Bolivia cruzó este viernes una nueva frontera en su espiral de descomposición política y social, ratificando que la única respuesta del gobierno derechista de Rodrigo Paz Pereira ante el descontento popular es el endurecimiento de la fuerza. Las calles históricas de La Paz y los accesos clave de El Alto volvieron a convertirse en un escenario de confrontación abierta, donde miles de mineros, maestros, campesinos y fabriles afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) resistieron una feroz cacería policial con gases lacrimógenos y balines en los alrededores de la Plaza Murillo.
Mientras el país cumple 22 días consecutivos de parálisis con 51 puntos de bloqueo que asfixian el abastecimiento de combustible y alimentos, el plan económico de Paz Pereira naufraga en la ilegitimidad. Lejos de tender puentes o ensayar canales de diálogo democrático con los sectores que exigen el adelanto de las elecciones, el régimen redobló la apuesta represiva.
En un movimiento que enciende todas las alarmas y evoca los peores fantasmas de los golpes de Estado en la región, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitieron un amenazante comunicado advirtiendo sobre la presencia de supuestos «grupos irregulares armados», una narrativa oficial que busca construir el paraguas jurídico e institucional para justificar una inminente militarización y avanzar en una cacería definitiva contra la resistencia plebeya en las alturas.
Finalmente, el dirigente fabril Carlos Gutiérrez advirtió que las protestas podrían radicalizarse si el Ejecutivo concreta la orden de detención por «terrorismo» del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.
