El escenario de conflictividad social y política que mantiene en vilo a Bolivia, con epicentro en la ciudad de La Paz, sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras la irrupción del expresidente Evo Morales. En declaraciones públicas, el líder cocalero planteó que la única salida institucional viable para «pacificar» el país es convocar de manera urgente a elecciones nacionales en un plazo de 90 días, amparándose en el estado de ingobernabilidad que atraviesa la actual administración.
La propuesta de Morales apunta directamente a la línea de flotación del Palacio Quemado, al calificar al mandatario Rodrigo Paz como un «presidente por accidente». Según el análisis del exjefe de Estado, el actual gobierno carece de estructura política propia, de un programa económico claro y de legitimidad para contener las masivas movilizaciones de sectores obreros, campesinos, fabriles y docentes que reclaman la dimisión del Ejecutivo.
En su embate, Morales desnudó además la profunda fractura interna que paraliza la gestión oficial, revelando que el presidente Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, ni siquiera se hablan ni se saludan. De acuerdo con el dirigente del MAS, la gobernabilidad se rompió por completo luego de que el mandatario le quitara atribuciones constitucionales a su propio vice mediante decretos, configurando un escenario de virtual abandono y colapso institucional que, por vía constitucional, habilita el llamado a las urnas en un trimestre.
No obstante, la audaz jugada de Morales para posicionarse como el gran articulador de la tregua social choca contra sus propios límites legales y la resistencia de amplios sectores de la oposición. El Tribunal Constitucional de Bolivia y la propia Carta Magna ratifican que el dirigente de los trabajadores del trópico está inhabilitado de manera absoluta para postularse de nuevo a la Presidencia, dado que ya cumplió con el límite estricto de dos mandatos permitidos en el país.
El planteo de acortar los mandatos y acelerar el cronograma electoral asoma en un clima de extrema polarización, donde las protestas callejeras amenazan con desbordar la capacidad de respuesta del debilitado gobierno de Paz. Mientras el oficialismo se debate en el aislamiento político, la propuesta de Morales traslada la disputa al terreno de la legalidad institucional, buscando capitalizar el descontento de las bases populares en una carrera contrarreloj por el poder.
