El desabastecimiento por los bloqueos se manifiesta en Bolivia como un problema que ya empieza a afectar a la clase media, generalmente ajena a las movilizaciones populares como las que actualmente mantienen en vilo al país hace más de tres semanas exigiendo reivindicaciones sectoriales y la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Con recientes modificaciones en el Gabinete, la promesa de un Consejo Económico Social que abra un diálogo para mediados de esta semana y un “corredor humanitario” que distribuya elementos esenciales a las ciudades de La Paz y El Alto, el gobierno no parece salir del esquema represivo y la ausencia de una negociación que implicaría ceder a las principales demandas de los sectores campesinos, mineros y sindicales que participan de las protestas.
El gobierno, en tanto, intenta despegar los cambios de dos ministros y el anuncio de otros reemplazos de una supuesta crisis interna y afirmó que se trata de una reorganización puntual decidida por el presidente. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, aseveró el viernes que la Constitución boliviana otorga al mandatario la potestad de designar y reorganizar a sus ministros y se apuró en descartar una «crisis ministerial» dentro del Ejecutivo. De igual forma descarta que fuera a siquiera considerar el reclamo de renuncia que suena en las calles. Para el exembajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, un escenario de renuncia es poco probable, por dos razones: “La Constitución permite que si el presidente renuncia en los dos primeros años hay que convocar elecciones en los tres meses posteriores, pero el que asume es el vicepresidente (Edmand Lara), con quien Paz Pereira está enfrentado”, comentó a Tiempo horas antes de viajar a La Paz a conocer la situación en persona.
La otra razón por la que la movilización no puede hacer caer al presidente, según Basteiro, es que “el círculo de poder que hay en Bolivia está abroquelado detrás de Paz Pereira. Cuando hubo caída de presidente, en 2019, o en el 2000 con «Goni» Sánchez Losada, la policía se autoacuarteló, los militares, en el caso de Evo, le pidieron la renuncia, en el caso de Goni por lo menos se negaron a reprimir. Pero ahora están la Policía, el Ejército, las cámaras empresarias, los grandes productores agropecuarios y ciertos sectores de la clase media blanca, principalmente, fuera de La Paz, acompañando a Paz Pereira, y eso me hace creer que va a ser difícil que tan solo la movilización popular termine haciéndolo renunciar”.
Basteiro también descree en la capacidad de negociación de los miembros del gobierno, porque “salvo Paz Pereira, que antes de llegar a ser presidente fue senador, diputado, alcalde, todo el resto del gabinete es gente que tiene militancia de muchos años en la derecha, pero no están en el gobierno hace 20 años y la nueva Bolivia, la Bolivia donde los indígenas están empoderados, los campesinos están empoderados, esta gente no la vivió, ellos eran de aquella Bolivia patriarcal blanca”.
En las últimas horas se registraron nueva jornadas de alta conflictividad política y social con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, gases lacrimógenos y bloqueos de carreteras. Las ciudades de La Paz y El Alto, epicentros de las movilizaciones, registraron nuevamente la presión de sindicatos, organizaciones campesinas, juntas vecinales, mineros, maestros y sectores fabriles afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Los reclamos están relacionados con el aumento de precio de los combustibles y su escasez, una ley de tierras que fue retirada pero el proyecto se mantiene vigente, y un aumento salarial que, en algunos casos como los docentes, fue otorgado. Bolivia arrastra además una inflación que supera los 14 puntos, un escenario de inestabilidad económica si se lo compara con las últimas dos décadas.
En paralelo al agravamiento de las protestas, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que expresaban preocupación por la supuesta presencia de “grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre” en distintas regiones del país, tras la circulación de videos donde aparecen civiles armados exigiendo la renuncia presidencial.
Durante el fin de semana, según anunció el presidente, se estaban delineando los detalles para abrir una instancia de diálogo a través de la puesta en marcha del Consejo Económico Social. Para Paz se trata de una instancia en la que participarán todos los sectores en pugna que tengan la intención de “construir gobierno conjunto”, dijo, aunque precisó que no participarán “los vándalos”, lo cual deja dudas acerca del alcance efectivo que tendrá esa convocatoria. «
La sempiterna costumbre de culpar de todo a Evo
El gobierno boliviano mantiene su intención de vincular a Evo Morales con las protestas de amplios sectores sociales, como una “estrategia para convulsionar a Bolivia” a solo seis meses de haber iniciado su mandato el presidente Rodrigo Paz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció en una entrevista este fin de semana la existencia de una estrategia política coordinada por el expresidente que se relacionaría con la ola de bloqueos de rutas, concentrada en más del 90% en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Para el gobierno, la manifestación busca forzar una ruptura del orden constitucional mediante el uso de herramientas estrictamente violentas y no democráticas, intentando obligar al pueblo «a seguir implementando las medidas del pasado, a cogobernar, a volver a tener el énfasis en una lógica de política económica estatal».
En ese sentido, señaló la supuesta manipulación ejercida por el entorno de Morales de las demandas legítimas de sectores sociales históricamente postergados, señalando que estos últimos se encuentran «bombardeados por una campaña de desprestigio y de mentiras haciéndoles creer que realmente todo lo que se está haciendo desde la nueva gestión de gobierno va en su contra».
Desde sus redes sociales, Evo esgrimió que los pueblos rebeldes y dignos “no conspiran contra la democracia ni hacen golpes de Estado. Siempre lucharon por recuperar la democracia asaltada por las dictaduras sangrientas y corruptas. El pueblo hace revolución”. En cambio señaló como golpistas a “los yankis y sus vasallos criollos. EEUU tiene en su haber más de 350 invasiones y golpes de Estado en el mundo. Los revolucionarios no necesitan vivir del narcotráfico ni del terrorismo ni de la corrupción como los capitalistas, cuyos sistemas financieros están llenos de dinero sucio”, dijo.
