En un llamativo cambio de roles, el Fondo Monetario Internacional pidió al gobierno de Javier Milei que sea cuidadoso en el ajuste fiscal que está implementando y le advirtió sobre los riesgos que corre en su implementación.

“Argentina está realizando progresos impresionantes en la recomposición de todas sus variables económicas, con superávit fiscal y financiero en los meses de enero y febrero, algo que no sucedía hace más de 10 años”, dijo Rodrigo Valdés, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.

A pesar de esos elogios, el funcionario dijo que resulta clave “apoyar a los segmentos más vulnerables de la población, para que el ajuste no recaiga en los trabajadores y los sectores productivos”. Además enfatizó en que es preciso “mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad”. Como para que no quedaran dudas de su advertencia, insistió en que “se requerirán políticas efectivas y de calidad que puedan sostenerse en el tiempo”.

No fueron palabras al azar. Desde su cargo en el organismo, Valdés es quien tiene a su cargo la supervisión del programa con Argentina. Además para formular esa advertencia espero a llegar a Buenos Aires, donde participó de un encuentro empresario organizado por el International Economic Forum of the Americas (IEFA), en el que también hubo empresarios de primer nivel y funcionarios de otros organismos bilaterales.

Las recomendaciones llegan en momentos en que los primeros efectos de la motosierra que encendió el presidente Javier Milei (combinado con buena dosis de licuadora que aporta el ministro de Economía, Luis Caputo) se están haciendo sentir. Este martes el Indec confirmó que la actividad económica cayó 4,3% en enero. La inflación fue de 71% en el trimestre. Estimaciones privadas hablan de una baja de 25% en las ventas minoristas mientras los salarios y jubilaciones, en términos reales, siguen dejando jirones mes a mes.

La posición del economista chileno ratificó la que hace un mes había esbozado la número 2 del FMI, Gita Gopinath, quien en febrero también viajó a la Argentina para entrevistarse con Caputo. En esa ocasión, la subdirectora gerente de la entidad mencionó la necesidad de que “la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras” y pidió “asegurar apoyo social y político” para garantizar la viabilidad de las reformas.

Lo que el Fondo teme, pero sólo dice a media lengua, es que Milei se esté pasando de rosca con los recortes y que eso provoque un descontento social que ponga freno al ajuste, como ya pasó en términos políticos con el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso y la judicialización del DNU de reformas económicas y laborales.

El gobierno sintió el impacto. El vocero presidencial Manuel Adorni salió a marcar la cancha. “Los sectores más cuidados y protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables”, dijo el portavoz. «En estos meses estuvimos hablando del ajuste en las AUH, el aumento en las ayudas escolares, en los propios comedores, más allá de toda la difamación que hubo sobre nuestro supuesto descuido, olvido o maltrato», señaló.

Encuentro reservado

Luego de su participación en el evento realizado en el hotel Four Seasons, Valdés se entrevistó con la plana mayor del gobierno en materia económica: Milei, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Desde la Casa Rosada no dieron mayores precisiones sobre la reunión.

Voceros del FMI la admitieron y dijeron que esos encuentros “son una continuación del compromiso en curso entre el personal del FMI y las autoridades argentinas en el contexto del programa con Argentina” que todavía está vigente.

La expectativa del gobierno es que además de los giros trimestrales que está enviando el organismo (que tienen como único destino repagar los vencimientos contraídos ante esa misma entidad), haya un dinero adicional.

El número ya está definido y el destino también: U$S 15.000 millones para derogar todas las restricciones cambiarias y levantar el cepo. A juzgar por lo que había dicho Gopinath y lo que ahora agregó Valdés, el Fondo quiere garantías de que una ayuda de ese tipo no se diluirá en medio del descontento social.