Luego de tres días de intensas jornadas de protesta con marchas y cortes de ruta en varias provincias, represión y hasta denuncias por desaparecidos, las organizaciones indígenas y de trabajadores anunciaron una suspensión en las manifestaciones a raíz de los feriados próximos en Ecuador y a la espera de una posible reunión con el presidente Guillermo Lasso para el próximo 10 de noviembre, que aún no fue confirmada. No obstante, los manifestantes afirman que continuarán con la “movilización progresiva y permanente” y se declararon “en asambleas en los territorios comunitarios para el debate, análisis y estrategias de las próximas acciones de resistencia. No retrocederemos en la lucha social, nuestras demandas están claras y seguiremos exigiendo la protesta hasta obtener resultados”, comunicó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
De igual manera, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se convocó en “movilización permanente” y anunció para los próximos días una convención para promover una huelga nacional. También informó que retomará las acciones de protesta después del extenso feriado de cinco días por el Día de los Difuntos, según anunció su presidente, Ángel Sánchez en una rueda de prensa en Quito.
El Parlamento de los Pueblos, el colectivo que reúne a las organizaciones que protestaron desde el martes contra la política económica del exbanquero Lasso, resolvió retomar las manifestaciones para la fecha en que el presidente regrese de su viaje oficial por España y Escocia, que será el 7 de noviembre.Si bien el vocero presidencial, Carlos Jigón, confirmó una reunión entre Lasso y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, la organización indígena relativizó la posibilidad de ese encuentro porque hasta ahora no se había recibido una invitación formal. “Solamente hemos visto en Twitter un mensaje de Carlos Jijón”, dijo Apawki Castro, de Conaie. Días atrás, Iza aseguro que aceptaba el llamado con la condición de que el encuentro a que se hiciera en un lugar público.
Las protestas, que estallaron el martes, dejaron 37 detenidos y ocho policías heridos, según el gobierno. Dos militares también fueron retenidos por unas horas. El jueves, mientras se cumplía el tercer día consecutivo, Lasso formuló un llamado al diálogo. «Es el momento de estar unidos, hago un llamado, una vez más, al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales, partidistas o gremiales», dijo durante una ceremonia militar.
Las jornadas de movilización también desafiaron el Estado de Excepción, dictado por el gobierno en teoría para combatir el narcotráfico. Durante el primer día hubo numerosas detenciones y la ONG Alianza por los Derechos Humanos denunció que cuatro detenidos ese día “fueron trasladados arbitrariamente a Quito” y al momento de difundir el comunicado se encontraban desaparecidos. “Alertamos sobre los riesgos contra la integridad física y psicológica de los cuatro detenidos de quienes se desconoce su paradero, además de la ilegalidad de su detención, al ser privados de su derecho a ser asistidos por sus abogadxs y al privar a sus familiares de información precisa sobre su situación”, dijo la organización.
La Conaie, que participó en revueltas que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005 y tuvo momentos de alianza y enemistad con Rafael Correa, dirigió su protesta a los aumentos de hasta 12% en combustibles, decretados por Lasso, que inciden en toda la economía. Diversos sectores sociales venían reclamando la suspensión de alzas mensuales que se aplicaban desde 2020 para eliminar subsidios a los combustibles, subiendo el diésel en 90% desde entonces. La eliminación de subsidios, cuyo mantenimiento demanda a Quito unos 2000 millones de dólares al año, está atada a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir préstamos.
Pero no es la única demanda. También critican a “un modelo que descarga la crisis en la clase popular y más pobre”, los intentos de privatizar el sector energético, lo que representaría “un nuevo golpe económico para las familias ecuatorianas”. En el pliego de reclamos se incluye la revelación de que el presidente tendría empresas off shore, algo prohibido en el país, según se expuso recientemente en los Pandora Papers. «
