Para entender lo que ocurrió con la vivienda alquilada hay que apuntar:

-Que la democracia del 83 aceptó las reglas de la dictadura (nunca más congelamiento de los alquileres o suspensión de los desalojos).

-Que en la década siguiente se adoptó el modelo del Banco Mundial: el Estado debe ser facilitador del negocio privado (la vivienda es un negocio y el Estado está para mejorar su rentabilidad).

-Que en una economía “de mercado”, donde los políticos compiten para ver quién le da mejores noticias a los inversores, si no les das las herramientas que necesitan para obtener mayor renta, te quitan la mercadería y te dejan sin viviendas.

-Que desde los 90 la Argentina es una fábrica de inquilinos y de viviendas deshabitadas (no se construye para primera vivienda, sino para “reserva de valor”).

-Que ningún gobierno reestatizó el Banco Hipotecario. Hasta el PROCREAR tuvo que pasar por la entidad que preside el mayor empresario de la Argentina, Eduardo Elsztain.

Que el país desarmó todo el andamiaje informativo y estadístico relativo a la vivienda: no sabemos cuántas viviendas hay desocupadas, no sabemos cuántos contratos de alquiler hay, no sabemos qué registro tiene la AFIP, no sabemos cuántos inquilinos están endeudados, no sabemos de quiénes son las viviendas.

  • El país debería realizar un censo nacional de viviendas alquiladas;
  • tener un registro obligatorio de contratos de alquiler en la órbita de Vivienda;
  • establecer dónde y cuántos días se puede alquilar a turistas;
  • castigar al evasor, prohibir las viviendas vacías;
  • y sobre todo recuperar la autoridad del Estado para terminar con los abusos y las estafas del mercado inmobiliario.

Un proyecto nacional y popular debe tomar posición, definir claramente qué intereses defiende.

Querer quedar bien con el Rey y con los súbditos, con los privilegiados y los que no, liquida las mejores intenciones, suspende las mayores ilusiones, y aplasta la memoria de los momentos más felices para nuestro Pueblo.

*Fernando Muñoz fue Defensor del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo de CABA.