Acorralado por una crisis económica derivada de la escasez de combustible, el alza inflacionaria y una política que según los sindicatos atenta contra la estabilidad laboral, el presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira atraviesa una de sus peores momentos desde que asumió hace apenas seis meses. Se vio obligado a negar su eventual renuncia, dio curso al aparato represivo para contener el conflicto social, amenazando incluso con la cárcel; y acusó a sectores vinculados con Evo Morales para encontrar una explicación al jaque político que enfrenta.
“Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar”, avisó el viernes el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa. “Nuestra lucha es contra esos poderes, principados y potestades del mal que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, dijo señalando elípticamente al expresidente. “El gobierno y la derecha boliviana repiten desde hace tiempo que soy un cadáver político y que no tengo capacidad de movilizar a nadie. Sin embargo me siguen culpando de todos los problemas del país”, cuestionó Evo desde su cuenta de X.
El conflicto que movilizó a sindicatos y organizaciones campesinas en una huelga por tiempo indeterminado exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz, estuvo atravesado por una avanzada de la Justicia contra el expresidente que en los últimos días pidió 20 años de cárcel por la denuncia por supuesta trata y el gobierno instaló la discusión acerca de su posible detención.
Evo consideró a través de sus redes que las manifestaciones responden a la “rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores”, aunque efectivamente hubo sectores que lo apoyan que promovieron marchas hacia la capital, sumándose a la escalada de protestas simultáneas que paralizan el país.
La huelga convocada por Central Obrera Boliviana (COB) cumplía este domingo casi dos semanas. Los pedidos van desde aumentos salariales y la estabilización de la economía hasta la no privatización de empresas públicas. A pesar de algunos intentos fracasados de diálogo, el conflicto se mantiene estancado tras el rechazo gubernamental a las 111 demandas del pliego anual presentado por la COB, organización que representa a 70 sindicatos en todo el territorio nacional.
El gobierno sostuvo que los bloqueos provocan efectos económicos como el retraso en el transporte de mercancías, alimentos retenidos en carreteras y evacuaciones de emergencia en algunas zonas afectadas por las protestas. La tensión política y social se intensificó en el departamento de La Paz, sede del Gobierno, donde las protestas comenzaron a generar desabastecimiento de productos básicos, incremento de precios y dificultades en el transporte de alimentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto.
Las movilizaciones de indígenas y campesinos surgieron de manera inicial en rechazo a la Ley 1720 relacionada con la conversión de pequeñas propiedades agrícolas en medianas. Se alinearon además a las demandas de la COB y luego algunos dirigentes rurales comenzaron a exigir la renuncia del presidente Paz Pereira.
A la protesta se sumó la denominada «Marcha por la Vida para Salvar Bolivia» que inició el martes con cientos de seguidores de Evo Morales y que partió desde la población de Caracollo, en el departamento de Oruro rumbo a La Paz, en demanda de soluciones a la crisis económica y el abastecimiento de combustibles. Todo con un marco de fondo de represión policial, choques entre manifestantes y policías, gases lacrimógenos y corridas.
El prolongado bloqueo comenzó a afectar el abastecimiento de carne, pollo y otros alimentos esenciales, por lo que el Ejecutivo organizó vuelos para transportar productos hacia el occidente del país y mitigar la escasez.
Ante este panorama, el presidente Rodrigo Paz afirmó el viernes que existe un intento de “desmontar” al Estado democrático tras bloqueos y protestas que exigen su renuncia, y aseguró que el proceso en el país “es irreversible”. Durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026, el mandatario advirtió consecuencias legales contra quienes intenten quebrar el orden constitucional. “Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”.
El presidente apeló a sus redes sociales para afirmar que su Gobierno se encuentra “fortalecido” y convocó a los dirigentes y bases a un proceso de reconciliación, acusando a algunos líderes sindicales de no hablar con la verdad.
Además de la crisis energética, Bolivia pasa por su peor trance económico en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.
Evo denuncia que quieren «detenerlo o matarlo»
El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de Rodrigo Paz de coordinar junto con los Estados Unidos “una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano”, para detenerlo o matarlo, y en la denuncia, presentó una supuesta conspiración en la que participa el presidente argentino, Javier Milei.
En sus redes sociales, Evo señaló a los “impulsores” de esa acción de detención o asesinato al “exministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -que se fugó a Miami tras la Masacre de Octubre Negro (2003)- Carlos “Zorro” Sánchez Berzaín; y el vice de Defensa Social, Ernesto Justiniano, que se encuentra en Washington”.
Para generar un clima previo, afirmó Evo, el gobierno aplica “una intensa campaña de difamación, insultos y acusaciones sin pruebas, con el asesoramiento de extranjeros expertos en guerra sucia y fake news (noticias falsas), como el argentino Fernando Cerimedo enviado a Bolivia por el derechista Javier Milei y cuyas operaciones sucias ya fueron reveladas por periodistas bolivianos honestos”.
Esta semana, la Fiscalía de Bolivia confirmó que solicitará una pena de 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por un delito de trata de personas con agravante, en el marco de la causa judicial por su relación con una entonces menor de edad durante el final de su etapa presidencial. En ese marco, ni Evo ni la madre de la supuesta víctima justificaron de modo adecuado su ausencia en los tribunales de Tarija. “No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal», reclamó el exmandatario en un mensaje, mientras en el gobierno afirman que debería ser detenido. Evo se encuentra oculto en algún lugar del Trópico de Cochabamba.
