En su afán por copiar la peor faceta del régimen que gobierna Estados Unidos, el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal (PFA) en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) detectaron al menos a 16 ciudadanos extranjeros que residían en el país de manera irregular y detuvieron a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusadas de administrar comercios que operaban dentro de una feria clandestina.
La intervención se llevó a cabo en un pase de compras en la localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza, en el marco de un control poblacional realizado por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal, a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que en el lugar se detectó que se infringía la Ley de Marcas y se comercializaban celulares robados.
El operativo tiene similitudes a los que realiza en los Estados Unidos el Immigration and Customs Enforcement (ICE) –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas– a pedido del presidente Donald Trump.
Más allá del parecido, a diferencia de lo que ocurre en el país del norte, “en la Argentina no se habló de expulsarlos como resultado del procedimiento, sino de intimarlos a regularizar su situación”.
Los efectivos inspeccionaron diversas galerías, puestos emplazados sobre la vía pública y locales comerciales, procediendo a la identificación de un total de 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera.
Para tal fin, los servidores públicos emplearon el sistema Morpho RAPID ID (dispositivo biométrico portátil para la identificación rápida de personas) y consultaron las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la DNM y del sistema SASI de consulta y cruce de datos biométricos y alfanuméricos.
Como resultado de dichas verificaciones, se constató que 16 ciudadanos extranjeros residían en forma irregular en la República Argentina.
En consecuencia, se labraron las correspondientes actas de Declaración Migratoria, además de tres actas circunstanciadas a los responsables de locales comerciales que tenían empleados a personas en situación migratoria irregular.
