El conflicto por la opacidad de las estadísticas públicas llegó este viernes a los tribunales de Comodoro Py, donde los diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo acusan de interferir de manera directa en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo que entró en crisis después de dar marcha atrás con la actualización de las mediciones.

La presentación judicial imputa a Caputo por los delitos de violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y el quebrantamiento del secreto estadístico previsto en la Ley 17.622, según informaron los diputados en sus redes sociales.

El eje de la denuncia radica en la decisión del Palacio de Hacienda de suspender la implementación de la nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El texto presentado por los legisladores recuerda que el INDEC había resuelto en octubre de 2025 que, a partir de enero de 2026, comenzaría a regir un nuevo esquema de cálculo basado en pautas de consumo actualizadas pero que, sin embargo, el ministro ordenó mantener la fórmula vieja para postergar el reflejo estadístico de la suba de tarifas.

“Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, señala la denuncia. Para los legisladores, esta conducta constituye un “abuso de autoridad” que atenta contra la independencia técnica del organismo.

Los diputados advirtieron que la alteración del IPC tiene consecuencias directas sobre los ingresos de los sectores más vulnerables y de los trabajadores.

“Lo expuesto determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados”, explicaron desde el bloque. Esta situación ya había sido advertida en un pedido de interpelación al ministro presentado previamente en el Congreso por Unión por la Patria en el Expediente 7203-D-2023, recordaron.

Un segundo punto clave de la denuncia refiere a la conducta de Caputo en la red social X (antes Twitter). Los diputados señalan que el funcionario habría reconocido públicamente la diferencia de resultados según el método de cálculo aplicado y, “lo más grave”  es que  adelantó el resultado del IPC de enero de 2026 antes de su difusión oficial.

“El Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, indica el texto. La normativa vigente prohíbe estrictamente cualquier interferencia política o difusión anticipada de datos para garantizar la credibilidad macroeconómica del Estado.

“El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional. Tenemos la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la independencia técnica del organismo”, concluye la presentación, que busca determinar si el Poder Ejecutivo utilizó las estadísticas públicas como una herramienta de propaganda política para licuar haberes y salarios.