La Cámara Federal de San Martín revocó una medida cautelar obtenida por las organizaciones sociales y piqueteras en abril. En agosto dejarán de percibir ese ingreso de apenas $78 mil. Habrá protestas y cortes de ruta.
Hasta ese momento los ingresos de los beneficiarios de los programas dependientes de la cartera de Desarrollo Social que el gobierno anterior derivó a Trabajo representaban el 50% del salario mínimo vital y móvil. A partir de una resolución oficial el ingreso quedó congelado en $78 mil y ya nunca más se actualizó. A la par, la justicia y el gobierno actuaron en tándem para criminalizar y perseguir a los dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras en general y en particular a los referentes del Polo Obrero que todavía transitan causas por extorsión y supuesta malversación de fondos.
En paralelo la cartera de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello discontinuó el envío de alimentos a los comedores populares y anunció el cese del pago del devaluado beneficio a partir del 1° de mayo de 2026.
El ingreso de apenas $78 mil, de no haber sufrido el desacople, debiera ser hoy de $186.200. La quita de ingresos implica una pérdida del 58% con relación a lo que indicaba la norma y del 76% con relación a la evolución del valor de la canasta básica alimentaria.
Sin embargo, por devaluado que se encuentra, el ingreso sigue siendo un aliciente para centenares de miles de familias que habían logrado preservarlo a partir de una medida cautelar concedida por un juzgado de Campana que el gobierno decidió acatar y, tal como lo anunció el 28 de abril, pagó en los meses de mayo, junio y julio.
Ahora, sin embargo, un nuevo fallo de la Cámara Federal de San Martín decidió revocar esa cautelar y discontinuar el pago porque, según informó la UTEP, sostenerla “implicaría adelantar el resultado final del juicio”. De esa forma casi un millón de beneficiarios se verán privados de un ingreso básico de carácter alimentario.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló a Tiempo que “el gobierno de Milei reafirma el desprecio que siente por los trabajadores sociales de los comedores populares. Son asistentes sociales que cobran el programa Volver al Trabajo y que, mediante una apelación judicial, el gobierno vuelve a reafirmar que le quita los 78.000 pesos que tienen de ingreso esos trabajadores”.
El dirigente confirmó que son “casi 1 millón de personas se quedan sin ingreso” y adelantó que “vamos a salir a responder con los métodos históricos del movimiento piquetero: asambleas y cortes de ruta”.
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