A dos años de la derogación de la ley, los alquileres en el AMBA duplicaron la inflación

Según el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación interanual a nivel nacional alcanzó el 31,5% en 2025. Sin embargo, el instituto estadístico indicó que, respecto del año anterior, los alquileres aumentaron hasta un 70% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense). Pero esa suba anual de los alquileres fue mucho mayor en otras regiones: 83% en el área pampeana; 90% en Cuyo; 100% en el Noreste y hasta el 120% en la Patagonia.

La desproporción llamó la atención. Para Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados, esta distancia está íntimamente relacionada con la ausencia de restricciones para los propietarios: “No hay ningún tipo de límite para el precio de los alquileres, las actualizaciones, las condiciones ni los plazos y, por lo tanto, eso opera a favor de que los dueños puedan aumentar los precios muy por encima de la inflación, que es lo que siempre buscaron”.

La Ley de Alquileres fue uno de los primeros objetivos a atacar por parte del gobierno de Javier Milei. El mandatario libertario la incluyó en el DNU 70/2023 y derogó los artículos que protegían al inquilino, como la duración de los contratos y la escala de aumentos del valor del alquiler. Por cadena nacional, Milei declaró que esta decisión apuntaba a que “el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”.

Muñoz observa que antes se afirmaba que los aumentos en el valor del alquiler eran generados por la ley, y que ahora, al no existir dicha ley, se registran aumentos del doble o, en algunos casos, más del triple que la inflación. “Vivimos en una época en la que el Estado se pone al servicio del poder económico. La derogación de la ley de alquileres fue entregarle al mercado el poder de decidir las condiciones de acceso a la vivienda”, reflexionó.

El Índice de Contratos de Locación (ICL) era la forma que primaba a la hora de actualizar los alquileres, mientras que ahora se hace según el IPC. El ICL establecía actualizaciones anuales que se calculaban en una relación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Para los contratos que se hicieron al amparo de esta ley y que aun están vigentes, el aumento anual fue del 38,11%, la mitad de lo que marcó el Indec para el AMBA.

“El mercado inmobiliario está por encima del Estado. Da igual si tenés una propiedad o 5000: las condiciones son las mismas. Es un negocio”, afirma Muñoz en relación a cómo se configura la situación inmobiliaria en la actualidad. En el censo de 2022 se reveló que en Argentina hay 2,1 millones de viviendas vacías. En contraste, el referente advierte que “hay sectores que ya ni siquiera pueden pagar el alquiler. Aumenta el alquiler de cama, jóvenes que no pueden independizarse, personas que vuelven a vivir con sus familias. Todo se resume en un empobrecimiento de la calidad de la vivienda”.

La ley de la selva

Según Inquilinos Agrupados la corta duración de los contratos refuerza la inestabilidad. Los resultados de la última Encuesta Nacional Inquilina, sobre 1100 personas consultadas, muestra cuáles son las condiciones contractuales: el 64% renueva el contrato cada dos años; el 16% cada 3 años; el 13% cada año y el 7% no tiene un contrato escrito. Además el 65% enfrenta aumentos cada 3 o 4 meses (43% trimestral, 26,4% cuatrimestral).

Los resultados también muestran un escenario de creciente precarización para quienes alquilan en Argentina. El principal factor de angustia de los inquilinos es el precio del alquiler, señalado por el 73,3% de ellos, seguido por la corta duración de los contratos (53,4%) y las exigencias de garantías (42,8%), mientras que cerca del 40% también manifiesta preocupación por el estado de la vivienda y la devolución del depósito.

Para poder afrontar el costo del alquiler, el ajuste se traslada directamente a la vida cotidiana: el 91,7% redujo salidas y el 86,3% recortó gastos en vestimenta, mientras que el 60,3% achicó el consumo de alimentos y el 52,3% resignó gastos en salud. La inseguridad alimentaria se profundiza entre los inquilinos: solo el 38,5% pudo realizar cuatro comidas diarias, un 23% apenas llegó a dos y un 4,5% comió solo una vez al día.

En este contexto, el endeudamiento se volvió estructural: el 68% de los inquilinos tiene deudas, principalmente con tarjetas de crédito (92,2%), para comprar alimentos (82,2%), afrontar deudas previas (76,9%), pagar el alquiler (76,1%) y cubrir gastos de salud y servicios (más del 71%).

La presión del alquiler también impacta en el empleo: el 46% de los inquilinos tiene más de un trabajo, el 28% debió sumar otro puesto para subsistir y el 15% perdió su empleo, casi duplicando el nivel registrado meses atrás. A su vez, el peso del alquiler sobre los ingresos resulta asfixiante: un 25% destina entre el 60% y el 100% de su sueldo a pagar el alquiler, otro 17% destina el 50% y el 22%, el 40%; mientras que sólo un 10% logra pagar con menos del 20% de sus ingresos. Como consecuencia directa, uno de cada seis hogares inquilinos atravesó una situación de desalojo económico. «