El Gobierno de Bolivia descartó decretar el estado de excepción pese a la escalada de violencia registrada en La Paz y optó por reforzar el despliegue militar y policial para contener nuevas protestas, restablecer el orden público y capturar a los responsables de los disturbios.

La decisión fue asumida luego de una reunión de evaluación entre autoridades del Ejecutivo, mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, tras una de las jornadas más convulsas que enfrenta el país desde el inicio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, cuya renuncia es exigida por sectores sindicales, campesinos y grupos vinculados al exmandatario Evo Morales (2006-2019).

En ese contexto, las fuerzas de seguridad de Bolivia detuvieron a más de un centenar de personas en el marco de las fuertes protestas y huelgas que están teniendo lugar en el país y con las que miles de personas buscan expresar su rechazo al Gobierno de Paz y la falta de políticas que contribuyan a paliar la crisis económica.

La Policía indicó que gran parte de los detenidos han sido arrestados después de enfrentarse a los agentes de las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad de La Paz, donde se concentraron la mayoría de las manifestaciones y marchas de las últimas jornadas.

Así, ha explicó que en la zona se registraron una serie de disturbios, y acusó a los manifestantes de hacer uso de explosivos y objetos contundentes contra los agentes policiales, que respondieron con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. «En ese contexto, se han realizado múltiples detenciones en distintos puntos de la ciudad», aclaró la Policía, según informaciones del diario ‘Los Tiempos’.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el Ejecutivo aplicará “duras y estrictas” medidas contra quienes protagonizaron saqueos, ataques a bienes públicos y privados, agresiones a civiles y enfrentamientos con la Policía en el centro paceño, pero descartó recurrir a mecanismos extraordinarios contemplados en la Constitución Política del Estado.

“No hay posibilidad de un estado de excepción. No lo vamos a dictar”, afirmó Oviedo, quien atribuyó los hechos de violencia a grupos movilizados provenientes del Chapare en el departamento central de Cochabamba, bastión político de Morales, informó Xinhua.

La movilización del lunes, que reunió a sectores campesinos, mineros, maestros rurales, fabriles, miembros de los llamados “Ponchos rojos” y marchistas afines a Morales, derivó en incendios de vehículos policiales, destrozos en oficinas públicas y comercios, además de agresiones a transeúntes y agentes de la policía.

El país transita la tercera semana de protestas en La Paz, con la participación de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana y a los que se sumaron mineros y profesores, además de activistas y grupos indígenas, entre otros. De momento, al menos cuatro personas murieron en el marco de estos disturbios.

Denuncia ante la OEA

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunció que este miércoles presentará una denuncia ante la OEA por lo que calificó como un “atentado contra la democracia y la estabilidad política”, en referencia a los disturbios ocurridos el lunes durante una protesta impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exmandatario Evo Morales que reclaman la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.

Además de calificar de «absurda» la posibilidad de que el presidente renuncie, como piden los sectores movilizados, el ministro de Exteriores adelantó que el Gobierno denunciará ante la OEA una supuesta “estrategia desestabilizadora” vinculada al expresidente.

“La comunidad internacional tiene que saber que el señor Morales está en un ánimo desestabilizador y de ruptura del orden democrático”, afirmó el funcionario, según consignaron medios locales.

“Tenemos que denunciar este atentado contra la democracia y la estabilidad política que está llevando adelante ese conjunto de movilizaciones”, agregó e informó que el Ejecutivo expondrá la situación boliviana ante la Asamblea de la OEA y solicitará el envío de una misión internacional para verificar el contexto de conflictividad y violencia registrado en los últimos días.

BB con Europa Press y NA