“El Alto de pie, nunca de rodillas”. El estribillo de batalla pesada identifica a la plebeya ciudad altiplánica a más de 4000 metros sobre el nivel del mar desde las jornadas de fuego de la Guerra del Gas en 2003, cuando los combativos alteños pusieron el cuerpo para echar al presidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada. Más de dos décadas después de aquella gesta, las calles de la capital aymara del planeta vuelven a crujir. Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde los años ochenta: con las reservas de dólares agotadas, una inflación galopante y la eliminación de los subsidios a los combustibles, el gobierno derechista de Rodrigo Paz decidió responder a la marea humana que baja del altiplano con un “sicariato gubernamental” que incluye persecución penal a la dirigencia obrera y bonos de 3000 bolivianos para incentivar la represión policial.
En medio de movilizaciones, gases, dinamitazos y bloqueos que cercan la hoyada de La Paz, la voz de Quya Reyna (seudónimo literario de Reyna Maribel Suñagua Copa) emerge con la lucidez de la cronista que conoce las entrañas del Altiplano. Nacida y criada en El Alto, integrante del grupo indianista-katarista Jichha y el colectivo Las Martinas, la comunicadora sacudió la literatura boliviana con Los hijos de Goni, un deslumbrante artefacto transgénero —crónica, diario, manual de supervivencia— publicado originalmente en 2022 por Sobras Selectas y editado recientemente en Argentina por Cerro Amarillo Ediciones. En diálogo con Tiempo Argentino desde Santa Cruz de la Sierra —su actual trinchera residencial—, Reyna desarma la coyuntura con una mirada íntima y política que esquiva la sociología de escritorio para narrar la era pos-MAS: un escenario fracturado donde los liderazgos tradicionales quedaron en el pasado y el pueblo movilizado redefine su supervivencia colectiva.
–En Los hijos de Goni narrás cómo el neoliberalismo y el racismo de los años noventa y el 2003 marcaron a fuego a las familias alteñas. Ahora, con Rodrigo Paz aplicando un duro ajuste, ¿sentís que El Alto está viviendo un déjà vu o esta crisis tiene componentes nuevos para tu generación?
-No es un déjà vu del 2003. En ese entonces yo era muy niña y quizá veía todo desde una percepción reducida de la infancia. Pero si hacemos una revisión histórica, las condiciones sociales y políticas no eran las mismas; de hecho, lo que estamos viendo ahora se parece mucho más al 2019, tanto en lo político como en lo económico y social. En lo político, vemos un escenario aún más debilitado: en la actualidad el MAS ya no existe como tal, hay una fragmentación absoluta del poder que en 2019 recién estaba iniciando. Hay una ausencia total de una izquierda sólida, consolidada, y una falta de liderazgos desde el sector popular e indígena. En lo social, el 2003 tenía una gran cohesión en torno a una agenda común: la nacionalización de los hidrocarburos, la no venta de gas y la reforma constitucional. Veníamos de una seguidilla de represión militar y exclusión histórica que terminó de explotar. En la actualidad no vemos eso porque la estructura de clases cambió. Antes, la clase media era netamente la clase mestiza-blanca. Hoy, tras 20 años, la clase media también son indios. Hay un sector popular de clase media que hoy está enfrentado a los sectores movilizados, principalmente a los campesinos. Hay una fractura territorial campo-ciudad y de clases, porque ya no es el indio contra el q’ara (blanco racista), que era la dicotomía clásica de las “dos Bolivias” disputando el poder. Hoy, si bien el poder político concentrado en el Ejecutivo sigue siendo de una oligarquía blanco-mestiza reciclada, el enfrentamiento social en las calles es indio contra indio. Las particularidades de Rodrigo Paz reflejan una réplica, un apéndice más extenso del gobierno transitorio de Jeanine Áñez: la improvisación, la sectorización y un Gabinete de élites que no tienen ningún tipo de relación con el sector popular.
–Los analistas denuncian un “sicariato gubernamental” y el ofrecimiento de bonos de Bs. 3000 -434 dólares- a los policías que repriman. El gobierno ya reconoció cuatro muertes en los bloqueos. ¿Cómo se lee esta decisión de optar por el miedo y la billetera policial antes que por el diálogo?
-Al gobierno no le interesa dialogar; no hay que ser tontos e inocentes. Su apuesta es diluir y debilitar las movilizaciones fragmentando a las organizaciones sociales. Por ejemplo, el magisterio rural demandaba un aumento de sueldo porque el Gobierno les congeló el salario en enero, pulverizándolo frente a la inflación y la quita de subvenciones. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Negoció por abajo con dirigencias paralelas un bono anual y por única vez de 2400 bolivianos para romper la huelga. Lo mismo pasa con la policía: en situaciones de crisis, las fuerzas de seguridad siempre aprovechan para pedir beneficios económicos bajo la amenaza de no salir a reprimir. Ahora, con ese bono de 3000 bolivianos en el bolsillo, salieron a reprimir con fuerza de la mano de los militares. A esto se suma el “sicariato judicial”: han lanzado órdenes de aprehensión por terrorismo contra dirigentes como Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), sembrando el temor y la persecución política. Respecto a los fallecidos, desde el grupo Jichha venimos haciendo una verificación y hasta el momento no hay informes oficiales de instituciones de Derechos Humanos que confirmen que las muertes hayan sido provocadas directamente por la represión en las movilizaciones o que se trate de manifestantes caídos en los choques, más allá de los rumores y el anuncio del gobierno. Lo real es que el miedo es la única herramienta que el Ejecutivo tiene a mano.
En las marchas que entraron a La Paz se escuchó fuerte el grito de «guerra civil» y la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz. ¿Esa consigna es un callejón sin salida o el único punto de no retorno que acepta el pueblo?
-Ahí también veo el reflejo del 2019. En el periodo 2019-2020, el Mallku Felipe Quispe y el dirigente minero Orlando Gutiérrez comandaron una movilización nacional increíble. Ellos tenían una escuela dirigencial previa, mayor experiencia y estrategia: supieron medir bien hasta dónde jalar la soga, no buscaron la renuncia ciega sino que arrinconaron al gobierno de Áñez para conseguir una fecha fija para las elecciones generales y ahí frenaron. En la actualidad, lastimosamente, los liderazgos están dispersos; hay una movilización con mucha fuerza en las bases pero sin una dirección conjunta. El pedido de renuncia a Rodrigo Paz surgió de forma impulsiva, desde la rabia, el enojo y la indignación: las decisiones económicas de este Gobierno, mediante decretos e imposiciones, están orientadas a favorecer a los sectores más ricos y a alinearse con la agenda extranjera de Donald Trump y la derecha continental. La gente no es tonta, se da cuenta. Con un Parlamento fracturado y frágil, todo el poder se concentra en un Ejecutivo que gobierna para las agendas globales y no para las necesidades locales.
–Históricamente, El Alto y las provincias indígenas han ejercido el rol de “guardián de las alturas”, decidiendo cuándo respira y cuándo no la sede de gobierno mediante el cerco a La Paz. ¿Cómo se vive internamente ese papel en tiempos de desabastecimiento?
-Lo bueno y lo malo de El Alto es que sus luchas siempre han tenido un horizonte nacional. Digo que es bueno porque tuvo la capacidad histórica de generar transformaciones para todo el país, pero digo que es malo porque El Alto necesita con urgencia una agenda regional propia. Cuando escucho los insultos y el desprecio racista que se vierte sobre los alteños y los aymaras desde otros sectores, me convenzo cada vez más de que El Alto tiene que dejar de ser ese guardián que se desangra por el resto del país. Somos nosotros los que ponemos los cuerpos, las muertes siempre suceden en la ciudad de El Alto, y no hay ninguna retribución económica ni social del Estado. El Alto fue la trinchera gracias a la cual Evo Morales llegó al poder, y a cambio solo se le dieron escuelitas, canchitas y carreteras, que no están mal, pero no hubo una planificación estructural para generar un desarrollo económico potente a largo plazo. La nueva etapa de El Alto, para salir de esta crisis, debe ser priorizar su propia región, sus provincias aledañas y sus municipios.
– El Gobierno acusa a Evo Morales de financiar las marchas y armar a los Ponchos Rojos. ¿Hasta qué punto la movilización responde a su liderazgo y cuánto hay de sublevación autónoma?
-Hace mucho tiempo que Evo Morales ya no tiene peso político en El Alto. Su base real es quechua y se encuentra en los valles del trópico de Cochabamba, en el Chapare. El Alto dejó de virar hacia el evismo; aunque exista cierta nostalgia o admiración simbólica por lo que fue su gobierno, la ciudad entendió que ese ciclo se cerró y que hay que sobrevivir sin el MAS. De hecho, Rodrigo Paz ganó las elecciones porque los alteños no querían el retorno de figuras del pasado neoliberal como Tuto Quiroga. Las acusaciones del gobierno de que Evo o el narcotráfico financian las marchas son las de una administración sin ninguna autocrítica, que necesita agitar el fantasma del MAS para infundir miedo en la población antievista y estigmatizar la protesta social. La marcha que impulsó Evo desde Caracollo es de un sector reducido y no influye en las movilizaciones autónomas de los maestros, choferes o vecinos de El Alto. Hoy, Evo Morales no tiene poder nacional.
Desde el Comité Cívico de Santa Cruz exigen declarar el “Estado de Excepción sectorizado” en La Paz y El Alto. ¿Qué te genera que las élites del Oriente vuelvan a pedir mano dura contra el Altiplano?
-Cualquier departamento que no entienda la complejidad de Occidente va a llegar a conclusiones y soluciones fáciles e ignorantes. La organización política en el Altiplano lleva décadas de transformación. Cuando Víctor Paz Estenssoro aplicó el decreto 21.060 en los años ochenta y relocalizó a los mineros, toda esa experiencia sindical se trasladó a las urbes y dio nacimiento a la organización de las federaciones vecinales de El Alto y su articulación con el campo. Entiendo perfectamente el enojo legítimo del ciudadano de a pie en La Paz por la falta de alimentos y transporte, pero estamos ante un fenómeno global peligroso: pedirles a los gobiernos derechistas mano dura, militarización y, en casos extremos, el asesinato de sectores movilizados y racializados a los que denominan “minorías”. Lo que pide la élite cruceña nace desde el racismo más profundo: para ellos, a los indios sí se los puede matar o disparar. Cuando Santa Cruz bloqueó durante más de 30 días en sus propios conflictos cívicos, nadie pidió un Estado de Sitio, porque sabían que era inhumano. El Gobierno sabe que si le hace caso al Comité Cívico de Santa Cruz y a su ignorancia sobre cómo se gobierna desde la sede de Gobierno, cometerá un error fatal.
En tu libro definís al alteño como “un plato sin receta, que se construye desde lo que hay en casa”. Frente a la peor crisis económica desde los años ochenta, ¿cómo se reinventa en el presente esa supervivencia colectiva en espacios vitales como la Feria 16 de Julio?
-Yo vivo actualmente en Santa Cruz, una ciudad que, en su enorme concentración demográfica y migratoria colla-andina, se parece mucho a El Alto, pero sigo de cerca la realidad de la feria. La particularidad de El Alto es que es una ciudad que aprendió a no parar nunca: puede haber bloqueos y paros, pero la gente se sigue moviendo y trabajando. Los lazos comerciales e internacionales que los comerciantes aymaras construyeron con China para la importación de línea blanca y productos siguen vigentes; ellos acumularon capital dinámico durante la época de la bonanza económica y tienen una disciplina muy rigurosa del ahorro, el crédito y el pago. Por eso insisto en que El Alto debe dejar de desgastarse en las agendas políticas nacionales. El poder real no viene solo de salir a bloquear las rutas y enfrentarse al gobierno de turno; el verdadero poder político de El Alto va a nacer de consolidar su poder económico. Es el momento de trasladar ese modelo de comercio e importación de la Feria 16 de Julio hacia un proyecto macro, industrial y regional que capte inversiones y le permita a El Alto, definitivamente, liderar el departamento paceño desde la autonomía de su propia fuerza.
