La crisis política, económica y social que atraviesa Bolivia a solo seis meses de la asunción del presidente Rodrigo Paz tuvo su primera manifestación de repudio en las calles de Buenos Aires. El viernes por la tarde, la Embajada del Estado Plurinacional se convirtió en el centro político de una movilización convocada de manera autónoma por las organizaciones de residentes y acompañada por gremios y movimientos sociales argentinos. Mientras la Policía de la Ciudad desplegaba un operativo de cierre perimetral, la concentración buscó desde el inicio romper el cerco informativo.
El detonante de esta «Marcha por la Vida» no es un hecho aislado, sino una embestida sistemática que golpea directamente a las familias más humildes en este contexto de crisis economica. La imposición de estas políticas comenzó en diciembre, cuando el gobierno intentó eliminar la subvención a los hidrocarburos y flexibilizar el sector público, derivando hoy en una resistencia sostenida contra la entrega de recursos naturales y la privatización encubierta de tierras comunitarias.
«Es en respaldo al pueblo boliviano que hoy está protagonizando la marcha por la vida y está resistiendo a las políticas neoliberales, represivas y contrarias al carácter plurinacional del Estado», definió María Pomacusi, una de las coordinadoras de la jornada. La referente hizo hincapié en que esta movilización es una respuesta directa a las medidas de violencia institucional y represión que ejerce Rodrigo Paz ante la manifestación de gremios y pueblos originarios que exigen su renuncia.
Al explicar el sentido de la presencia en las calles porteñas, Pomacusi fue contundente: «Queremos respaldar esa lucha, que es una lucha por soberanía, por tierra, por territorio, por derecho de muchos colectivos y, fundamentalmente, por el respeto a la Constitución Política del Estado Plurinacional».
La urgencia que movilizó a la comunidad se tradujo en cifras de horror provocadas por la intervención policial y militar del Estado boliviano contra los bloqueos. El documento oficial, leído frente a la embajada en idiomas aymara y quechua, denunció 90 detenciones arbitrarias —incluyendo mujeres campesinas y adultos mayores de hasta 85 años— y el asesinato de las autoridades originarias Rubén Callisaya Marca, Alberto Cruz Chinche y Martha Villca. Desde la calle, el referente de la Tupac Katari, César Vilca, actualizó la gravedad del panorama afirmando que ya «tenemos más de cinco muertos y no están contabilizados los heridos».
La «Agenda Trump» y la denuncia de las armas
Frente a este escenario, los convocantes advirtieron que la actual administración boliviana opera bajo una articulación regional de derecha. Iber Mamani, otro de los coordinadores de la jornada y referente migrante, señaló que el gobierno de Rodrigo Paz se dedica a «aplicar medidas represivas contra quienes se movilizan, de rifar las empresas estratégicas y los recursos naturales” para generar una crisis que beneficie a las corporaciones transnacionales a través de lo que define como la «Agenda Trump».
A esta tensión se sumó una grave denuncia que impacta directo en la política local: acusaron al gobierno de Javier Milei de intervenir en el conflicto mediante el envío de material antidisturbios y gases lacrimógenos bajo la figura de «ayuda humanitaria».
Mamani enfatizó: «Sabemos que mandaron armas letales y así como lo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad». César Vilca reforzó esta idea afirmando que «el imperio nuevamente usa sus lacayos de Sudamérica y Javier Milei es uno de los que se ha prestado para mandarle gas lacrimógeno, armamento bélico a Rodrigo Paz».
Como contraste internacional, días antes, miembros de la «Alianza Escudo de las Américas» emitieron un comunicado conjunto de respaldo firme hacia el gobierno de Paz, expresando su «profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia».
El despojo territorial y el cuerpo del campo en la ciudad
Uno de los detonantes de las protestas, que mantienen las rutas bolivianas bloqueadas, se centra en el rechazo a la Ley 1720 de «conversión de tierras». Para los manifestantes, esta norma pone en venta las tierras comunitarias. Cesar Villcac, miembro de la organizacion coordinadora e integrante de la organización social Tupak Katari, explicó que esa ley es impulsada por sectores terratenientes, como Branko Marinković, uno de los mayores terratenientes de Bolivia, y advirtió que son «formas de quitarle las tierras a esas pequeñas comunidades que garantizan la seguridad alimentaria».
Arrebatarles las tierras a las comunidades originarias no solo es una disputa legal, sino que afecta directamente a los sectores del área rural y a la identidad plurinacional que se venía desarrollando. En este sentido, Tatiana Quispe, referenta comunitaria, subrayó que para frenar este saqueo es necesario «romper una estructura colonial y poder construir desde una mirada del campo hasta las ciudades».
En este contexto, el rol de las mujeres originarias y campesinas se vuelve el principal motor de resistencia. «Porque acá la palabra y el cuerpo la pone en las que venimos del campo y no es fácil para nosotras venir a la ciudad y tomar el micrófono», dijo Quispe, con una emoción evidente.
Como subraya ella misma, en la primera línea defensiva se erige la «mujer de pollera», motor histórico de las luchas campesinas. Por eso, agredirla con gases y balas no es un mero daño colateral; según Pomacusi, es atacar «una identidad comunitaria colectiva y ancestral […] y a una historia de resistencia ancestral».
Dignidad, luto y la distancia
A diferencia de movilizaciones anteriores, esta vez las agrupaciones migrantes decidieron convocar de manera autónoma. Abraham Alcón, comunicador de Radio La Voz, sintetizó el peso político y humano de la jornada: «Nosotros como bolivianos, como migrantes, como sujetos indígenas, somos un sujeto político acá en la Argentina».
Para finalizar, María Pomacusi relató que seguir la represión desde el exterior «produce muchísima impotencia, por no poder abrazar a nuestros seres queridos ni acompañarlos directamente para hacer frente al neoliberalismo. El pueblo boliviano está dando una lección de dignidad a Latinoamérica».
