No todos los aniversarios son iguales ni todas las decisiones del Estado son neutras. A cincuenta años del golpe cívico-militar de 1976, la resolución del Ejecutivo provincial de declarar 2026 como el Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia no es una efeméride ni un acto ceremonial: es una intervención política en un presente atravesado por el retroceso discursivo, la banalización del horror y el intento explícito de relativizar el terrorismo de Estado.
No se trata de recordar mejor. Se trata de no retroceder. Porque cuando la memoria vuelve a ser discutida no es por exceso de pasado, sino por déficit de presente. Y cuando el poder empieza a incomodarse con la memoria, lo que está en disputa no es la historia sino el límite.
La Argentina ya recorrió ese camino. Sabe que el terrorismo de Estado no fue una anomalía ni un error trágico, sino un proyecto político, económico y social que necesitó secuestrar, torturar y desaparecer personas para disciplinar a una sociedad entera. No fue producto del caos: fue planificación. No fue obra de monstruos aislados: fue una maquinaria con cómplices civiles, beneficiarios y herederos. Negar eso no es ignorancia: es una toma de posición política.
Por eso esta decisión del gobierno bonaerense no dialoga con el archivo, dialoga con el clima de época. Con discursos que intentan convertir el crimen en opinión, la represión en orden y el ajuste en moral. Con la idea peligrosa de que la democracia puede funcionar sin memoria activa, como si el olvido fuera neutral y la historia no cobrara siempre su precio.
Ese mismo clima es el que vuelve a poner en cuestión otros consensos que también creíamos saldados. Cuando se relativiza la memoria, se habilita algo más profundo: la idea de que hay vidas que pueden valer menos, derechos que pueden recortarse y colectivos que pueden ser nuevamente tutelados, silenciados o expulsados del centro de la escena pública. La historia enseña que el retroceso nunca es sectorial: empieza por algunos y termina alcanzando a muchos.
La memoria no divide sociedades. Divide la mentira. La memoria ordena. Ordena responsabilidades, valores, el sentido de lo democrático. Por eso incomoda. Porque señala culpables, desarma coartadas y deja al desnudo a quienes prefieren una democracia liviana, sin pasado, sin conflicto y sin justicia. Una democracia que tolere el ajuste sobre los cuerpos más frágiles, el encierro como respuesta y la exclusión como método.
No es casual que cuando se relativiza el terrorismo de Estado también se discuta el derecho de las personas con discapacidad a vivir con apoyos y no con encierro, el derecho de quienes padecen sufrimiento psíquico a ser tratados como sujetos y no como objetos de control, o el derecho de mujeres y diversidades a no ser violentadas ni reducidas al silencio. La matriz es la misma: cuando se debilitan los derechos humanos, lo que vuelve es la lógica del disciplinamiento.
Las Madres lo entendieron antes que nadie. Cuando el Estado desaparecía personas, ellas aparecieron. Cuando el miedo gobernaba, caminaron. No pidieron consenso ni permiso. Dijeron lo esencial: nuestros hijos no están. Esa frase simple y devastadora sigue siendo, todavía hoy, la interpelación política más potente que tiene la democracia argentina. Porque no admite relativismos ni eufemismos. Porque no puede ser archivada ni superada.
Esa misma pregunta resuena hoy en otros cuerpos y otras luchas. ¿Dónde están los derechos cuando se recortan apoyos? ¿Dónde está el Estado cuando la respuesta vuelve a ser el encierro? ¿Dónde está la democracia cuando la violencia de género se minimiza o se explica? La memoria no es solo recuerdo del horror pasado: es sensibilidad activa frente a las injusticias del presente.
Por eso siguen incomodando. Porque no permiten cerrar en falso. Porque recuerdan que no hay futuro posible sobre cuerpos desaparecidos ni paz social construida sobre identidades robadas. Porque señalan que cada retroceso en materia de derechos humanos no es una opinión distinta, sino un riesgo concreto. Y porque advierten que cuando el Estado se corre, el pasado vuelve a transformarse en amenaza.
Declarar 2026 como el Año de la Memoria, la Verdad y la Justicia es afirmar que los derechos humanos no son una agenda sectorial ni un residuo ideológico, sino el piso mínimo de cualquier proyecto político que se pretenda democrático. No se ajustan según la coyuntura económica, no se relativizan en nombre del pragmatismo y no se negocian para ganar gobernabilidad. Son un límite. Y los límites, en democracia, no se discuten: se sostienen.
Este año interpela directamente al poder. Porque la memoria no se declama: se ejerce. Se ejerce en la educación que se garantiza o se vacía. En la justicia que avanza o se frena. En el lenguaje con el que se habla de la violencia, del orden y del conflicto social. Se ejerce cuando el Estado decide si va a mirar para otro lado o si va a sostener un límite claro frente al retroceso, también cuando ese retroceso adopta formas nuevas, más sutiles, más administrables.
Acompañar la memoria no es un gesto simbólico ni una concesión moral. Es una decisión política concreta. Implica sostener políticas públicas, defender el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, garantizar transmisión histórica y rechazar sin ambigüedades cualquier forma de negacionismo. Implica entender que la democracia no se consolida con silencios, sino con responsabilidades, y que esas responsabilidades abarcan todos los derechos, no solo los que resultan cómodos.
