La Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP), de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), presentó ante la Justicia denuncias y pedidos de exhaustiva investigación por cuatro muertes que ocurrieron en comunidades terapéuticas de la Provincia de Buenos Aires, en el último año y medio.
Resultaron víctimas fatales Catalina de 20 años, Sebastián de 36, y dos adolescentes de 17 años, a quienes en el informe llaman Braian y Juliana, con el fin de resguardar la identidad. Aseguran que estas instituciones «son centros clandestinos de detención».
Son cuatro casos que ocurrieron en comunidades ubicadas en Escobar y Pilar que, según lo denunciado, funcionaban sin habilitación y tampoco eran controladas por el Estado. Además, algunos de estos lugares de encierro ya habían sido clausurados. Denuncian que tampoco contaban con equipos profesionales de salud mental.
La investigación de la UIP se difunde en un contexto en el que Javier Milei pretende enviar al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que está vigente en Argentina desde 2010. Esto implicaría un gran retroceso en la lucha contra la problemática más profunda que atraviesa todas las esferas de la sociedad.
Vaciamiento en Salud Mental
En esta línea, cabe destacar que una de las primeras áreas que atacó el Gobierno Nacional fue la de Salud Mental, con el desfinanciamiento y un profundo vaciamiento. Se trata de un plan estratificado para destruir todos los sistemas estatales de contención a la población.
Pablo Galfré es periodista de investigaciones y miembro del organismo de control. En diálogo con Tiempo contó sobre el trabajo que llevan a cabo: «Estamos litigando en varias causas de casos como estos; son muertes que podrían evitarse. Logramos que varias de esta llamadas granjas de rehabilitación sean clausuradas».
También dijo que la UIP está siendo financiada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y que continúan en la búsqueda de financiamiento internacional. Y explicó que la situación de las personas en esos lugares «es muy cruel», porque los usuarios «sufren graves violaciones a los Derechos Humanos de manera sistemática».
No son hechos aislados
«Al no investigar, el Estado naturaliza las muertes de personas usuarias del sistema de salud mental. No se trata de hechos aislados. El año pasado, desde la UIP denunciamos en un informe 20 muertes ocurridas en estos dispositivos de encierro durante una década: suicidios, homicidios culposos, incendios, ahogamientos y otros tipos de muertes que podrían evitarse. Sin embargo, hoy el ritmo se acelera«, denuncia la investigación.
También señala que detrás de estos expedientes no aparece un error, sino «un sistema precario en el que queda al descubierto el encierro sin control, instituciones clandestinas, jóvenes aislados, prácticas violentas naturalizadas y un Estado que llega tarde o nunca lo hace».
Los de Catalina y Sebastián son dos casos de suicidios ocurridos en 10 meses en una comunidad clausurada. Detallan que el hombre se suicidó en septiembre de 2024 y la chica en junio de 2025. Ambos casos en la comunidad terapéutica Sanar para Vivir, de Escobar, que ahora fue trasladada a Pilar, donde sigue funcionando.
Los dos fallecimientos fueron -según el informe- rápidamente archivados para no ser investigados. Se trata de una comunidad que no está habilitada, que además había sido clausurada, en la que las personas internadas vivían en un clima de sobremedicación y amenazas.
El trabajo realizado dice que los testigos aseguraron que las autoridades de la granja insultaban a Sebastián y le gritaban: “Bolsa de falopa y maricón”. También supieron que Catalina, el día anterior a quitarse la vida, escribió en su cuaderno: “Me desperté con voces en mi cabeza”.
Los testigos dijeron a la UIP que la chica lloraba, pedía ayuda y no recibía asistencia. Y que la encerraban, la empujaban, la sobremedicaban y hasta le gritaban: “estás loca, pendeja de mierda”. Finalmente, al día siguiente, se quitó la vida mientras permanecía encerrada en su habitación.
Sanar para Vivir
Otro caso es el Braian, un menor de edad que fue trasladado por el Estado de Río Negro a una comunidad clandestina -como sucede con frecuencia- ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Era un adolescente de 17 años, con retraso madurativo y obesidad severa. Falleció el primero de enero de 2026.
Sucedió luego de ser trasladado mientras padecía un cuadro de neumonía. Fue llevado desde la comunidad terapéutica Nunca Más Solos de Pilar, al Hospital Sanguinetti de ese mismo distrito: «Los dueños de la comunidad encubrieron la muerte de Braian. Además, lo dejaron abandonado y obligaron a su madre a firmar un abandono de tratamiento”, remarca el informe.
El documento que obligaron a firmar a la mamá de Braian figura en la investigación realizada por la UIP. Apuntan a Carlos Sasso como dueño de la comunidad, “adicto recuperado” y ex pareja de Daiana Lizzi, «que es amante del lujo y la vulgaridad».
«Lizzi es la dueña de la comunidad Sanar para Vivir y consumidora problemática de drogas. También sabemos que es amante de las cirugías costosas y supimos de varios viajes que realizó a París, Punta del Este y el Caribe mexicano», asegura el trabajo.
Bajo custodia del Estado
A pesar de que la institución ya había sido denunciada en noviembre de 2025 por la UIP e inspeccionada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), nunca fue clausurada. El informe profundiza en que la muerte de Braian se agrava aún más si se considera que habría sido derivado allí por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro.
El escrito sostiene que es mucho más grave cuando es el propio Estado el que encierra «a un niño en un antro dirigido por delincuentes». Tras la denuncia de la UIP, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pilar inició el pasado 27 de marzo, una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por “averiguación causal de muerte”.
Luego está el caso de Juliana. El suicidio de una menor de edad que debe ser investigado exhaustivamente. Tenía 17 años, su muerte se produjo el 2 de febrero de 2026 en la Comunidad Terapéutica Señales, de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas.
Una completa investigación
Su fallecimiento fue informado preliminarmente como “ahorcamiento”, pero la gravedad de lo ocurrido, exige «una inmediata y completa investigación». Porque se trata de una menor de edad en contexto de encierro en otra comunidad que tampoco tenía habilitación.
«Nosotros analizamos la web de la comunidad Señales y encontramos la radiografía de una institución opaca y disciplinaria: hablaba de ‘cambio de conductas y hábitos’ y de un ‘entorno controlado’. Pero no exhibía un solo profesional de salud mental identificado con nombre, matrícula y función, ni informaba habilitación sanitaria o responsables clínicos. Sólo había números de WhatsApp», asegura el trabajo.
La Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental solicitó a los Departamentos Judiciales de San Isidro y Zárate-Campana, así como al Órgano de Revisión Local (ORL) de la Ley de Salud Mental, que se investiguen de manera seria: «Estas cuatro muertes no son hechos aislados, son el emergente de un sistema de encierro que, cuando falla, se cobra la vida de las personas más vulnerables«, enfatiza el informe.
