El sector ambiental vive su momento más crítico de los últimos años. Posiblemente el peor desde los ’90. La Ley Bases, el RIGI y la sentencia de la Corte Suprema dando de baja la Causa Riachuelo fueron los primeros puntapies bajo una gestión de gobierno como la de La Libertad Avanza que descree de un Estado presente y de la crisis climática, y deposita sus esperanzas económicas en el puro extractivismo.
A esto se suman dos proyectos que se tratarán en Extraordinarias. Por un lado, la reforma de la Ley Glaciares. por el otro, el Presupuesto 2026, que trae fuertes recortes ambientales, cuyas consecuencias podrán sufrirse en años.
Ley de Glaciares
Como siempre, una reforma a una ley de avanzada como la de Glaciares (resultó de vanguardia mundial en su momento), se «justifica» en nombre de un supuesto «orden normativo». En este caso, el Gobierno presentó el proyecto para ser tratado ya esta semana en el Congreso, con el fin de «subsanar las graves falencias interpretativas” que, según cree, ocasionaron inseguridad jurídica y paralizaron inversiones productivas en áreas clave como la minería. A pesar de que hoy la minería es el sector que más dólares genera y más productividad exhibe en el país.
El Ejecutivo sostuvo que la iniciativa pretende “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. Por detrás, lo que sucede es que restringe el área bajo protección para habilitar nuevas inversiones mineras que podrían afectar ese recurso de agua dulce.
De acuerdo a la norma, sancionada hace 15 años, los especialistas científicos y ambientales marcaban y definían cuales eran los glaciares y sus zonas de influencia, encabezados por el Instituto de Nivología y Glaciología de la Argentina (INIGLA). Al ser una ley nacional, ese piso debía ser respetado por todas las jurisdicciones. Ahora se saca de escena a la ciencia y pasa a ser una potestad para los gobiernos provinciales interesados en la explotación minera, como San Juan y Mendoza.
Un mito clásico esgrimido por empresarios, lobbystas y gobernadores es el repite y repite que la Ley de Glaciares prohibe la extracción minera en gran parte del territorio argentino. Pero el inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dice otra cosa.
En junio del 2018, ocho años después de sancionada la Ley 26.639, publicó el primero y actualmente trabajan en la actualización de la región de los Andes Centrales (San Juan y Mendoza), cuya finalización se prevé para el primer semestre de 2026.
“Según los resultados del ING, en 2018 se identificaron en la cordillera de los Andes 5.769 km² de hielo, de los cuales 674 km² corresponden a glaciares de escombros. De esta forma, los cuerpos de hielo identificados en el ING representan aproximadamente el 1% de la superficie de la Cordillera y, por ejemplo, sólo el 0,8 % de la superficie de la provincia de Mendoza«.
No solo la Ley de Glaciares impacta en una superficie ínfima del territorio argentino (menos del 1% de la Cordillera), sino que encima esa superficie se está achicando por factores climáticos y del accionar de las personas y empresas: «En la actualización de la región de los Andes Desérticos se observó, en un período cercano a diez años, una reducción del 17 % en la superficie con glaciares y del 23% en los manchones de nieve perennes, poniendo de relieve cambios significativos en estas reservas estratégicas de agua”.
Una intención oficial es desproteger los ambientes periglaciares. Pero el informe de las organizaciones destaca que el ambiente periglacial es uno de los componentes más invisibilizados y, al mismo tiempo, más determinantes del sistema hídrico andino: «Lejos de ser un espacio marginal, concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie y que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña».
Diversos estudios científicos demuestran la importancia del ambiente periglacial en el ciclo hidrológico y sostienen que centrarse en los glaciares de escombros, simplemente porque son reconocibles con mayor facilidad que otros componentes del ambiente periglacial, «ofrece una visión sesgada del rol hídrico del ambiente periglacial y puede subestimar la cantidad de hielo subterráneo presente en una cuenca».
La ciencia es clara en tres puntos fundamentales: el ambiente periglacial almacena hielo donde no parece haberlo; actúa como un regulador hídrico de largo plazo; y su aporte es decisivo en provincias áridas. Paradójicamente, las mismas provincias cuyos representantes hoy hacen fuerza para quitar a la Ley de Glaciares.
El Presupuesto 2026 y los recortes a las políticas ambientales
A la Ley de Glaciares se le suma el Presupuesto 2026. El proyecto enviado por la Presidencia de la Nación convalida recortes sustantivos en áreas clave como ambiente, educación, salud, ciencia y cultura. Mientras se destina un 9,5% al pago de la deuda, partidas claves para el cumplimiento del derecho a un ambiente sano caen hasta un 92,8%.
El análisis del proyecto por parte de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) revela que la dimensión ambiental se aborda de manera fragmentada, reducida a acciones puntuales, sin una mirada integral y transversal: «Esta mirada limitada no incorpora principios preventivos ni adaptativos, acorde a la crisis climática actual».
Además, el mensaje de remisión explicita que durante 2026 el Gobierno prevé una reducción en la recaudación del impuesto de bienes personales, mientras se sostienen exenciones fiscales a la minería y subsidios a los hidrocarburos.
“Es indispensable que el Congreso impulse una discusión amplia, participativa e informada, capaz de corregir los retrocesos que el proyecto actual plantea. Argentina necesita un presupuesto que fortalezca la institucionalidad pública, reduzca desigualdades y afirme un compromiso claro con el cumplimiento de derechos humanos y ambientales”, planteó Ariel Slipak, coordinador de Investigaciones en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La organización detalló algunos de los principales recortes impulsados por la motosierra «libertaria»:
- Subsecretaría de Ambiente: en 2026, de acuerdo al proyecto de ley, recibirá $51.506 millones, un 33,8% menos en términos reales que en 2025 y un 79,5% menos que en 2023, último año con ley de presupuesto aprobada.
- Protección de los bosques nativos: según el proyecto de ley, en 2026 contará con $17.468 millones, de los cuales $15.843,01 millones son del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos que debería representar 0,3% del total del presupuesto nacional, según la Ley 26.331. En el proyecto de Presupuesto 2026 son de apenas el 0,0107%, 28 veces menos de lo que corresponde y uno de los montos más bajos asignados en su historia.
- Protección de bosques nativos (II): Mientras que en 2023 se planificaba financiar 2000 planes de manejo sostenible de bosques nativos, en 2026 se prevé financiar apenas 23 planes. En 2024 estos programas no tuvieron ejecución presupuestaria.
- Manejo del fuego: la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del presupuesto nacional, contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto a 2025. A esto se suma una reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas: de 5.100 horas en 2023 (de las cuales solo se se concretaron 3.058), a 3.100 para 2026. Además, en el Congreso de la Nación buscan retroceder en la normativa sobre mecanismos preventivos.
- Minería: Para 2026, el Estado nacional dejará de percibir $595.896 millones en concepto de gasto tributario asociado a la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196). Lo que se deja de recaudar por el régimen de exenciones de la Ley de Inversiones Mineras permitirían financiar múltiples políticas públicas estratégicas: ese monto equivale a 17 veces el presupuesto asignado al fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética y 30 veces el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
