Bancarios pidieron que se investigue a la mandataria por malversación, abuso de autoridad e incumplimiento de funciones. La denuncia recayó en el Juzgado N°5 Secretaría N°9 de La Plata.
En la denuncia que ingresó al Juzgado Federal N°3 Secretaría N°9 de la ciudad de La Plata, los gremialistas solicitaron que la mandataria sea investigada malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público.
El secretario General de la Comisión Gremial Interna del Bapro (CGI-Bapro), Santiago Etchemendi, presentó formalmente la denuncia para que se investigue la responsabilidad de la referente provincial del PRO en un caso que se denunció en el programa de televisión ADN que se transmite por el canal C5N.
Los gremialistas acusan a Vidal de “desfinanciar al Bapro y utilizar de manera arbitraria una importante suma de dinero que provenía del Estado Nacional para cubrir una deuda con el Banco de la Provincia”.
El martes, en conferencia de prensa, Etchemendi informó que la presentación judicial surge a partir de un acta que firmó la gobernadora Vidal con el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso el 23 de junio de 2016.
En ese acuerdo, señalaron, “el Estado nacional se comprometió a enviar una importantísima suma para financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria registrado en los años 2015 y 2016, lo que efectivamente se concretó. Sin embargo, la CGI-Bapro tomó conocimiento que el dinero fue depositado en una cuenta del Estado Provincial pero desde allí no siguió el curso obligatorio”, indicó la fuente. Por el contrario, “detectó que Vidal emitió una Letra generando una deuda más de la Provincia en este caso con su propio Banco, lo que afecta sensiblemente su actual liquidez”.
“El Estado Nacional envía dinero para jubilaciones, pero la gobernadora utiliza ese dinero discrecionalmente para otro fin.», consideró el representante de la Asociación Bancaria. “Paradójicamente, los jubilados terminan financiando los gastos corrientes del gobierno de Vidal”, advirtió.
El representante gremial agregó que la presentación judicial “solicita que la gobernadora (Vidal) sea investigada por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público”.
Y lejos de considerarlo un hecho aislado apuntó que el desvío de fondos del Bapro “forma parte de una política de vaciamiento de la banca pública. La entidad, eslabón fundamental para el financiamiento del aparato productivo argentino, fue seriamente afectada tras la sanción de la Ley 15.008, que ataca los derechos jubilatorios del personal bancario y deslinda al Estado provincial de sostener la caja previsional”.
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