El país andino-amazónico cumplió 22 días de parálisis absoluta con un gobierno cercado que opta por la violencia estatal. Frente a las masivas marchas en La Paz y los bloqueos estratégicos en El Alto que exigen su renuncia, el Ejecutivo responde con lluvia de lacrimógenos y agita discursos conspirativos para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas.
Mientras el país cumple 22 días consecutivos de parálisis con 51 puntos de bloqueo que asfixian el abastecimiento de combustible y alimentos, el plan económico de Paz Pereira naufraga en la ilegitimidad. Lejos de tender puentes o ensayar canales de diálogo democrático con los sectores que exigen el adelanto de las elecciones, el régimen redobló la apuesta represiva.
En un movimiento que enciende todas las alarmas y evoca los peores fantasmas de los golpes de Estado en la región, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitieron un amenazante comunicado advirtiendo sobre la presencia de supuestos «grupos irregulares armados», una narrativa oficial que busca construir el paraguas jurídico e institucional para justificar una inminente militarización y avanzar en una cacería definitiva contra la resistencia plebeya en las alturas.
Finalmente, el dirigente fabril Carlos Gutiérrez advirtió que las protestas podrían radicalizarse si el Ejecutivo concreta la orden de detención por «terrorismo» del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.
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