El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, defendió este martes el rumbo económico del gobierno nacional y ratificó el apoyo a la reforma laboral que está a punto de convertirse en ley.
La declaración tuvo lugar pocas horas después de una reunión del Grupo de los Seis (G6) con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e irrumpió en un contexto de tensión creciente por la constante caída de empresas, fundamentalmente en sectores que dependen de la demanda interna, como la industria, la construcción y el propio comercio.
En una entrevista que concedió a Radio Mitre, el presidente de la CAC justificó la sangría de negocios como contraparte necesaria de la aprobación de reformas que impulsa el Ejecutivo. “Entendemos que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo, con todos los sacrificios que se necesitan para salir adelante”, declaró Grinman.
En el caso puntual del comercio, el correlato del sacrificio son 4600 negocios mayoristas y minoristas cerrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la tendencia parece estar lejos de frenar.
El último relevamiento de supermercados y autoservicios mayoristas del Indec precisó que sólo 8,8% de los consultados considera su situación comercial como buena y apenas el 20% se esperanza con la posibilidad de vender mejor entre febrero y abril.
Si bien Grinman reconoció, a medias, la crisis de su sector, no obstante, priorizó el camino del ajuste como paso inevitable: “El comercio no la está pasando bien porque el consumo ha caído, pero en 2023 había anabólicos, el ‘plan platita’. Sabíamos que eso era la Isla de la Fantasía y que no podía durar. Ahora hay que empezar a construir una nueva Argentina ”, consideró.
Sobre el estado actual de las ventas, el empresario diferenció: “Yo no lo llamaría ‘parate’, lo que hay es un amesetamiento. Hoy los precios están estables, es cierto que el consumo mermó, pero de a poquito va a funcionar. Es cierto también que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos tengan un país normal. Yo creo que vale la pena”.
Reunión del G6
En la reunión del G6 con Adorni, además de Grinman estuvieron los presidentes de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y sus pares de la Asociación de Bancos, Francisco Gismondi, y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; dirigentes de los sectores que dominan el crecimiento de la economía, que, según el EMAE, en diciembre creció 3,5% interanual y 1,8% respecto a noviembre, con predominio del agro y la intermediación financiera.
Adorni recibió a los dirigentes privados con esos números recién salidos del horno. Pero en la mesa también estaban Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, y Rodrigo Pérez Graziano, vicepresidente Sectorial de la Unión Industrial Argentina (UIA), dos de los sectores más afectados por el programa oficial.
Formalmente, el G6 comunicó que en la reunión se analizaron las perspectivas económicas y productivas del país y los principales proyectos legislativos de impacto para las empresas.
El grupo patronal también reafirmó su “vocación de diálogo institucional con las autoridades nacionales” y su compromiso “con el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la generación de crédito y el fortalecimiento del sector productivo argentino”.
La frase posterior de Grinman fue más reveladora del nivel de afinidad que existe entre el camino político del gobierno y la agenda de las corporaciones. La CAC es, particularmente, la referencia patronal más expresamente conforme con la agenda de la administración nacional. Y, además, es la cámara que representa los intereses de la Corporación América, el pago chico del presidente Milei en el entramado empresarial.
Pero, a su vez, el textual del dirigente mercantil hizo mucho ruido en una economía sensibilizada, no sólo por los cierres de comercios, también por la caída de industrias que son proveedoras de los canales comerciales.
Entre el cambio de gobierno y fines de 2025 cerraron cerca de 2500 empresas industriales, que en su enorme mayoría eran unidades de hasta 500 trabajadores, según datos de la SRT procesados por el CEPA.
Consultada por este medio para conocer su opinión, en la UIA evitaron referirse directamente a la declaración del titular de la CAC, y remitieron al comunicado que la organización fabril difundió la semana pasada cuando se confirmó el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.
En ese texto, la UIA plantea una posición amplia. Por un lado, lamentó “profundamente” la noticia, subrayó el origen nacional de la compañía y la desactivación obligada de una red de trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes y comunidades.
Y por otra parte, reclamó “igualdad de condiciones para competir (con las importaciones), con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno”, en línea con el respaldo del empresariado en general a las reformas del Ejecutivo.
