Los colectivos de pacientes están en estado de alerta y lucha desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Primero fue por reclamos para la entrega de medicamentos oncológicos a través de la ya inexistente DADSE, luego por despidos y amenazas de cierre en el Hospital Bonaparte y por cientos de renuncias de profesionales en el Hospital Garrahan, ante la pésima situación salarial. Pero las preocupaciones de pacientes y familias no se dan sólo en el ámbito público. Cada vez son más los casos que llegan a la Justicia por incumplimientos diversos por parte de obras sociales y prepagas.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo ingresó entre el 10 de diciembre de 2024 y el 9 de diciembre de 2025 un total de 1997 trámites por reclamos ante obras sociales y empresas de medicina prepaga. Teniendo en cuenta los días hábiles en ese lapso, el promedio supera los ocho casos por día solo en este distrito.
Una amplia mayoría (568) fue por cuestiones relacionadas con el acceso a medicamentos, prótesis e insumos. Otro tanto (425) por dificultades con procedimientos de altas, bajas, traspasos y copagos, y en tercer puesto (357 casos) por problemas con guardias, tratamientos e internaciones.
“A raíz del aumento de los reclamos, la Defensoría implementó el servicio de patrocinio jurídico gratuito destinado a población vulnerable, registrando 100 casos en 2024 y 82 en el año 2025 que requirieron asistencia legal”, informó esa entidad a Tiempo. El 70% de esas causas continúan activas, “reclamando principalmente la falta de medicación y tratamientos médicos indispensables (HIV, trasplantes, oncológicos, cirugías)”.
Todo esto, mientras las medidas tomadas por el Gobierno desde el DNU 70/23 en adelante jugaron a favor de las empresas de medicina privada. Incluso, hay referentes del sector en el Ejecutivo: es el caso de Luis Fontana, exdirector de Osde, designado hace días por el ministro de Salud, Mario Lugones, al frente de la Administradora Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), con el antecedente mortal del Fentanilo.
Limpiar el padrón
“Hay una clara postura de buscar cualquier situación para limpiar el padrón. Desde el decreto 70/23 buscan que las prepagas sean sólo para personas de altos ingresos y para gente sana”, sostiene el abogado Nicolás Oszust, especializado en salud. “Buscan la forma de darte de baja. Dicen que truchaste una declaración jurada, que no dijiste que tu mujer tenía tal enfermedad. Te ofrecen pagar un monto exorbitante o te dan de baja directamente por ‘ocultamiento’. Pero la norma dice que para que haya ocultamiento tiene que haber mala fe. En el estudio contesto no menos de 100 consultas por día por este tipo de cosas. Y no les importa lo que diga la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Sin amparo, nada”, describe.
Tamara es el nombre ficticio de una paciente que tuvo que acudir a la judicialización para acceder a su tratamiento oncológico. Tanto ella como su marido tenían la obra social de empleados del Estado. Supieron que, a partir de un convenio de uno de sus lugares de trabajo, podían pedir el pase a Swiss Medical. “Nos anotamos para hacer la derivación de aportes. Yo me había hecho los controles anuales entre junio y agosto (del año pasado) y no tenía ninguna patología. Entramos a SM y al poco tiempo me descubren un cáncer de mama”, relata la mujer. Entonces comenzó su odisea.
“Me hacen diversas biopsias y me piden un PET (Tomografía por Emisión de Positrones, que suele indicarse a pacientes oncológicos). Ahí Swiss Medical empieza a demorar las autorizaciones. Una vez por teléfono le dicen a mi marido que había sospecha de preexistencia, yo les digo que tengo estudios recientes, se los mando. Pero seguían las demoras y tuvimos que enviar carta documento”, relata. Confirmado el diagnóstico, la situación empeoró: “Me indican quimioterapia con inmunoterapia. De nuevo nos dicen por teléfono –nunca por escrito- que estaba todo trabado en auditoría por sospecha de preexistencia. Volvimos a presentar carta documento e iniciamos un amparo, mientras el tumor siguió creciendo”. Finalmente, la Justicia le dio la razón a fines de diciembre y pudo comenzar las sesiones de quimioterapia con el estreno del nuevo año.
Mientras lidiaba con su propio caso, supo de otros ocho amparos por temas similares en personas de su entorno. “Un oncólogo me dijo que tenía tres pacientes con amparos a Osde porque no estaban pudiendo retomar el tratamiento por falta de cobertura. Lamentablemente se está volviendo común, pese a que se trata de prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO)”.
Discapacidad en el blanco
Si hubo un sector golpeado en los dos últimos años fue el de la discapacidad. Principalmente por las políticas gubernamentales, pero también en el ámbito de la medicina privada. “Incumplimientos hay de todo tipo: por medicación, internaciones geriátricos, en prestraciones por discapacidad es enorme. Es transversal a todas las empresas de medicina prepaga”, opina Oszust.
Si bien siempre hubo cuestionamientos por demoras para acceder a coberturas en materia de discapacidad, una nueva oleada de reclamos se dio a partir de la Resolución 1/25, que dispuso la derivación directa de aportes de empleados a sus prepagas, sin triangular con obras sociales. Eso llevó a dilaciones en los pagos que, en muchos casos, se tradujeron en el cese de la prestación.
Silvina Kumichel es mamá de Nazareno, de 12 años, quien nació prematuro y requirió desde muy temprana edad terapias y tratamientos diversos. La mujer trabaja en una multinacional y siempre tuvo cobertura a través de una obra social para el sector empresario. Tras esa resolución, sus aportes pasaron directamente a Galeno.
“Demoraran las autorizaciones, algo que siempre había sido muy ágil. Me terminaron suspendiendo las prestaciones para mi hijo. Algunas las continué de forma particular, pero es inviable pagar todas”, señala. Nazareno necesita psicopedagogía, acompañante terapéutico, fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, entre otras.
“Fui a Galeno, al centro de discapacidad, lleno de gente, el trato horrible. Sentís que vas a mendigar, pero todos los meses te descuentan un montón de plata. Me pasó de conocer gente con chicos con una discapacidad severa, en silla de ruedas, y les decían ‘no te doy más los pañales porque ya no me obligan’. Así, directo –relata la mujer–. Hasta que empezamos a mandar cartas documento: ahí empezaron a acelerar. Ojalá no tuviera que pedir nada y mi hijo llevara una vida normal. Ya es pesado para un papá transitar la vida así, encima tener que suplicar terapias es una falta de respeto y de empatía total”. «
Complicidad
El DNU 70/23, con el que Javier Milei estrenó su gobierno, estableció la desregulación de los servicios de salud, dando libertad a las empresas para aumentar a su antojo. La medida tuvo frenos en la Justicia y el propio gobierno debió poner un tope.
A través de la Resolución 3934/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Gobierno habilitó en octubre de 2024 que las prepagas limiten coberturas y que en los planes cerrados –que tiene la mayoría de los afiliados- sólo médicos de cartilla puedan prescribir remedios y tratamientos. Distintas voces ya advertían que eso generaría “gran judicialización”.
El DNU 379/2025, en julio último, creó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que propone una instancia de mediación optativa para “controversias” que involucren a Obras Sociales, Seguro de Salud o Medicina Prepaga. Es decir, busca evitar las denuncias judiciales contra los servicios de salud.
Los traspasos compulsivos por miles de millones
“Con la resolución 1/25 de la Superintendencia de Servicios de Salud le sacaron compulsivamente los aportes a las obras sociales y se los mandaron a las prepagas. Esto generó perjuicios a las personas con discapacidad y sus familias”, cuestionó el abogado Nicolás Oszust, especializado en salud, quien realizó una denuncia ante la Justicia por este tema en representación en de la Asociación Civil Hablemos de Autismo en Quilmes, y se presentó además como querellante.
Según explicó, a partir de esa normativa “los prestadores dieron las prestaciones, pero como las obras sociales no recibieron los aportes no les pudieron pagar, entonces les reclamaron a las familias los pagos. Las prepagas desconocían los prestadores, por lo que distintas familias tuvieron que interrumpir los tratamientos”. Además, advirtió que “la opción de elegir a dónde iban los aportes era de los trabajadores y vencía el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, los traspasaron desde el primero de enero al 30 de abril, sin dejarles esa posibilidad a los trabajadores y generando un negocio para las prepagas, que antes de que los trabajadores eligieran qué hacer con sus aportes se hicieron desde miles de millones de pesos que iban a las obras sociales”.
De acuerdo a los datos recabados por Oszust, “sólo a Swiss Medical le traspasaron más de 500 mil personas, lo que representa una recaudación mensual por aportes y contribuciones de más de 60 mil millones mensuales (…) En el total de obras sociales se traspasó un millón de titulares, y si se cuenta grupo familiar tres millones de personas”.
Federal
En CABA, los reclamos ante la Defensoría llevaron a abrir un servicio de patrocinio jurídico gratuito específicos sobre el tema. En el Sur, según Río Negro Diario, tanto en la Defensoría Federal de Bariloche como en la de Neuquén se triplicaron las presentaciones en los primeros meses del 2025. En Mendoza, en agosto, el Círculo Médico provincial advertía sobre una suba del 20% en los juicios a partir de la resolución que limita prescripciones médicas por fuera de la cartilla.
