho de sangre a cielo abierto, el espectador termina sintiendo que la vereda de su hogar está llena de cadáveres.

Sin embargo, las estadísticas delictivas en el país no son las peores de la región. Ni su índice de homicidios: apenas 4,2 por cada 100 mil habitantes. En tal sentido, los hechos con fines de robo protagonizados por menores arañan un 4% del total y sus homicidios no llegan al 0,2 por ciento. Cabe resaltar que solo el 43% de los asesinatos en la Argentina corresponde a hechos de inseguridad, ya que los restantes son causados por la parte “sana” de la población (femicidios, riñas y disputas económicas, entre otros motivos).

Aún así, son los niños y adolescentes quienes ahora se encuentran en la primera fila de la estigmatización.

Su imputabilidad forma parte de un debate espasmódico. Y suele aflorar con una recurrencia exenta de variaciones discursivas cada vez que un asesinato de este tipo es exprimido por la prensa. De modo que tal problemática integra el catálogo de la construcción del miedo, que necesita el acto de identificar a un enemigo social; en este caso, el niño en conflicto con la Ley. Notable.

No obstante, en este tema subyacen otras cuestiones. Una de ellas es lo que podríamos llamar el “bestialismo ciudadano”. Pero no menos medular es la utilización policial de menores como mano de obra delictiva.

Con respecto al primer asunto, es necesario refrescar una añeja historia. Corría la noche del 15 de abril de 2009, cuando el camionero Daniel Capristo fue acribillado a tiros en Valentín Alsina por un pibe de 14 años. Al parecer, muy poco beneplácito les habría causado a los vecinos que el fiscal Enrique Lázzari, al llegar al lugar del hecho, dijera: “Es un menor y no se puede hacer mucho”. Un vendaval de puñetazos y patadas se precipitó sobre el funcionario judicial. Lo apalearon en el suelo y hasta recibió un ladrillazo en la espalda, después de que la jauría humana lo persiguiera por dos cuadras. Los canales de noticias transmitían los incidentes en vivo. Ante semejantes circunstancias, el movilero de TN apeló a las siguientes palabras: “¡Fíjense la indignación que hay! La bronca de los vecinos es más que clara, más que genuina”. Toda una metáfora para un país en el cual la seguridad es reclamada por una sociedad cada vez más violenta. 

Con respecto a la segunda cuestión, cabe destacar que hubo un tiempo en que los niños que delinquen sólo les eran útiles a las fuerzas de seguridad para engordar estadísticas, reclamar mayores atribuciones y promover reglas penales más severas. Pero a fines de 2001 todo cambió, puesto que la crisis también supo alcanzar al hampa. Y especialmente al crimen organizado, del cual, desde luego, no son ajenos los policías.

Al respecto, no está de más evocar una circunstancia concreta: el precio irrisorio que, a partir de esos días, pagaban los desarmaderos a los levantadores de autos estacionados, por lo general, ladrones profesionales que actuaban sin ejercer ninguna clase de violencia. Y precisamente, eso hizo que ellos migraran hacia otras modalidades delictivas. Tanto es así que dicha fase del negocio –una actividad que involucra a comerciantes, uniformados y hasta intendentes, entre otros adultos– quedó en manos de pibes sólo calificados para asaltar con armas a conductores de vehículos en movimiento. Eso, como es de suponer, derivó en una fuente inagotable de desgracias. Pero aquellos “recursos humanos” solían ser reclutados por policías y hampones a su servicio para consumar atracos de otro tipo. Un hábito, por entonces, aún inimaginable para la opinión pública.

De hecho, el primer signo visible de semejante situación tardó casi siete años en aflorar. Y fue por el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en octubre de 2008. El caso instalaría por enésima vez el debate sobre la baja de la edad de imputablidad de los menores. Sin embargo, la bandita de pistoleros adolescentes que produjo el episodio –encabezada por un tal “Kitu”– develó la existencia de una organización de policías que trasladaba pibes desde la villa San Petesburgo, en La Matanza, hacia la zona residencial de San Isidro con un objetivo claramente especificado: robar casas y vehículos de alta gama.

Otros atracos posteriores deslizaron la hipótesis de que esta clase de reclutamiento constituía una práctica orgánica y extendida en todo el Gran Buenos Aires. Finalmente, el asesinato del chico Luciano Arruga –ocurrido a comienzos de 2009 en Lomas del Mirador por resistirse a delinquir para la policía– confirmó de manera palmaria aquella impresión.

Fue en ese mismo año cuando el juez de La Plata, Luis Arias, hizo una denuncia pública sobre la relación de los uniformados con los delitos contra la propiedad consumados mediante la reducción a la esclavitud de sus pequeños hacedores. Pero tal pronunciamiento causó una indignada desmentida –incluso con acusaciones de desequilibrio emocional– por parte del entonces ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli.

Claro que resultó una paradoja que, unos meses después, éste presentara una denuncia similar ante el fiscal Marcelo Romero a raíz de una seguidilla de asesinatos que lo tenía sin dormir.

Se refería –según sus palabras– a “crímenes de mujeres instigados por policías en actividad, en retiro o exonerados» para desestabilizar su gestión. Y mencionó los casos de Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro, quienes, en medio de supuestos robos, fueron ejecutadas por menores reclutados por la policía “a contraprestación dineraria”. 

El asunto concluiría como Dios manda: Stornelli se apuró en renunciar, su presentación judicial quedó en la nada y, desde entonces, él no volvió a poner un pie en La Plata. Un valiente.

Con el tiempo, tales prácticas se han extendido a todo el país.

Pero en estos días, el asesinato de Jeremías Monzón posee la singularidad de que sus autores son de clase media, y sin vínculos con el hampa.

¿Qué los habría llevado a complotarse en esa faena tan espeluznante?

La única respuesta del régimen libertario a tal enigma es bajar la edad de imputabilidad de otros pibes (ya que, para estos tres, la ley en cuestión no será retroactiva). En resumen, una política criminal para combatir el crimen. «