Ni el escándalo que estalló con los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ni el flamante rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad ponen un freno a la quita de pensiones puesta en marcha por el Gobierno de Javier Milei.
Así lo confirmó a este diario el Ministerio de Salud: el envío de cartas documento y citaciones a personas con pensiones por invalidez laboral continúa. “Por ahí se demoraron plazos por allanamientos y la intervención. Pero avanza. No hay ningún cambio más que una demora producto de los cambios”, aclararon luego de la circulación de versiones sobre la suspensión del proceso de quita de pensiones.
Lo que sí admitió la cartera que comanda Mario Lugones es que se revisarán las más de 120 mil bajas dadas durante las auditorías de la gestión de Spagnuolo, convertido en chivo expiatorio del Gobierno tras la circulación de audios en los que involucraba a Karina Milei en un entramado de corrupción.
“En ANDIS desde la intervención hay auditoría y sumario sobre tres procesos: estructura, pensiones y compras”, detallaron desde la cartera sanitaria nacional sobre la intervención a cargo de Alejandro Vilches, funcionario que responde a Lugones y fue designado en ese rol tras el estallido del escándalo de las coimas.
La suspensión del proceso de recorte de pensiones es uno de los reclamos de organizaciones sociales y espacios como la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, que además exige la implementación de la flamante Ley de Emergencia y la restitución de las pensiones suspendidas.
Las filas de la crueldad
Así las cosas, la quita de pensiones no se detiene y las filas de reclamos, tampoco. En la sede de la ANDIS en la zona del Congreso ya se volvió habitual ver largas filas de personas que esperan poder consultar por su situación. Para completar trámites antes que llegue el recorte o para tramitar la recuperación de su derecho.
“Tengo 60 años, cobro la pensión hace diez, me la dejaron de pagar hace dos meses. Perdí la pierna a los 17 en un accidente y ahora tengo que acreditar otra vez con certificado médico que no tengo una gamba. Parece joda, encima ni te avisan, no mandan cartas, ni un mensaje al teléfono. Dejan de pagar y quedamos en bolas”, contó desde allí Martín días atrás.
Hasta el momento, la Agencia dio de baja a 128.667 beneficiarios por supuestas irregularidades en el acceso a su pensión. En su reciente informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete –Guillermo Francos- apuntó que el Ejecutivo dará de baja el beneficio a unas 500 mil personas.
De las 1.266.945 pensiones activas en enero, el plan es llegar a diciembre con 749.451. El escándalo de las coimas sacudió al Gobierno pero no al ajuste.
Una demanda al Estado por omitir datos
“Demandamos judicialmente al Estado Nacional por no entregar información sobre las pensiones por discapacidad”, difundió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el 16 de agosto, días antes que los audios atribuidos a Spagnuolo comenzaran a circular.
La demanda se presentó luego de un pedido de acceso a la información pública sobre distintos aspectos vinculados al proceso de auditoría de pensiones llevado adelante por la ANDIS. Esa primera solicitud se presentó en abril; en junio hubo una respuesta con algunos datos, “pero omitió otros fundamentales para la evaluación de la legalidad del procedimiento”.
A modo de ejemplo, explicó ACIJ, la Agencia no respondió qué medidas había adoptado frente a la falta de entrega de cartas documento de citación a la auditoría (que ascendía al 46% del total de las enviadas) ni cuál era el curso de acción cuando las personas le informaban que estaban imposibilitadas de asistir, que necesitaban algún apoyo para hacerlo o que no tenían tiempo para recolectar toda la información médica actualizada.
“Esta omisión de información, cuyo carácter público es evidente, impide a las personas con discapacidad afectadas conocer aspectos fundamentales de un proceso que puede impactar directamente en sus derechos. Encontrándose en juego el acceso a un ingreso que permite satisfacer necesidades básicas y acceder a la cobertura de salud, la transparencia es un imperativo”, remarcó la Asociación Civil.
Ante esa “omisión”, el 14 de agosto se interpuso una acción de amparo solicitando la entrega de los datos requeridos. La resolución del caso quedó en manos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 6, que “deberá decidir si las personas con discapacidad y la sociedad en su conjunto tiene derecho a controlar la legalidad de un proceso estatal cuyos resultados pondrán en riesgo la vida de un colectivo sistemáticamente vulnerado”. Por el momento, según confirmó ACIJ, solo se corrió traslado a la demanda.
