La nueva resolución sobre el sistema nacional de residencias invita a los protagonistas del sistema, en el marco de un desguace en los salarios y condiciones laborales, a ser partícipes de una transformación en la fuerza de trabajo en salud como nunca antes se había visto.
La letra fina de la norma permite identificar cambios sustantivos que reafirman la vigencia de la Ley 22.127 de 1979, un compendio de artículos ausente de derechos que sintonizó en su momento con la reforma del sistema de salud, en detrimento del sector público.
A través de una narrativa despulida de sensibilidad hacia un colectivo que sostiene el sistema de salud con orgullo, podemos leer modificaciones sustanciales que despojan de derechos formales a los residentes. Entre las más destacadas, el Artículo 1 del primer anexo: se elimina en la definición el concepto de “formación en servicio” y en el mismo artículo se elimina el párrafo de “modelo formativo remunerado”.
Pero sobre todo lo que nos interesa destacar de estas modificaciones a la norma es el argumento en el cuál la misma se sostiene: la impostura de una falsa “libre elección” entre adherir a una Beca Institución o una Beca Ministerio para ir hacia un sistema “más libre y justo”.
“Una trampa”
Más allá de que, efectivamente, muchos/as residentes se inclinen por la Beca Institución convencidos de que es una alternativa superadora, resulta indispensable señalar las condiciones estructurales que hacen de esta medida una trampa cuidadosamente construida: ofrece a los futuros residentes la posibilidad de cobrar un monto levemente mayor a condición de: a) renunciar a derechos laborales fundamentales, b) ser excluidos del régimen previsional, c) quedar fuera de la cobertura de salud del Estado, y d) aceptar la delegación de cualquier interlocución futura a la discrecionalidad de la institución formadora.
La Beca Institución se presenta como la posibilidad de percibir ingreso sin descuentos por cargas sociales, y eventualmente bonificaciones adicionales por parte de instituciones con un creciente problema de financiamiento, ocultando la completa desprotección jurídica del residente, que queda a merced de condiciones de trabajo impuestas unilateralmente por la institución.
Por otro lado, quienes opten por la Beca Ministerio verán reducido su ingreso en nombre de aportes jubilatorios y de salud —con razón, porque implican el reconocimiento mínimo de su condición laboral—, y con la imposibilidad de percibir sumas complementarias.
Ambas “alternativas” parten de una misma premisa: el desfinanciamiento estatal y la fragmentación del sistema de formación.
“Disciplinamiento silencioso”
En un contexto marcado por el conflicto salarial, con residentes en actividad con ingresos congelados desde hace meses y con una creciente organización colectiva que hace visibles las demandas de condiciones dignas de trabajo, el Ministerio responde habilitando esta elección forzada. No sólo no repara las condiciones estructurales que hacen inviable el trabajo en salud, sino que además traslada la carga de esa decisión a los propios residentes, quebrando la solidaridad colectiva, promoviendo la competencia individual, polarizando la demanda y alimentando el disciplinamiento silencioso.
Pero es más que eso: para quienes estudiamos y trabajamos en el campo de la fuerza de trabajo en salud, sabemos que esta nueva resolución no es solo retroceder en derechos laborales, institucionales y formativos para las y los residentes, sino también que configura un modelo de mercado laboral flexibilizado y disponible para quien quiera pagar poco por sostener el negocio de la salud. Proviene de la elite dueña de instituciones privadas, que fueron pioneros en imponer la figura de beca, tal como la propuso por primera vez la Ley 22.127 firmada por el dictador Videla, aún vigente y a la cual se hace referencia en los primeros párrafos.
Estas instituciones han utilizado a las residencias como el marco “académico” para sostener trabajo indecente, es decir donde predomina la informalidad, la precarización y la falta de protección laboral. Entornos en los que se vulneran sistemáticamente los derechos laborales, se perpetúan desigualdades por género, edad o clase social, y se exponen a los trabajadores a condiciones inseguras e insalubres.
Fragmentación, descentralización y retroceso
En síntesis, creemos que las consecuencias directas son la institucionalización del trabajo sin beneficios o aportes sociales y apartar a los residentes de cualquier posibilidad de un Convenio Colectivo de Trabajo y organizar sus demandas.
Fragmenta el dispositivo de las residencias nacionales, al tener poblaciones con diferentes modos de contratación, obligando al residente a elegir condiciones precarias versus derechos adquiridos.
Descentraliza funciones sobre la planificación de fuerza de trabajo necesaria desde el Ministerio de Salud y el COFESA, hacia instituciones donde se cuenta con otros criterios para planificar (muchas veces guiados por las prioridades de urgencia).
Otro retroceso de la nueva resolución es la eliminación de la modalidad Básica Integrada, que buscaba trayectos formativos integrados con los últimos años de la carrera de grado con formato innovador.
Por otro lado (Artículo 6to) “se insta a asistir y permanecer en la institución y/o establecimiento en el cual se desarrolla la misma en los términos y condiciones encomendados por la institución”, dando lugar a castigos por ausencias “injustificadas”, por ejemplo, por reclamos.
Se vuelve a las guardias de 24 horas (Artículo 8vo.), en contra de la normativa anterior según la cual solo podían realizarse guardias de 12 horas. También en el artículo 9 se delinea la posibilidad de realizar mayor número de guardias “en aquellos casos que los objetivos de aprendizaje así lo requieran”.
Finalmente, la fragmentación normativa, la pérdida de estándares formativos y la negación de derechos previamente adquiridos configuran un escenario regresivo que afecta no solo la calidad del aprendizaje y la salud de quienes se forman, sino también la calidad de la atención que reciben las personas. Ante este panorama, creemos necesario que los actores comprometidos con la defensa y sostenibilidad de este dispositivo fundamental logren articular una respuesta colectiva frente a un retroceso que atenta contra el sistema de salud en su conjunto.
