El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, designó este jueves al abogado constitucionalista Williams José Bascopé como nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo de Édgar Morales, quien presentó su renuncia con el objetivo de colaborar con la “pacificación del país”, en medio de las protestas impulsadas por distintos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB), que reclaman la salida del mandatario.

El funcionario entrante saludó en aymara y afirmó antes de asumir: “Es un reto muy difícil para quien les habla, pero estoy comprometido con mi país”.

Paz agradeció a “un gran boliviano, que nace de la cuna del occidente” del país y destacó la predisposición de la nueva autoridad al diálogo para intentar encontrar soluciones al delicado momento político y social que atraviesa Bolivia.

El ahora exministro Morales fue uno de los funcionarios más cuestionados durante la escalada del conflicto. La COB lo había descartado hace semanas como interlocutor válido y no respondió a ninguna de sus convocatorias al diálogo.

El miércoles, el mandatario había anunciado cambios en su gabinete, además de la creación de un consejo económico y social. En ese marco, Bascopé llamó a priorizar el diálogo frente a la violencia y aseguró que “Bolivia no volverá al pasado”.

Siguen las protestas

Este jueves continuaron los bloqueos y las protestas en siete de los nueve departamentos de Bolivia, en una escalada del conflicto que ya empieza a impactar con fuerza en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de afectar al comercio, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, epicentro de la crisis política y social que atraviesa el país.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves que existen al menos 54 puntos de bloqueo distribuidos principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, aunque también se registran cortes en Santa Cruz, Pando y Chuquisaca. Solo Beni y Tarija mantienen libre circulación.

La crisis comenzó con reclamos sectoriales impulsados por organizaciones campesinas, mineros, docentes y trabajadores fabriles, pero luego derivó en una presión política coordinada contra el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

A las movilizaciones se sumaron además sectores alineados con el expresidente Evo Morales y agrupaciones sindicales que ahora exigen abiertamente la renuncia de Paz y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Afiliados de la COB marcharon este jueves por el centro de La Paz hasta las inmediaciones de la plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, ambas custodiadas con fuertes operativos de seguridad desplegados por policías y militares.

El dirigente fabril de Cochabamba, Carlos Gutiérrez, advirtió que las protestas podrían radicalizarse si el Ejecutivo concreta una eventual detención del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó el lunes pasado órdenes de detención contra Argollo y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país.

La prolongación del conflicto también empieza a golpear con fuerza a la actividad productiva. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó este jueves que las pérdidas económicas acumuladas ya superan los 600 millones de dólares, debido a la paralización de rutas, industrias y cadenas de suministro.

Por su parte, el Gobierno boliviano insiste con los llamados al diálogo mientras endurece las medidas de seguridad en torno a la sede presidencial.

GS con información de Xinhua y Europa Press