El Poder Judicial se negó en los últimos días a tratar los cuestionamientos contra dos políticas impulsadas por la gestión libertaria. Ni el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) ni un artículo del Presupuesto Nacional que puso en jaque al financiamiento científico. Para los jueces, ninguno de esos temas amerita tratamiento urgente.
Aunque se trata de expedientes y temas distintos, los dos cuestionamientos tienen un efecto en común: la restricción de derechos por parte del gobierno de Javier Milei.
Los respectivos cuestionamientos fueron motorizados días atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y la Justicia Federal de La Plata. Ambos habían incluido un pedido para que se habilite la feria judicial y los cuestionamientos puedan ser tratados en el marco del receso de enero.
Como los jueces que tomaron ambos reclamos optaron por el rechazo, el CELS y RAICYT presentaron nuevos pedidos para insistir con el tratamiento judicial.
El CELS había promovido a principios de mes una acción de amparo para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU 941/2025, que reformó aspectos sustanciales de la Ley de Inteligencia.
Entre los argumentos técnicos, sus representantes habían esgrimido que se trató de una norma dictada sin que el Poder Ejecutivo acreditara los requisitos mínimos que exige la Constitución, como la prohibición de usar ese tipo de decretos para dictar medidas en materia penal. Pero también habían cuestionado el hecho de que, por esa vía, se ampliaron las facultades de los órganos, agentes y personal de inteligencia para aprehender o detener personas.
La presentación judicial recayó en el juez Walter Lara Correa, que le pidió opinión al Ministerio Público Fiscal. Y una vez que el fiscal Fabián Canda dictaminó en contra de habilitar la feria para tratar el cuestionamiento, el juez decidió hacer lo propio.
Frente a esa negativa, los apoderados del CELS, Paula Litvachky y Diego Morales, con el patrocinio de los abogados Tomás Griffa, Agustina Lloret y Leonel Bazán, presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio.
El nuevo planteo busca que el juez vuelva a pronunciarse respecto de la habilitación de la feria para tratar el tema. «La decisión (de no habilitarla) nos causa un agravio serio, concreto y actual, relacionado con nuestro derecho al acceso a la justicia y a obtener una respuesta de la justicia en tiempo oportuno, en función de los especiales intereses en juego y que debe ser revisado y modificado en los términos aquí solicitados», plantearon.
Con el planteo también avisaron que si el juez vuelve a posicionarse en contra de habilitar la feria, pedirán la intervención de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que destrabe la disputa. Este martes, el Juzgado decidió volver a pedir la opinión del fiscal.
RAICYT, la organización que congrega a autoridades de institutos dependientes de Conicet, de universidades y otras instituciones científico tecnológicas también había accionado judicialmente contra el Estado Nacional. En su caso pidieron que se declare la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 27.798 y su nulidad absoluta.
Se trata del artículo del Presupuesto 2026 que dispuso la derogación de una serie de artículos de las leyes de Educación Nacional, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la ley de Educación Técnico Profesional. Al argumentar el pedido, representantes de RAICYT como Romina Gamberale y Jorge Geffner, investigadores de Conicet, con el patrocinio del abogado Jerónimo Guerrero Iraola, habían expresado que la norma objetada había suprimido «las garantías legales de financiamiento progresivo y del piso presupuestario anual».
Según ellos, las derogaciones impuestas por el Congreso, en sintonía con los deseos de la Casa Rosada, no hacen más que traer aparejadas consecuencias negativas para el sistema de ciencia y tecnología. «Esta irrazonabilidad, que trae implícito un oscurantismo en medios, fines y argumentos, es contraria a los estándares vigentes en el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos», plantearon.
Pero también recibieron la negativa judicial a tratar el pedido en la feria de enero. Fue el juez platense Ernesto Kreplak el que firmó una resolución en ese sentido, a la que accedió Tiempo. Allí explicó que la habilitación de días y horas inhábiles y feria judicial es una decisión de carácter excepcional que se debe aplicar de manera restrictiva y en casos que no admitan demora en su tratamiento.
Frente a eso, los promotores de la demanda apelaron y el juez concedió la queja. Es por eso que ahora será la Sala II de la Cámara Federal de La Plata la que definirá si convalida la decisión del juez de no habilitar la feria o si le da la razón a los demandantes.
