El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca informó en su edición del 4 de mayo de 1976 que “cuatro delincuentes subversivos” habían sido abatidos por uniformados en un área rural cercana a la ciudad. Dos de ellos fueron identificados como Mario Waldino Herrera y Néstor Farías, militantes de Montoneros secuestrados días antes en Buenos Aires y trasladados a La Escuelita, el centro clandestino de detención que funcionó bajo la órbita del V Cuerpo, donde fueron salvajemente torturados.
Se trataba, en rigor, de una noticia falsa sobre un enfrentamiento fraguado por las fuerzas del orden, una práctica en la cual ese medio de comunicación, entonces propiedad de la familia Massot, incurrió de forma habitual durante los años del terrorismo de Estado con “un lenguaje que legitimaba la represión ilegal”, según se comprobó en posteriores investigaciones judiciales.
Vicente Massot, director del diario durante décadas, fue acusado de haber participado en los secuestros y desapariciones de los trabajadores gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, delegados gremiales ante la patronal de La Nueva Provincia.
Massot, un activo propagandista de la última dictadura, quedó sobreseído de esos hechos en 2023 por el juez federal Walter López Da Silva. Esa decisión fue apelada por Ministerio Público y su resolución todavía está pendiente en instancias superiores.
En dos sentencias formuladas en procesos por delitos de lesa humanidad, se ordenó que el diario rectifique esas informaciones sobre detenidos desaparecidos que eran muertos en acciones arma-das contra militares que no habían existido.
Sin embargo, las resoluciones aún no están firmes y las correcciones están pendientes, mientras la medida es resistida por la prensa tradicional y los actuales dueños de la publicación (renombrada hoy como “La Nueva”) intentan despegarse de la postura editorial que avaló el plan sistemático de violación de los Derechos Humanos desarrollado en la última dictadura cívico-militar.
La rectificación de un medio como acto «reparatorio»
El pasado 26 de diciembre, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca emitió un veredicto en el juicio de lesa humanidad de la denominada Megacausa de la Zona V. Un proceso oral y público que se exten-dió por casi cuatro años en el que 31 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad a distintas sentencias.
A solicitud del Ministerio Público Fiscal y de la querella que representó a la Agrupación HIJOS, el Tri-bunal dispuso que el diario La Nueva Provincia publique rectificaciones como actos “moralmente reparatorios” sobre detenidos (entre los que se incluyen los nombres de Herrera y Farías) que, según informaciones publicadas por ese diario, habían sido abatidos en enfrentamientos, cuando en reali-dad habían sido personas secuestradas, torturadas y fusiladas en el centro clandestino de La Escuelita.
“La idea es reconstruir la verdad histórica sobre mi padre, que no puede quedar en manos del relato apologista que construyó un medio de comunicación que avaló a la dictadura”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino Lucía Herrera, hija de Mario Waldino Herrera, periodista y militante asesinado por efectivos militares en medio de la represión ilegal.
Herrera se había desempeñado en medios como Conformado, Análisis, la Agencia Saporiti y en la Editorial Atlántida. Militaba en la Juventud Peronista y luego se sumó a Montoneros. Fue secuestrado en Capital Federal el 19 de abril en 1976, cuando tenía 30 años.
A Mario lo trasladaron a la Escuelita, en Bahía Blanca, donde padeció tormentos por parte de sus captores. Lo fusilaron y su cuerpo apareció en un paraje de la Ruta 51, a 20 kilómetros de la ciudad.
La Nueva Provincia informó que había muerto en un enfrentamiento cuando en realidad lo fusilaron, al igual que a Néstor Farías –otro militante— y otras dos personas identificadas como NN.
“Mi familia pudo recuperar el cuerpo de mi padre y constamos que había sido torturado”, señaló Lucía, que al momento de la muerte de su padre tenía dos años.
El Tribunal dispuso que las rectificaciones se publiquen en los diez días hábiles a partir que la senten-cia quede firme. Hay un antecedente que va en el mismo sentido sobre noticias de falsos enfrent-mientos publicados por La Nueva Provincia.
En 2015, al cabo del juicio de la causa conocida como Armada Argentina se dispuso que el diario rectifique informaciones sobre Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta, a quienes se dio por muertos en enfrentamientos cuando en realidad habían sido víctimas de cautiverio, tor-mentos y asesinatos. No obstante, el fallo debe ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia y las correcciones siguen pendientes.
De La Nueva Provincia a La Nueva
El fallo del TOF de Bahía Blanca fue criticado en un editorial de La Nación publicado el pasado 10 de enero, en el cual se califica esta sentencia como “absurda; inadmisible para la libertad de prensa y disparatada”.
“Consideramos que existe jurisprudencia como para exigir que haya una aclaración por parte del dia-rio, por más que hayan pasado 50 años y los dueños hayan cambiado”, señaló el fiscal Pablo Vicente Fermento, fiscal de Bahía Blanca que integró la acusación en el juicio de la Megacausa de la Zona V.
En 2017, La Nueva Provincia, propiedad de la familia Massot, y considerado como un órgano de la última dictadura, fue adquirido por el empresario Gustavo Elías, quien cambió su denominación por La Nueva.
Elías cuestionó la sentencia y calificó la decisión como “un avasallamiento de la libertad de prensa”, pero en varias ocasiones aclaró que, en la actualidad, el diario no es el que “apoyó a la dictadura”.
“No hay duda de la complicidad de La Nueva Provincia con la dictadura. Fue un medio que difundió operaciones psicológicas y mentiras para legitimar la represión. Las rectificaciones que se ordenaron buscan una necesaria reparación histórica”, remarcó Mónica Fernández Avello, abogada que repre-senta la querella de HIJOS en el juicio de Zona V.
