El nombre del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, tal vez esté entre los más mencionados en las tapas de los últimos dos meses en los principales diarios. Suecede desde la denuncia que lo vincula a una mansión en Pilar para la cual se habrían usado ilegítimamente fondos de la entidad deportiva y supuestas transacciones millonarias de dinero por debajo del radar. El tema ocupa páginas enteras, horas y horas de cobertura en radio y televisión, con su correspondiente réplica en redes. Pero ahora, Tapia contraatacó.
Este martes, el dirigente presentó un escrito en el marco de una causa judicial que se sigue contra un dirigente de la Coalición Cívica de Pilar llamado Matías Yofe. En la causa se investiga un presunto hecho de extorsión y, de la mano de su abogado Gregorio Dalbón, el titular de la AFA señaló al pilarense y a Facundo del Gaiso, otro dirigente del espacio de Elisa Carrió. Dijo que fueron los ejecutores de una amenaza que recibió de parte de un empresario al que le rechazó un negocio con las fotomultas.
El escrito que presentó Tapia tiene 20 carillas. No tarda en aparecer el nombre de Leandro Camani, un empresario que -siempre según el escrito- le pidió a Tapia que lo deje instalar cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE), que dirige el presidente de la Asociación del Fútbol. El pedido también era para que se autorice a su empresa Secutrans a reemplazar las cámaras existentes por nuevos equipos, un negocio de “magnitud evidente”, de acuerdo a la presentación.
“Frente a dicho requerimiento me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes (…) Frente a esa negativa, el vínculo con Camani se tornó conflictivo y comenzaron a manifestarse presiones directas e indirectas orientadas a revertir la decisión”, planteó Tapia. Y agregó: “Camani transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio, en el sentido de que, si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en mi contra”.
La máxima autoridad del fútbol argentino buscó dejar en claro a lo largo de su presentación que su negativa a ese negocio fue el desencadenante de las presentaciones en la Justicia y la amplia cobertura mediática que se gestó en su contra en el último tiempo.
Si bien la presentación no menciona detalles respecto de cómo se transmitió la amenaza del empresario, este medio supo que habría sido por medio de WhatsApp. Sin embargo, el dirigente le ofreció al Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y a la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de San Isidro dos testigos de carácter reservado que podrían dar constancia de la amenaza del empresario Camani.
Se trata de testigos directos que, según el escrito, también fueron amenazados y que “pueden relatar de manera precisa la cronología completa de la maniobra, consistente en el pedido inicial, mi negativa, la amenaza de extorsión y la posterior denuncia penal”.
“Lo que se denunció no es un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada, con una secuencia clara: un pedido económico concreto, una negativa legítima y, como represalia, la activación coordinada de denuncias penales y una operación mediática destinada a presionar y condicionar decisiones institucionales”, señaló Dalbón en una declaración enviada a Tiempo.
Como se mencionó, la contraofensiva del titular de la AFA se canalizó en el expediente en el cual la Justicia investiga a Yofé, dirigente cercano a Carrió, por presunta extorsión. Este joven, que fue allanado semanas atrás, es el autor de la denuncia que dio origen a la causa judicial que investiga los supuestos vínculos de las máximas autoridades de la entidad deportiva con una mansión ubicada en Pilar.
Es por eso que Tapia también dedicó algunos párrafos de su escrito a apuntarlo, al igual que al legislador porteño Del Gaiso. Para Tapia, Del Gaiso y Yofe son “ejecutores de la maniobra orquestada por Camani”, quien “aparece como organizador y beneficiario económico” detrás del negocio con las fotomultas, mientras que los dirigentes de la Coalición Cívica “actuaron como canal formal de activación del frente penal”.
Además de pedir la citación de los dos testigos, Tapia pidió por medio de su abogado Dalbón que se disponga el allanamiento de Camani, Yofe y de Del Gaiso, tanto en sus domicilios laborales como particulares. ¿El objetivo? Que se secuestren computadoras, teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo que luego sea sometido a una pericia informática forense.
Camani es un empresario de peso en el mundo de las fotomultas. Ha logrado expandir su negocio de las cámaras de fiscalización del tránsito en varios municipios bonaerenses. Incluso se lo conoce como el “rey” de las fotomultas y fue denunciante del ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.
Tiempo atrás el entonces funcionario bonaerense le dijo al portal Infocielo que Camani “me mandó a decir que me quería con un tiro en la cabeza y otra vez que iba a aparecer suicidado en un baño”. Esa frase aparece mencionada en la presentación de Tapia, que buscó fortalecer la idea de que el empresario tiene un modus operandi establecido.
Del Gaiso actualmente ocupa una banca en la Legislatura porteña y es uno de los referentes de la Coalición Cívica que en el último tiempo ha agitado públicamente para que avancen las investigaciones contra Tapia. Yofe, por su parte, es el dirigente al que Carrió admitió haberle ordenado que tirara al mar su celular mientras allanaban su vivienda, algo que hizo según la declaración de un testigo en sede judicial.
