Hernán Lacunza, quien fuera ministro de Economía en la etapa final del gobierno de Mauricio Macri y recordado por el “reperfilamiento” de la deuda en pesos, aseguró que, si se hacen bien las cuentas, el superávit financiero de 2025 no sería y trastocaría en un déficit del 4%.

La semana pasada, el Ministerio de Economía informó que a lo largo del año pasado las cuentas públicas arrojaron doble superávit: un resultado primario (ingresos versus gastos corrientes) de $11,76 billones (aproximadamente 1,4% del PIB) y un resultado financiero de $1,45 billones (aproximadamente 0,2% del PIB).

Pero según el ex funcionario que defaulteó la deuda local en 2019, “Computando los intereses devengados y no pagados durante la vida del bono (capitalizables, ajuste por CER) trocaría en déficit de 4% del PBI”, escribió en cuenta de la red social X. Agregó que “Limpiando el efecto de inflación (intereses reales), el déficit bajaría a 1,2% del PBI”.

Tras puntualizar que el criterio que emplea el Palacio de Hacienda para hacer las cuentas nacionales, llamado “base caja” (es decir, lo realmente recibido y pagado) es correcto, observó que como los bonos capitalizan los intereses (es decir, pagan renta y capital todo junto al vencimiento del título) no ingresan en la contabilidad “base caja”. Y ese es el truco principal de la contabilidad creativa de la que ha hecho gala el ministro Luis Caputo.

Con la mirada puesta en este año, Lacunza señaló otro tema: los intereses de la deuda externa o en moneda extranjera son en la actualidad bajos, pero el “roleo” (nueva deuda en reemplazo de la anterior) implicará intereses más elevados como lo demostró la emisión de deuda en moneda extranjera para el mercado local de principios de diciembre: Economía debió aceptar una tasa del 9,26% anual por U$S 910 millones a un plazo que no llega ni a los cuatro años. Los intereses que pagaba la deuda que venció no llegaban al 1%.

La conclusión de Lacunza es que en este año el gobierno tendrá una “situación fiscal sin holguras” para cumplir con promesas como la reducción de impuestos a las empresas o los más ricos y “con mayores exigencias de ahorro” por la mayor carga de intereses que sucederá “una vez que termine el proceso de normalización financiera”, es decir, se acceda a los mercados voluntarios de deuda y se levante el cepo a las empresas.

El peso de la deuda pública se ha vuelto el factor clave en la estabilidad financiera del gobierno. Los temores de enero con el vencimiento de U$S 4200 millones pusieron de relieve la desconfianza que subsiste en los mercados con la gestión del presidente Milei y su ministro Caputo.