La denuncia, presentada por la abogada Marta Lastra, promueve la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa aprobada y ratificada por el Congreso.
Lastra es referente de discapacidad del espacio político Defendamos Córdoba, abogada especializada en la materia y madre de un niño con discapacidad. Integra, además, la Fundación Familias CEA y es actora en el amparo colectivo que dio lugar a la sentencia de Charvay, en el que se denuncian maniobras dilatorias por parte del gobierno de Javier Milei para no aplicar la norma, que fuera aprobada y ratificada con amplia mayoría por el Congreso.
El escrito de Lastra exige que se tenga por denunciado el incumplimiento y al mismo tiempo se reserva la posibilidad de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía de un recurso legal extraordinario.
En su denuncia, Lastra especifica que el accionar del Gobierno nacional «tiende a continuar con el atentado en contra del colectivo de la discapacidad, los prestadores, instituciones y transportistas y ONG y federaciones de ONG».
De esa manera alude al escrito interpuesto por el gobierno de Milei, que se excusa, afirmando que debe reglamentar la Ley para poner en marcha su aplicación. «No resulta imprescindible la tan retardada reglamentación, ya que con ordenar las facilidades impositivas a las instituciones cuya situación financiera fiscal los está llevando al cierre, resulta una acción concreta», subraya la abogada.
También remarca que «tampoco resulta difícil autorizar las altas de las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, como tampoco actualizar el nomenclador en el porcentaje mínimo establecido» y sentencia que la reglamentación faltante «es solo una excusa dilatoria y amenazante».
Consultada sobre este tema, Lastra reiteró que «el Estado Nacional no necesita reglamentar para actualizar los valores de los aranceles, como lo hizo hace un tiempo atrás cuando actualizó sólo un 35% del 70% que ordena la Ley» y que «no necesita reglamentar para darle la orden a ARCA para que se acompañe a las instituciones que están al borde del cierre y no necesita reglamentar para dar de alta las pensiones que ha dado de baja y actualizar los haberes». Y concluyó: «En virtud de este flagrante incumplimiento, promuevo la ejecución de sentencia y denuncio el incumplimiento”.
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