El debate por las retenciones sigue en el gobierno

El ministro de Agricultura debió salir dos veces, en las últimas semanas, a contradecir a funcionarios del gobierno en relación a la aplicación de nuevas retenciones. El primero de ellos fue nada menos que el presidente Alberto Fernández; en el segundo caso, apuntó a los dichos de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Lo de las retenciones es una papa caliente en el gobierno de Fernández. De hecho, fue el centro de la discusión de Roberto Feletti con los staff del Ministerio de Economía y de Agricultura. En su renuncia, Feletti dijo, sin nombrarlas, que eran necesarias para la nueva etapa económica, marcada por una fuerte inflación internacional impulsada por la suba de los precios de las commodities, especialmente granos, petróleo y gas.

Ese impulso golpea una economía como la Argentina que ya estaba saturada de inflación. Según algunos cálculos, al 50% de carestía que ya arrastraba la economía nacional, la suba de los precios del exterior agrega otros 15 o 20 puntos porcentuales. Ante ello, desacoplar los precios locales de los del exterior debería ser una de las prioridades y dentro de los manuales de economía no hay muchas alternativas.

“Retenciones, cupos y fideicomisos se pueden combinar para lograr ese objetivo”, dice el economista y director del Banco Nación Claudio Lozano. Respecto de los fideicomisos, plantea un punto clave: quién pone la plata, si el Estado o los privados. «No tiene sentido la pretensión de que se le siga pagando el precio pleno, que es irracional, fruto de una situación anormal, como la guerra, y un movimiento económico que no tiene nada que ver con la actividad del productor. ¿Por qué razón el Estado debería subsidiar ese valor internacional?», se preguntó el economista.

Con todo, en la visión de Lozano, el combate a la inflación incluye otras herramientas, como el «disciplinamiento real del comportamiento oligopólico en el mercado de insumos difundidos», y un congelamiento de precios e ingresos tras una suba del poder adquisitivo de los ingresos.

El inconveniente, en definitva, es de poder. «Si el gobierno no toma un camino de empoderarse para recuperar capacidad de resolver el problema, de manera tal que pongamos en marcha una recomposición de los ingresos y estabilización de los precios, no existe. Los veo resignados a vivir con una alta inflación», remató Lozano.

Ganancias: una suba insuficiente

El aumento del piso de Ganancias para asalariados a $ 280.792 brutos representa un incremento del 24% sobre el piso anterior cuando las paritarias se están firmando con aumentos de hasta el 60%. El desfasaje es evidente.

Según el Ministerio de Economía, el gobierno de Mauricio Macri dejó a 2.139.396 asalariados y jubilados dentro del pago de Ganancias a la cuarta categoría. Esa cifra se redujo a 944.019 en 2022 por la sanción de la Ley 27.617 del año pasado, que estableció un mecanismo de actualización. Pero según Segio Massa, ese esquema no impidó que más de 100.000 trabajadores y jubilados se sumaran al pago de Ganancias.