El mega DNU que impulsa el presidente, Javier Milei, ingresó este viernes cuatro de enero al Congreso de la Nación y fue girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene 10 días hábiles para estudiarlo, antes de habilitar el debate en ambas Cámaras del Parlamento.

La iniciativa había sido anunciada el 20 de diciembre por el mandatario en cadena nacional y publicada en la madrugada del día siguiente en el Boletín Oficial. Recién entró en vigencia el 29 del último mes del año pasado y esta tarde fue ingresado por el Senado.

De acuerdo con la Ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, reformada en 2006, los DNU revisten carácter de ley desde su entrada en vigencia, a menos que ambas Cámaras del Congreso los rechacen.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ya publicó el decreto parlamentario para la designación de los ocho senadores que conforman la Comisión: Juan Carlos Pagotto, de la Libertad Avanza, Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez, del PRO, el macrista Juan Carlos Romero, el peronista federal Carlos Espínola y de Unión por la Patria Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González.

En Diputados, en tanto, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, solicitó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la «urgente» conformación de los integrantes de la Comisión Bicameral «tal como establece la Constitución Nacional, la ley 26.122 y las resoluciones del cuerpo en la Sesión Preparatoria», dijo en su cuenta de la red social X. En Diputados no fueron oficializados los nombres de los ocho integrantes y existen divergencias entre UxP y la Libertad Avanza sobre el número que le corresponde a cada espacio.

La Bicameral puede emitir dictamen a favor o en contra del DNU durante los próximos diez días. Si eso no ocurriera, la legislación establece que el decreto está listo para ser debatido en ambas Cámaras que pueden tratarlo simultáneamente. De acuerdo con la ley, si el DNU no es rechazado por el Senado y por Diputados mantiene su vigencia.

Sin embargo, la iniciativa del presidente ya tuvo su primer traspié en tribunales esta semana. La justicia laboral dictó un amparo en el capítulo que reformaba varios puntos de las normativas que rigen las relaciones laborales.