Contaminación ambiental, desplazamiento de pueblos nativos, negocios con dictaduras criminales, juicios por violaciones a los Derechos Humanos y hasta incidentes militares en China marcan hitos históricos de la petrolera británica Harbour Energy que desembarcó en tres provincias argentinas pese a que lo tiene prohibido al haber operado ilegalmente en yacimientos de las Malvinas por encargo del Gobierno colonial de las islas y sin permiso del Estado nacional.
Los antecedentes de la multinacional británica, a su vez, evidencian el desapego y falta de compromiso del gobierno nacional y los provinciales de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego con la soberanía sobre las Islas Malvinas: no sólo ocultaron su problemático pasado sino también su ilegalidad para operar en la Argentina.
Harbour Energy es la continuidad jurídica, societaria y operativa de Premier Oil Plc, que cambió su nombre en 2021 tras unirse con la petrolera Chrysaor Holdings según confirman documentos oficiales del Reino Unido y la Argentina revelados por Tiempo Argentino. Antes de la fusión, operó ilegalmente entre 2012 y 2022 en el yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas, pese a ser advertida y sancionada por el gobierno nacional en 2013, y condenada por la Justicia Federal en 2015.
Premier/Harbour regresó al país en 2024 gracias al régimen de los libertarios y de inmediato la Casa Rosada le concedió exenciones impositivas y aduaneras por 30 años; Neuquén la aceptó como operadora en dos bloques de Vaca Muerta; Tierra del Fuego la sumó al off shore de la Cuenca Marina Austral, y Río Negro le permitió sumarse al consorcio Southern Energy para la licuefacción de gas natural de exportación con dos buques alquilados en sociedad con YPF, Pampa Energía, PAE y Golan LNG.
Premier Oil, Chrysaor Holdings y Harbour Energy reúnen un historial conflictivo que se remonta hasta principios de siglo en Birmania, el Mar del Norte y una zona en el Mar de la China disputada por Indonesia y Beijing, según pudo reconstruir este medio gracias a fuentes directas, archivos periodísticos y rastreo de documentos públicos con herramientas de Inteligencia Artificial con chequeo cruzado.
El caso más sonoro es el de Premier Oil Plc, que abandonó Birmania en 2002 por presiones del gobierno y el Parlamento británico, organizaciones de Derechos Humanos y accionistas individuales por su involucramiento en crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura birmana, de la que Premier era socia desde 1992.
The Burma Campaing UK, Earth Rigths International y The World Development Movement (ahora llamada Global Justice Now) fueron las organizaciones que denunciaron en Londres los crímenes cometidos en Birmania (rebautizada como Myanmar por la dictadura) durante la construcción de los gasoductos submarinos y terrestres de Yadana y Yetagun, este último a cargo de Premier Oil.
Con testimonios, documentos y filmaciones, las organizaciones probaron miles de asesinatos, secuestros, torturas, violaciones masivas y esclavismo contra habitantes de pequeños pueblos de la provincia de Tanintharyi por donde pasaba el gasoducto. Los pobladores fueron desplazados y sus hogares quemados a fin de dejar la tierra libre al gasoducto. Los crímenes estaban a cargo del Ejército birmano, contratado por las petroleras para “garantizar la seguridad de las obras”, según probaron las denuncias judiciales.
Los detalles se supieron en Nueva York antes que en Londres durante un proceso histórico que juzgó a la petrolera estadounidense Unocal (contratista de los gasoductos) por delitos cometidos en el extranjero. El caso se conoció como Doe vs. Unocal y jamás llegó a condena porque la petrolera propuso en 2002 un acuerdo secreto por el cual indemnizó a las víctimas y aportó decenas de millones de dólares para reconstruir las cinco aldeas arrasadas: Ka-la-theh, Migyaunglaung, Ohnbinkwin, Daminseik y Anbauk.
En Londres no hubo justicia pero el escándalo fue tan grande que llegó al Parlamento: “Le dijimos a Premier Oil que acogeríamos con satisfacción su salida de Birmania”, reveló la subsecretaria del Foreing Office, Patricia Janet Scotland, en la Cámara de los Lores.
La Cámara de los Comunes lo asumió en 1999 al aceptar un informe de la ONG “The World Developtment Movement” con denuncias de la Premio Nobel de la Paz 1991, Aun San Suu Kyi: “Premier Oil no solo apoya financieramente a la dictadura, sino que además la apoya moralmente y eso afecta nuestra lucha por la democracia”. Aun San Suu Kyi es una líder birmana que pasó décadas encarcelada por la dictadura iniciada con un golpe militar en 1962. Actualmente sigue presa.
Las denuncias escalaron hasta un escrache interno a los directivos de la firma durante una asamblea general en abril de 2002; en mayo el diario liberal The Guardian reveló que “el gabinete exigió a Premier Oil que abandonara Birmania”, cosa que finalmente hizo en septiembre sin reconocer relación con los crímenes, pero aceptando que pudieron existir “algunos casos aislados”.
Por su parte, la petrolera británica Chrysaor Holdings, unida en 2022 a Premier para crear Harbour Energy, ostenta un escandaloso registro de incidentes ambientales en el Mar del Norte con derrames contaminantes, además de fugas de gas y deficiencias en la prevención de incendios y manejo de sustancias inflamables desde 2016.
Los organismos británicos de regulación e inspección del off shore en el Mar del Norte (NSTA, HSE y OPRED) contabilizan oficialmente al menos 38 incidentes ambientales y de seguridad, con multas por hasta 4,525 millones de libras, equivalentes a 6,120 millones de dólares.
Entre 2016 y 2022 las plataformas de Chrysaor en el Mar del Norte sufrieron dos derrames de 1,5 toneladas de petróleo, seis derrames de 1.750 litros de aceite hidráulico; dos derrames de mil litros de fluidos de perforación; tres fugas de una tonelada de sustancias químicas y siete fugas de gas con riesgo de incendio, entre otros incidentes.
Según datos del organismo británico a los que accedió Tiempo, las principales fallas fueron riesgos estructurales en las plataformas, detecciones de fugas, monitoreo ambiental, sistemas de alarmas preventivos y fallas eléctricas con riesgo de incendio.
Pero el caso más alarmante fue el de la plataforma “Lomond”, que dos veces fue evacuada por riesgo de explosión a causa de fugas masivas de gas en diciembre de 2018 y de 2019.
Ya con su nuevo nombre, entre el 12 y 17 de octubre de 2024 Habour Energy causó un incidente militar entre Indonesia y China, cuando su buque HE-7 realizaba prospección sísmica en cercanías del archipiélago de las Natuna, una zona del Mar de China meridional cuya soberanía disputan Beijing y Yakarta.
El jueves 12 por la mañana un guardacostas chino interceptó al HE-7 y le ordenó retirarse de la zona, pero el barco de Harbour desobedeció y pronto fue rodeado por buques patrulleros indonesios de manera amenazante contra el guardacostas chino.
Pero el alerta rojo se encendió cuando el portaaviones estadounidense USS Nimitz junto con tres destructores, un crucero, un submarino nuclear y un buque logístico abandonaron sus juegos de guerra en Taiwán y pusieron proa a la zona de conflicto con el argumento de “garantizar la libertad de navegación” y frenar “la expansión naval china”, según la comunicación oficial.
Según el diario China Daily y la agencia Xinhua, Beijing acusó a Yakarta y a Harbour Energy de ser “instrumento de una provocación al realizar actividad petrolera en zona de disputa con presencia militar extranjera”. La crisis cesó el martes 17 con un acuerdo por el cual Indonesia retiró a sus patrulleros y al HE-7, China regresó a puerto a sus guardacostas y los estadounidenses volvieron a sus juegos de guerra tras garantizar, a su juicio, la “libertad de navegación” en aguas soberanas de la China. «
El hombre detrás de Premier y Harbour
Roy Franklin es un hombre de acción. En el barrio dirían que “va al frente” y se despreocupa por las consecuencias de sus actos. Roy es un símbolo de la petrolera Premier Oil sancionada por la Argentina tras operar ilegalmente en las Malvinas y que ahora quiere hacerlo en la Patagonia camuflada bajo el nombre de Harbour Energy.
Roy Franklin es desde 2022 presidente no ejecutivo de Harbour Energy, justamente el mismo cargo que disfrutó antes entre 2013 y 2021 en Premier Oil Plc.
Pero sucede que entre 2009 y 2013 lo había sido de Rockhopper Explorations Inc, la británica que descubrió el yacimiento de Sean Lion en Malvinas, obtuvo la licencia de explotación del Gobierno colonial kelper y le vendió el 65% a la Premier Oil que pronto iba a presidir.
A la vez que presidía Rockhopper Explorations y Premier Oil Plc, Franklin dirigió “Cuadrilla Resources”, empresa especializada en la extracción de gas por fractura hidráulica.
Tan exitoso resultó, que el Gobierno utilizó su caso como argumento para prohibir el fracking en el Reino Unido. Entre 2012 y 2020 su empresa Cuadrilla Resources produjo derrames, contaminación de napas y microsismos que alcanzaron a 2.9 grados Richter en un pozo de Lancashire en 2019.
En 2011 ocasionó dos microsismos en el pozo de Blackpool, también Lancashire. En 2013, frente al pozo Balcome, de Sussex, hubo una represión que terminó con 100 detenidos y 10 hospitalizados en protestas por los microsismos y contaminación de napas que causaba su empresa.
En 2015, en Roseacre, el Consejo del Condado ordenó su expulsión por los potenciales daños ambientales y paisajísticos que anticipaban los antecedentes de Roy Franklin.
