Desde el espacio Unidxs por la Educación Especial y Derechos de las Personas con Discapacidad, reclaman presupuesto y explican que no tienen nada. La organización está integrada por familias y personas con discapacidad mayores de 22 años, que resisten a las políticas de crueldad que aplican desde el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Marcela Colcerniani, abogada y coordinadora del espacio: «Somos parte del colectivo de la discapacidad, el eslabón más frágil y el más olvidado. Las políticas que están de turno no nos tienen en cuenta. Pertenecemos al sector de las personas con discapacidad intelectual y sus familias», explicó.
Educación para personas con discapacidad
Colcerniani continuó asegurando que en la Ciudad les quitaron el acceso a la Escuela de Modalidad Especial a los Mayores de 22 años. También dijo que esa modalidad -vigente en la ley nacional de educación- es muchas veces la única posibilidad para adquirir conocimientos y autonomía para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual severa.
La coordinadora contó que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, emitió una disposición que reprime el derecho a una escolarización especial a adultos con discapacidad visual o auditiva. «Entonces, pregunto, cuál es el destino de una persona mayor que por enfermedad o que por accidente pierde un sentido; es muy cruel lo que está pasando«, reclamó.
Y completó: «Una persona puede tener problemas en la visión o el oído y si no cuenta con establecimientos educativos dónde puede adquirir distintas habilidades y conocimientos para desenvolverse en la vida, tenemos que darnos cuenta de que es muy grave».
Respecto al Gobierno Nacional, señaló que los agravia todo el tiempo incumpliendo la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue dictada para mitigar el desastre provocado por el desfinanciamiento de las prestaciones de salud, educación y de todos los programas sociales.
«Nos acusan de ser un costo»
La coordinadora dijo: «Además, nos acusan de ser ‘un costo’, de hacer fracasar la estabilidad económica del país, e incluso de ser ‘fraudulentos’ como surge del nuevo proyecto de ley ‘Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez’, que es un desastre lo que está pasando».
Es lo mismo que decía el exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, con la famosa radiografía trucha. «Pero el odio que manifiesta el presidente hacia nuestro colectivo es muy grande, porque intenta reincorporar viejas denominaciones estigmatizantes en el nomenclador, como ‘retrasado mental’, ‘idiota’ o ‘mogólico’, es un horror», se quejó Colcerniani.
La letrada consideró que esto es la vuelta al paradigma médico asistencial, que en el fondo esconde una ideología donde se prioriza el paradigma de la “normalidad” hegemónica, de la que hay tristes ejemplos en la historia.
«Nosotros no contamos con estructuras ni más recursos que los que podemos proveer nosotros mismos, en un contexto -aseguró la abogada- de un Estado que se retira, que no solo nos abandona, sino que ha instalado en la sociedad la sospecha y el desprecio hacia nuestro colectivo«.
Individualismo salvaje
Explicó que están viviendo la humillación de tener que estar pidiendo lo que es de ellos y que encima se lo niegan. Pero tienen muy claro que este gobierno fomenta un individualismo salvaje, que rompe con la vida en comunidad, que instala una forma de vida de todos contra todos; la ley de la selva.
La coordinadora enfatizó en que marchar en solidaridad con los jubilados, con las mujeres y disidencias, con las y los trabajadores de salud y de educación, los estudiantes, las universidades y con todos los grupos que son postergados por el gobierno de Milei.
Aseguró que los jóvenes con discapacidad intelectual: «Nos enseñan que no podemos ser indiferentes. Que todos necesitamos del otro y que todos somos seres humanos valiosos e integramos la comunidad en la que nadie puede realizarse individualmente, como decía el Papa Francisco ‘nadie se salva solo’, necesitamos lo que es nuestro, lo que nos corresponde».
Colcerniani concluyó: «Nos ponemos en los zapatos de los prestadores de servicios para discapacidad, de los transportistas, los maestros, los médicos, terapeutas y los acompañantes. Todos ellos brindan su trabajo con cariño verdadero hacia nuestros niños y jóvenes; no podemos ignorarlos«.
