El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por supuestas irregularidades financieras y fallas de infraestructura.
La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial.
Según la Agencia Noticias Argentinas, la medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.
El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.
Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.
La respuesta del gobernador
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó la decisión. “El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud», señaló Melella en su cuenta de X.
El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.
Indico que desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos «estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina».
Y agregó: «Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores».
Suspensión por un año
La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.__IP__
No obstante, la intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato.
Para la gestión de la intervención, la ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).