La autonomía universitaria, basada en un sistema de cogobierno que contemplaba la participación de docentes, estudiantes y graduados, era suprimida hace 60 años por orden de la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía, quien decretó la intervención de todas las casas de altos estudios del sistema de educación pública.
La medida intentó ser resistida en cinco facultades de la UBA, lo que ocasionó un hecho represivo denominado como “La Noche de los Bastones Largos”, y que determinó que centenares de científicos y académicos fueran despedidos y se vieran obligados a dejar el país.
Los claustros se vaciaron de prestigio y contenido por decisión de un gobierno que pretendía ejercer el control ideológico sobre las universidades nacionales como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional que buscaba combatir “la infiltración marxista”.
En la tarde del 29 de julio de 1966, Onganía promulgaba la Ley 16912 que ordenaba la intervención de todas las universidades nacionales del territorio argentino.
“La Morsa” -como se lo apodaba al jerarca del Ejército debido al frondoso bigote que exhibía-, había encabezado el golpe de Estado que un mes antes había depuesto al presidente constitucional Arturo Umberto Illia.
Desde sus primeros días, la dictadura cerró el Congreso, prohibió los partidos políticos e impuso un férreo control sobre la prensa. En ese contexto, las universidades, con un sistema de gobierno tripartito consagrado por la Reforma de 1918, eran vistas como un peligro. Las aulas de las casas de altos estudios estaban pobladas por hombres y mujeres que deseaban “subvertir el orden natural de las cosas”. Y eso debía terminar.
La UBA, que se había opuesto al derrocamiento de Illia con un comunicado firmado por su rector Hilario Fernández Long y otros 250 profesores, resolvió resistir la medida y desconocer a cualquier autoridad que no emanara de la autonomía y el cogobeirno.
“En esos años había dos corrientes políticas en la vida universitaria. Estaban los humanistas, que tenían una orientación nacionalista y católica, y los reformistas, que estaban identificados con la izquierda. Fernández Long era un humanista y se portó muy bien ante la orden de intervención”, señaló, en diálogo con Tiempo Argentino, Raúl Timerman, consultor político que cuando se produjo la noche de Los Bastones Largos cursaba la carrera de Química en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
La orden del gobierno fue clara. Los rectores debían convertirse en interventores bajo la órbita del Ministerio de Educación. Aquellos que no estuvieran de acuerdo, debían presentar sus dimisiones en 48 horas y aceptar sin chistar el nuevo estado de cosas que se impuso en el mundo universitario.
Las autoridades legítimas de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, el Litoral, La Plata y Tucumán decidieron irse o fueron removidas, mientras que en casas de estudios como las del Sur, Noreste y Cuyo se resolvió acatar la orden de la dictadura.
Ese viernes 29 de julio por la tarde, en las sedes de las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA, estudiantes, docentes y graduados se congregaron para resistir ese decreto.
“Nos congregamos en asamblea en un aula vidriada que daba al patio. La Guardia de Infantería tiró gases lacrimógenos y rompieron los vidrios. Tuvimos que salir y a varios compañeros y docentes les pegaron y muchos terminaron lastimados”, recordó Timerman.
Esos hechos sucedieron en la sede de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicada entre las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca y Perú, y conocida como la “Manzana de las Luces”, que se convirtió en el epicentro de la represión del régimen castrense.
El general del Ejército Mario Fonseca estuvo a cargo de una acción policial para ocupar la Manzana de las Luces que se denominó «Operativo Escarmiento», con el cual se propició en horas de la noche el ingreso violento al edificio donde se ejerció una represión a bastonazo limpio contra la comunidad académica que se encontraba en el lugar.
Con ese despliegue, los militares se cobraron un hecho ocurrido en octubre de 1965, durante una parada llevada a cabo en Perú y Diagonal Sur para conmemorar el 51ª aniversario de la muerte del expresidente Julio A. Roca.
Ese día, desde el techo de la Facultad de Exactas, estudiantes lanzaron monedas y profirieron cánticos contra la formación militar. Una afrenta que los mandos del Ejército no podían dejar pasar.
Tras hacerse con el control del edificio, los uniformados hicieron salir a los docentes y estudiantes por el medio de dos hileras de policías que los golpeaban con saña. Hubo 400 detenidos.
“Nos subieron a los furgones de la policía y nos llevaron en grupos a varias comisarías. A mí junto a otros compañeros me llevaron a la 22ª que estaba cerca del Puerto. Estuvimos presos hasta el domingo a la mañana y después nos largaron”, agregó el hoy director de La Sastrería, una conocida empresa de comunicación de consultoría política.
Un golpe a la calidad educativa
Decanos y vicedecanos se alejaron de las casas de altos estudios y comenzó un exilio de más de 300 científicos que dejaron el país acusados de “comunistas”, mientras eran recibidos en prestigiosas instituciones del mundo occidental.
Laboratorios que hacían ciencia aplicada fueron desmantelados y emisarios de universidades de Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay recorrían Buenos Aires a mediados de 1966 en busca de los académicos que habían sido removidos por el régimen.
Así, la UBA, que en 1957 había recuperado su autonomía, vio interrumpido un proceso de expansión académica y educativa durante el cual se crearon editoriales como Eudeba, el Instituto de Cálculo que operó la primera computadora que llegó al país y se crearon carreras como Economía, Psicología, Sociología, y Educación.
“Desde 1957, con la recuperación del cogobierno, la UBA vivía un proceso muy dinámico y de características de vanguardia. Hubo un gran desarrollo científico y una política muy amplia de extensión. Todo eso fue arrasado por una concepción propia de la Guerra Fría que entendía que las Universidades eran nidos de comunistas”, subrayó a Tiempo Argentino Pablo Buchbinder, doctor en Historia, investigador del Conicet y coordinador del Programa de Historia y Memoria de la UBA.
“Por esta Facultad entran 12 mil personas por día, por eso le pedí a la Policía Federal que elabore un plan de seguridad. No creo que sea una cuestión de restricción a la libertad de pensamiento sino una cuestión de orden”, declaró por esos días de 1966 Federico Frieschknecht, quien fue designado por entonces como decano de Ciencias Económicas.
Así, policías vestidos de civil empezaron a recorrer los pasillos y las aulas. Un clima represivo iba a instalarse en las universidades nacionales. Era un mecanismo de control ideológico que se profundizaría con la irrupción del terrorismo de Estado, en 1976, cuando una larga noche de oscurantismo se cernió sobre los claustros. «
