El gobierno nacional empieza a encaminarse a aprobar la Ley Bases y firmar el Pacto de Mayo. Con el envalentonamiento expuesto en la primera discusión a un lado, el oficialismo avanza con cautela en las negociaciones y se muestra dispuesto a acordar con los opositores dialoguistas. A cambio pide acompañamiento en las reformas estructurales que le permitan llevar adelante el achique del Estado que Javier Milei tiene en mente desde que se colgó la banda presidencial.
Para el oficialismo, el decálogo recitado por el presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa en marzo representa la adhesión de las provincias a un “nuevo orden económico”. Por eso, para los armadores políticos del libertario no es una opción modificar ninguno de estos puntos ni sumar otros relacionados a la educación, la salud o incluso cuestiones ambientales. De hacerlo, explican desde el círculo presidencial, el Pacto perdería su pureza.
“Nuestro objetivo no es liberar todo sin discreción, ese es el modelo de (José Alfredo) Martínez de Hoz que dejó en la calle a más de quinientos mil tipos. Nosotros vamos a hacer las modificaciones necesarias que permitan ir liberando el mercado de a poco y que todo se regule por su propio peso”, dijo a Tiempo un funcionario de primera línea.
Esta refundación, como gustan llamarla en los pasillos de Balcarce 50, se firmará en un gran escenario en Córdoba que una comitiva especialmente designada por Karina Milei se está encargando de seleccionar. Una de las opciones más cotizadas es el Centro de Convenciones “Juan Bautista Bustos”, inaugurado por el ex gobernador Juan Schiaretti durante su segunda gestión provincial.
Las invitaciones aún no tienen destinatario. Para el gobierno la condición sine qua non para participar de esta firma será el acompañamiento en el Congreso de la Ley Bases y en el mapa político que diagrama el oficialismo hay, al menos, cuatro gobernadores -todos ellos pertenecientes el peronismo- a los que dan por descartada su presencia. “Viene sólo el que aprueba”, confirman sin titubeos.
Sin más que un puñado de legisladores, el oficialismo comprendió -tras el fracaso que implicó la primera edición de la discusión de la ley ómnibus- que necesitará de acuerdos para sobrevivir en un Congreso opositor. Por eso, en esta nueva etapa el objetivo del gobierno es llegar al recinto sin fisuras y esquivar cualquier escenario de conflicto que pueda hacer caer el proyecto.
Entre los puntos más sensibles que la gestión libertaria está dispuesto a ceder está la continuidad del cobro de las cuotas solidarias de los sindicatos, que la Unión Cívica Radical busca eliminar en el borrador presentado la semana pasada en el Ministerio del Interior. “Nos vamos a sentar con la reforma en mano y vamos a preguntar punto por punto cuáles son las adhesiones. Si hay algo que no gusta, se elimina. Vamos a sacar todo lo que haga ruido y empioje la discusión”, se sinceró una fuente con acceso directo al despacho presidencial.
En este marco, el ministro de Interior, Guillermo Francos, se reunió este miércoles con los ocho representantes del bloque Innovación Federal, quienes llegaron con una lista de reclamos de sus mandatarios bajo el brazo. Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega, por Salta; Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, por Misiones; y Agustín Domingo, por Río Negro.
Durante el encuentro, que se retrasó una hora y media en comenzar por la comunicación telefónica que el ministro mantenía con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, el bloque expuso ante el ministro la necesidad de las provincias de reactivar las obras públicas, en particular las que se encuentran en un proceso avanzado de construcción. El gobierno, inamovible del mantra “no hay plata”, volvió a advertir que sólo volverán al ruedo todas aquellas que cuenten con financiamiento internacional y las que el mismo Ejecutivo considere “prioritarias” de la lista de obras que los gobernadores quedaron en confeccionar y enviar en los próximos días. Otra de las opciones que baraja el oficialismo es traspasar las obras nacionales a las provincias y que sean estas jurisdicciones las que las completen con financiamiento propio.
En particular, los salteños y misioneros subrayaron su demanda ante la posible eliminación de los impuestos internos a los cigarrillos. De concretarse esta quita, las tabacaleras ahorrarían sumas millonarias y las provincias pasarían a perder otro ítem que suma a la ya reducida coparticipación que reciben. En tanto, el Fondo Especial del Tabaco, que da sustento a los pequeños y medianos productores, también se vería desfinanciado con esta eliminación, un riesgo político que los gobernadores tabacaleros no están dispuestos a correr.
Para evitar cualquier desmadre que pueda perjudicar la aprobación de la ley, el gobierno propuso a la oposición dialoguista tratar el capítulo cigarrero en otro debate, pero los diputados se negaron. “No vamos a ceder con esto, los intereses de nuestras provincias son lo más importante de todo”, dijo ante este medio uno de los legisladores presentes en el encuentro. El oficialismo, en tanto, también mantuvo su postura. “Nos comprometimos a tratar la ley en otro debate y así va a hacer”, retrucó un alto funcionario de la gestión libertaria.
La misma suerte correría el tratamiento en particular de la Ley de Hidrocarburos, en la que el gobierno mantiene una fuerte puja con el santacruceños Claudio Vidal, quien visitó este martes a Francos y volvió a poner sobre la mesa la discusión por la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Para el gobierno, una opción posible es ejecutar una transferencia de la empresa a la provincia para que sea la gestión local la que esté a cargo del manejo o, incluso, pensar en un modelo mixto que incluya empresas privadas.
Con las piezas un poco más acomodadas, el gobierno ingresó esta tarde el nuevo proyecto de paquete fiscal que espera empezar a debatir en comisión en conjunto con la Ley Bases la próxima semana. Este jueves, en tanto, habrá una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto en la que expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y José Salim, director de Auditoría de la AFIP. La misma fue convocada para las 11 de la mañana.
A pesar de las diferencias que se plantearon en las últimas reuniones con diferentes mandatarios, el poroteo que confeccionan entre Balcarce 50 y el Congreso sería favorable para el oficialismo. Sin embargo, en Casa Rosada no quieren dar ningún paso en falso y no descartan que en los próximos días pueda haber más reuniones.
