En medio de una crisis ascendente del sector de la discapacidad, producto de los recortes presupuestarios, la represión en las protestas y, fundamentalmente, los recientes escándalos de corrupción, hoy se celebrará una nueva elección en la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, las normas electorales prevén una serie de medidas específicas para garantizar el acceso a los establecimientos y el voto de las personas con discapacidad, con el objetivo de que ningún ciudadano quede excluido del derecho democrático elemental.
La legislación establece que la accesibilidad es un derecho y obliga a cada establecimiento de votación a contar con herramientas que faciliten el sufragio de las personas con discapacidad. Entre las principales medidas se encuentra la Cabina de Votación Accesible (CVA), ubicada en el lugar más cercano al ingreso, señalizada y diseñada para que cualquier persona pueda ejercer su voto con autonomía y privacidad. Puede ser exclusiva o tratarse de una común adaptada para la jornada electoral.
Otro de los mecanismos previstos es el voto asistido en el que si el elector lo requiere, pueda ingresar acompañado de una persona de su confianza —que debe ser mayor de edad y presentar su DNI— o solicitar la ayuda de la autoridad de mesa. También se contempla la posibilidad de votar junto a un perro de asistencia, ingresar con prioridad en la fila y contar con elementos como la Plantilla Guía, un dispositivo en relieve que permite firmar el padrón y marcar la Boleta Única de Papel con mayor seguridad. A estas medidas se suman afiches informativos que orientan a los votantes sobre accesibilidad, disposiciones y delitos electorales.
Estos derechos cobran relevancia en un clima de fuerte conflictividad en el sector, que tuvo sus picos en las últimas semanas con la difusión de los audios comprometedores del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo junto con su posterior expulsión, y las denuncias que realizó en sus declaraciones contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, el conflicto con el sector no es nuevo y está presente desde el año pasado, con marchas reprimidas a organizaciones, familias de personas con discapacidad y profesionales que vienen denunciando los recortes en programas, pensiones y prestaciones de salud, así como la precarización en los pagos a prestadores. El malestar creció con estos últimos casos de corrupción y con declaraciones oficiales que, lejos de aportar soluciones, profundizaron la sensación de ataque y estigmatización hacia un sector históricamente vulnerado.
El martes pasado, el programa de streaming Discasta, producido por este medio y conducido por personas con discapacidad, dedicó una emisión especial a debatir sobre la crisis y los derechos de este sector de la población. Entre los invitados estuvo el activista Ian Moche, quien en los últimos meses también fue blanco de ataques y campañas de odio impulsadas desde sectores oficialistas y hasta del propio Javier Milei. La participación del joven volvió a poner en el centro la necesidad de defender la voz de quienes reclaman accesibilidad real y políticas públicas efectivas. «El derecho al voto accesible es importante y todos tenemos que saber las posibilidades con las que contamos», afirmó el chico de 12 años con una claridad propia de un divulgador de los derechos de las personas con discapacidad o que cuentan con algún tipo de limitación.
